Puesto porJCP on Jun 7, 2013 in Crítica
A finales de la década de los años 90 el abogado Don Barrett consiguió una victoria judicial contra las compañías tabaqueras. Su campaña contra el tabaquismo se saldó con una indemnización de 240.000 millones de dólares, repartida entre los cuatro principales fabricantes de tabaco, por daños y perjuicios a los fumadores enfermos de cáncer.
El equipo de abogados coordinado por Barrett ahora ha demandado a una treintena de multinacionales que, en conjunto, controlan casi la totalidad del mercado alimentario. Entre ellas se encuentran Nestlé, Unilever, Procter & Gamble, Kraft, Coca-Cola o PepsiCo.
La principal estrategia jurídica del bufete, especializado en grandes pleitos colectivos, no consiste en demostrar que ciertos alimentos son perjudiciales para la salud o que su publicidad es engañosa, sino que su etiquetaje es falso o ilegal.
Mientras, aquí in Spain, el Gobierno quiere que no tengamos información independiente sobre los alimentos. Así lo afirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El Ministerio de Agricultura prepara el denominado Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La OCO lo explica así:
-El Gobierno pretende que no se publique información sin que el fabricante o distribuidor del producto bendiga lo que se dice de él. Esto es tan ridículo como si se obligara a un periodista a que, antes de opinar sobre alguien, sometiese su texto a la persona en cuestión, otorgándole así derecho de veto. Esto se llama censura.
-La nueva norma pretende dotar de muchos más privilegios a la industria alimentaria.
-Esta maniobra ha sido promovida por la industria alimentaria.
-Este tipo de regulaciones no existen en ningún país europeo. En ellos sí que se respeta a los consumidores.
-Es cierto que OCU se reunió con el Ministerio, pero es falso que pidiera una regulación en estos términos.
-El Gobierno ataca de pleno uno de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución: la libertad de expresión.
-Se está menoscabando el derecho a la información de los consumidores.
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