Notas federales

El Título VIII de la Constitución que habla de la organización territorial del Estado (en puridad sería de la organización política del Estado, pues la organización territorial dependería Fomento y del Instituto Geográfico Nacional) es la piedra clave de uno de los problemas básicos de la política española tras las transferencias competenciales de la primera legislatura de Aznar (Pacto del Majestic, etc).

Mira, las dos Españas.

Sorprende que contra el hecho demostrado de que al PSOE le resulta más fácil pactar con grupos separatistas, fue el PP de Aznar el que propició que estos grupúsculos le sacaran todo el partido posible a los artículos 149.3 y 150, artículos que vienen a decir que el Estado puede transferir a una Comunidad Autónoma lo que sea.
Si a esta transferencia infinita le añadimos la presencia de grupos separatistas en el Congreso, que no pocas veces son necesarios para la formación de gobiernos o para la aprobación de presupuestos —y recordemos que aquí mama igual el PP que el PSOE—, el número de consecuencias imprevistas y su gravedad se hacen evidentes para todos.
Una vez identificados los dos factores que mediante la costumbre política entran en conflicto con los artículos 138 y 139 (referidos a igualdad y contra los privilegios), lo más inmediato es impedir la existencia de al menos uno de los dos. O de los dos.
Por una parte está la limitación de las transferencias. El modo más directo es mediante la supresión o modificación de los artículos 149.3 («Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas...») y 150 («El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación»).
Por otra parte está el impedir que partidos separatistas se presenten a elecciones a Cortes Generales. Esto último es más dificil que una reforma constitucional, pues hecha la ley hecha la trampa: si por ejemplo una hipotética nueva ley de partidos exige que a las elecciones sólo se pueden presentar candidaturas con listas en un mínimo de 40 provincias, nada impediría a los separatistas formar coaliciones amplias con vecinos de Teruel y Albacete. Los suicidas abundan y la necesidad ayuda. Supongo que expertos en sistemas electorales y en Derecho Constitucional podrían pulir una ley de partidos funcional que impidiera la presencia de grupos que abogan por la desaparición de la Constitución y del Estado, pero la prudencia nos avisa de que el número de imprevistos y externalidades negativas puede superar al de beneficios. Y también está el otro problema: puede que exista algún grupo regionalista o de ámbito regional que no tiene por qué pagar los pecados del padre. Complicado.

Otras dos Españas.

Por estas razones yo me centraría en principio por una lista cerrada de competencias susceptibles de ser transferidas. Esto le quitaría flexibilidad a la Constitución y a la política futura, pero que del futuro se encarguen otros.
Naturalmente la consagración de la igualdad entre todos los ciudadanos (uno de los preciosos regalos que el liberalismo le hizo a la humanidad) exige que la calidad de las competencias transferibles sea la misma en todos los territorios autónomos (con las limitaciones consabidas de por ejemplo tener salvamento marítimo en Extremadura). Esta igualdad de competencias puede recibir el nombre de Carmelita o de Principio Federal. Elegid el que más os guste.
Un primer rechazo argumentado al Principio Federal se nos aparece por la definición aceptada de federalismo. En efecto, como dicen sus detractores, el federalismo es una forma de organización política que apunta a la unión de lo que previamente está desunido. En España no existen partes desunidas que se puedan unir (salvo quizás Gibraltar). La nación política de la que hablamos está ya existiendo y está ya unida por lo que para adquirir la forma federativa habría que fragmentarla. Como es estúpido romper un jarrón para pegarlo (estúpido pero entretenido, ojo), en puridad el federalismo es imposible para España. Otro tema es ir más allá y hablar de la federación con otra nación política como puede ser Portugal o Malasia.

¿Qué es federalismo?, dices mientras clavas en mi pupila tu cruz de hierro.

De todo esto resulta que el federalismo es imposible en España. Pero no así el Principio Federal, es decir, el principio que garantiza la igualdad y el fin de los privilegios (llamados "derechos históricos" en algunas partes). Un Estado de las Autonomías con iguales competencias para todas e igual sistema de financiación sería esencialmente un sistema federal aunque su origen no sería federativo. Dándole una patada al diccionario podríamos llamar a esta cosa Estado Federal. Cosas peores se han visto, como llamar intelectual a Juan Manuel de Prada, periódico a El País, democracia a Venezuela o liberal al PP.
Hasta aquí tan solo van los cimientos y la estética de trazo grueso. Lo más básico es asegurar la igualdad entre todos: que un señor de murcia pueda ejercer la coyunda en cualquier parte del país con una señorita francesa igual que si estuviera en pleno centro de Alcantarilla. Que en todas partes se sienta como en casa y que sea tratado tan bien o tan mal como entre los vecinos de los que huye con su amante.
La chicha de este tema no es cómo llamarle al sistema sino cómo pagar pensiones, libros de texto, sillas de ruedas y residencias de ancianos (pongo ejemplos gráficos en aras de explicarme, no voy a entrar en posicionarme sobre cómo pagar estas cosas). Como en toda zona económica compartida, dentro de España existen notables diferencias de rentas, precios y nivel de vida. El Principio Federal no puede marcarse como objetivo una igualación de estos medidores (eso sería cosa de la izquierda el día que deje de hablar de osos polares y de homeopatía), sino tan solo garantizar la misma asistencia por parte de la administración. El ejemplo básico es la tarjeta sanitaria, pero también cursos de adaptación al idioma local en caso de haber varios idiomas en un sitio (por ejemplo, el alemán en Mallorca). Los territorios deberían contar con los recursos para garantizar la igualdad de trato de la que hablamos.

Cambiar de perspectiva aporta otro punto de vista al problema (en la imagen, los idiomas más hablados de China).

