Congresistas de la bancada fujimorista, acompañados por congresistas apristas y también de Alianza por el Gran Cambio están interfiriendo en el proceso "Esterilizaciones forzadas", reabierto por decisión del Ministerio Público el pasado 21 de octubre, denunciaron hoy representantes de organizaciones feministas.
Jeannette Llaja, directora de DEMUS, informó que en noviembre pasado los congresistas Alejandro Aguinaga (ex ministro de Salud fujimorista, acusado en el proceso de Esterilizaciones Forzadas) Luisa María Cuculiza, Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén, Luciana León, Luis Iberico y Luis Galarreta enviaron una carta al Procurador Supranacional del Ministerio de Justicia, Luis Alberto Salgado, mencionando "antecedentes a ser tomados en cuenta como parte de la defensa en el proceso ante la CIDH".
En el Ministerio Público se encargó el caso a la fiscal Edith Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima. Las presiones, sin embargo, han continuado, pues se sabe que este año hubo una nueva comunicación del congresista Alejandro Aguinaga al Ministerio Público, cuestionando la reapertura del caso.
Esta alerta fue lanzada durante la mesa redonda "Justicia y reparación para las víctimas de Esterilización Forzada", que realizaron hoy en la Casona de San Marcos las organizaciones feministas Manuela Ramos, Demus, Promsex, Católicas por el Derecho a Decidir y CLADEM. En el evento se presentó el video "Justicia pendiente", que recoge testimonios sobre el tema.
El caso fue tema del debate electoral presidencial. El entonces candidato Ollanta Humala dijo que "(las esterilizaciones) han hecho un daño irreparable".
Falta de apoyo
Otro problema que enfrenta la investigación de la fiscal Chamorro son las limitaciones para su trabajo. Su equipo no ha sido reforzado, sigue trabajando únicamente con cuatro personas y aún no termina de revisar los 62 tomos del expediente que contienen los hechos que afectaron a 2,074 mujeres, 18 de las cuales fallecieron como consecuencia de la práctica de esterilizaciones forzadas. No se han dispuesto recursos económicos, humanos ni técnicos para que la investigación fiscal se realice en forma efectiva.
En estas condiciones el caso que vulneró los derechos humanos de miles de mujeres durante el régimen de Alberto Fujimori, al esterilizarlas contra su voluntad, cumplirá 16 años en la impunidad
Participaron en la Mesa Redonda Josefa Ramírez Peña, activista por el derecho a justicia y reparación de las mujeres víctimas de esterilización forzada de Huancabamba (Piura); Victoria Vigo, víctima de esterilización forzada; Víctor Arce, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos y Jeannette Llaja, directora de DEMUS y vocera de organizaciones feministas.
Lima, 29 de marzo 2012
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