Revista Jurídico

¿Otra cesión de Zapatero que debilita al Gobierno?

Por Barrinto
(Columna publicada en El Economista el 4-1-10)
No está lejos el día, al paso que vamos, en que el Gobierno ceda las competencias sobre costas a una comunidad autónoma y ésta decida explotar playas de lujo en régimen de concesión a 30 euros la entrada, acotar espacios para residentes o alquilar espacios de pesca.
Parece una locura, pero quién nos iba a decir hace sólo cinco años que recién estrenado 2010 íbamos a estar discutiendo sobre la posibilidad de otorgar a una comunidad el derecho perpetuo a disponer de 6.000 hectómetros cúbicos anuales de agua. Ya se le dio a Aragón, pero como en el Ebro hay agua de sobra, sólo La Rioja planteó la inconstitucionalidad evidente de tal medida. Ahora es Castilla-La Mancha la que, vía reforma del Estatuto, amenaza con dejar secas a sus comunidades vecinas en una zona donde, por desgracia, no hay agua suficiente.
Como se sabe, o debería saberse, el agua en España es un recurso unitario subordinado al interés general cuya planificación corresponde al Estado. Es de todos los españoles, como las playas y los mares que las bañan. El Estado tiene unas confederaciones hidrográficas –Castilla-La Mancha pertenece a siete– donde cada año, en función del agua disponible y de las demandas, incluidas las necesidades ecológicas, se decide el reparto. Y los trasvases. Allí se sientan los usuarios y los gobiernos autonómicos, y allí sí que existen reservas para necesidades específicas. La ciudad de Albacete, por ejemplo, tiene concedido un metro cúbico por segundo del Júcar para abastecimiento urbano.
El Gobierno es muy libre de dar 6.000 hectómetros cúbicos a una región este año, el que viene y el otro, si los hay, pero blindar una cantidad de agua es tan absurdo como blindar las transferencias que recibirá una comunidad de los Presupuestos –¿les suena?– sin saber cuánto se recaudará. Quizás Zapatero piense que con blindajes económicos o hídricos se quita el problema de negociar cada año, pero lo que hace es restar poder al Gobierno. En Valencia ya hay voces que piden las competencias sobre playas porque el Estado limita los chiringuitos. Todo se andará.

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