¿Y cómo poder costear estos servicios que difieren de un sitio a otro? Lo más inmediato que se me ocurre es que haya un conjunto mínimo de servicios garantizados por el estado central. Por lo tanto inmediatamente tenemos la necesidad de que haya tasas o impuestos que recaude el estado central. A partir de ahí, y sin desbordar el marco competencial, tus vicios te los pagas tú... ay mamita, en el momento en que el lendacari gallego tenga que elegir entre pagar unos nuevos herderianos Premios Castelao o subvencionar el alquiler de sillas de ruedas, dejaremos de aguantar lagrimones y hablaremos de política. Porque la política, el debate político, amigos, es inexistente en los actuales parlamentos autonómicos. Las actuales autonomías son como jugar al Sim City con el truco del dinero infinito (con la horrible salvedad de que existen consecuencias: les estamos pidiendo dinero prestado a nuestros nietos, lo que en cualquier hogar que se digne de cristiano es una absoluta y total guarrada).
A su vez, que una autonomía tenga que pagarse sus vicios y por tanto tenga mayor libertad en establecer una política fiscal lleva aparejada otra cosa que a no pocos liberales nos gusta que es la competencia fiscal. Si en un sitio pago más impuestos que en otro, pero es donde están enterrados mis antepasados, no me moveré, pero otras personas puede que valoren el trasladarse. Libertad.
Evidentemente para que la competencia fiscal funcione (y que la gente vote con los pies), no puede haber ningún tipo de freno ni cortapisa al traslado. Fronteras abiertas, unidad de mercado (hum, esto mola, nuevamente huele a libertad). Esto es parte de lo que ahora hace la Unión Europea y que no tenemos garantizado dentro de España. No es de recibo que nos sea más fácil establecernos en Roma que en Bilbao. Hay un problema ahí que con este Principio Federal pretendo cuestionar.

¿Derechos histyóricos, anyone?

Resistencias al cambio
Hay dos posiciones políticas que ofrecen resistencias a este cambio federalista. Una es la que tiene que ver con las ansias centralistas (sigue pareciéndome curioso que más gente quiera acabar con las autonomías que con los ayuntamientos) y otra es la que tiene que ver con las reinas del baile.
Tengo una buena noticia para los centralistas: el federalismo, tal como lo expongo, no choca contra su interés principal de mantener unido al país y además resuelve una de sus preocupaciones clave: la igualdad ante la ley (ejemplo: trasladas tu fábrica de chorizos de Cataluña a Andalucía y en 5 minutos debes estar ya produciendo: los permisos aprobados en una autonomía tienen efecto inmediato en otra). Otra de sus preocupaciones tiene que ver con el "gasto suntuario": banderas y parlamentos. Ese gasto es inevitable pero limitable: cada uno se lo paga de su bolsillo. Si hay una autonomía que gasta en eso cinco euros y su gobierno se reúne en un garaje, bienvenido sea.
Lo de las reinas del baile es más complicado. Hay gente que sufre mucho si pasan dos minutos sin que se hable de ellos. Los monotemáticos pesados que están todo el día con la bandera, la boina, la historia inventada, la raza, la identidad, la lengua, la Kultur y que acentúan en todo momento y lugar la diferencia de las pequeñas cosas.
—Es que en mi pueblo sacamos la procesión el Jueves Santo y en el de al lado el Viernes Santo y eso es IM-POR-TAN-TÍ-SI-MO.
—Mira que eres pesado.
Creo que estas reinonas, cuyas aspiraciones estarían colmadas por un pase en los carnavales de Las Palmas, son a quienes más les perjudicaría una reforma de carácter federalista en los términos aquí presentados. Si vienen de un lugar "rico", una mayor autonomía fiscal les quitaría argumentos para decir que gnomos malvados de la calle Alcalá les roban (?). Si vienen de un lugar "pobre", la autonomía fiscal les quitaría el argumento de que viven en una colonia (?). Si vienen de Castilla y León, que se lo hagan mirar.

Nacionalismo en plena acción: «miradme, miradme, miradmeee».

Sí, ya sé. Non me lo digáis. Sé que son impenetrables a cualquier argumento razonable. Pero al menos la gente podría observar por qué en un lugar se tarda veinte años en hacer un metro y en otro cuatro: o sillas de ruedas o festivales herderianos, o bajadas de impuestos o tricentenari. Y tienes que elegir porque las transferencias del estado central se limitarían a poco más que lograr que los ancianos no mueran de frío en su casas y a pagar los sueldos de la Guardia Civil. Ya sabéis, Estado Mínimo: impedir que la gente muera en la calle y tener bonitos cazas de combate.
Otra resistencia que no tengo bien identificada podría venir del propio Estado central. El Estado central es hoy una cosa que está funcionando y que se mueve en un medioambiente de decisiones políticas. ¿Cómo lograr que un gobierno central decida deshacerse de competencias o asumir nuevas competencias? También ahí se formaría toda una nueva serie de resistencias. Por sí mismo el Principio Federal no dice a qué se debe de dedicar el Estado. Yo en mi ejemplo lo trato como un Estado Mínimo (teniendo en cuenta que estamos donde estamos y no en Singapur), pero el tiro me podría salir por la culata. Es lo que tiene pensar como republicano y aceptar decisiones con las que no estoy de acuerdo (y al mismo tiempo que otros acepten decisiones con las que sí estoy de acuerdo, cosa que mola. Ganar mola).
En fin, esto es parte de un debate más largo. Un debate transversal que seguirá en la política española durante al menos esta generación. Pero un debate que creo que puede terminarse. Si queremos que termine, claro, porque no hay cosa que más guste al demonio que entretener, repetir y vuelta a empezar.
«Aquí a nuestro alcance están los siglos dorados de la paz»: