Este mes de octubre se celebró en La Haya un juicio simbólico contra el gigante de la industria agroquímica Monsanto por los daños causados a la tierra y a la salud pública.
El acusador es la sociedad civil, los activistas, quienes denuncian los impactos medioambientales, sanitarios y económicos de los productos comercializados por esta empresa desde hace décadas.
La gente no conoce la magnitud de los daños causados por Monsanto. Las víctimas de los químicos no pueden denunciar a una empresa global y gigante, y si se llega a denunciar, se percibe la impunidad de los dirigentes y la nula repercusión que genera el impacto de su actividad.
Por su parte, Monsanto y su equipo jurídico no tienen ningún problema en asegurar que todo es una campaña llevada a cabo para confundir a los ciudadanos. Según la empresa, grupos como asociaciones ecologistas, utilizan el miedo en su estrategia alarmista para frenar la innovación científica, imprescindible para avanzar hacia una agricultura sostenible.
Pero el Tribunal que juzgará a Monsanto será dirigido por jueces especialistas en derecho internacional que mantienen que las empresas deben respetar el conjunto de los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y a un medio ambiente sano.
El objetivo de este proceso es llamar la atención de la opinión pública sobre el impacto real de la industria agroquímica tanto para el medio ambiente como para la salud pública.
A este juicio asistirán testigos de todo el mundo, quienes mostrarán la magnitud de la responsabilidad de Monsanto en la degradación del medio ambiente.
Por otro lado, los activistas quieren proveer de herramientas jurídicas a las comunidades que quieran denunciar a Monsanto en juicios reales y verdaderos.
El juicio a Monsanto es una movilización internacional de la sociedad civil para juzgar las violaciones de los derechos humanos, los crímenes contra la humanidad y el ecocicio.
El término ecocidio, crimen contra la naturaleza, debe ser introducido en el derecho internacional. Se trata de reconocer y castigar los daños irreversibles a los ecosistenmas de los que dependen comunidades humanas.
Monsanto es una gran compañía, un gigante del "agrobusiness" que lleva décadas provocando desastres medioambientales y arruinando tierras fértiles por todo el mundo. Monsanto no es sólo Roundup y los OGM. Hay una larga lista de productos cuyos desgastes aún estamos sufriendo:
- PCB (contaminantes persistentes en los ecosistemas, son bio acumulables).
- El herbicida Lasso (un producto de Monsanto basado en alacloro, un herbicida agrario comercializado desde 1960 para controlar las malas hierbas en cultivos de maíz, soja y granos). Actualmente este herbicida ha sido prohibido en Europa.
- Los herbicidas 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) y 2,4,5-T (ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético), componente del "agente naranja" utilizado en la guerra del Vietnam.
- El RoundUp, es hoy en día el herbicida más utilizado en todo el mundo.
El Tribunal popular dará voz a las víctimas de la actividad de Monsanto en el plano sanitario, económico y medioambietal. Se persigue humanizar todo lo que ocurre detrás de las cifras de negocios de esta compañía.
Más allá de Monsanto, lo que se juzga y denuncia es un modelo agrícola basado en la química que, a pesar de los numerosos escándalos sanitarios y medioambientales, sigue dominando el sector.
Se espera que el Tribunal ayude a desentrañar la influencia de las multinacionales sobre las leyes y normas y sobre las redes de científicos y la importancia de la presión sobre los responsables políticos, quienes le conceden una total impunidad.
La fusión entre Monsanto y Bayer no cambiará nada y nos adentrará aún más en el sistema de oligopolio que limita la capacidad de elegir a los agricultores y los consumidores mientras el poder de las autoridades disminuye.
El resultado de este Tribunal simbólico se dará a conocer el 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos.
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