Paraíso de unos, infierno de otros

Paraíso de unos, infierno de otros

  10/09/2014   Fabián Scabuzzo

En Zambia casi el 86% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, y la esperanza de vida de sus habitantes es de 56 años. Sin embargo, no es un país pobre. En la última década varias corporaciones han extraído cobre de sus minas por valor de miles de millones de dólares. ¿Por qué los zambianos, que pertenecen a una región rica en recursos naturales, no se han beneficiado de ello? Una de las respuestas se identifica con lo que para el investigador norteamericano Raymond Baker es “el capítulo más desagradable del comercio internacional desde la época de la esclavitud”: la evasión fiscal. 

En 2008 el Gobierno de Zambia encargó a una auditora la investigación de varias empresas mineras. La filtración del informe desveló que la compañía Mopani Copper Mines dejó de pagar 174 millones de dólares en impuestos al Estado mediante prácticas al borde de la legalidad. Mopani vendía el cobre extraído a un precio muy inferior al de mercado a una empresa del mismo grupo situada en Suiza. De esta forma pagaba menos impuestos de los que le correspondían: en Suiza gracias a sus ventajosas condiciones fiscales, en Zambia porque declaraba menos beneficios de los que tenía.

Los sistemas fiscales de todo el mundo permiten a poderosas compañías sortear sus responsabilidades en los lugares donde operan, condenando a millones de seres humanos a la miseria. El director nacional de Ayuda en Acción de Mozambique se refería a la evasión fiscal así: “Cuando las grandes empresas evaden impuestos en Mozambique, están quitando el dinero de las manos a los pobres”. Y es que el vínculo entre este tipo de fraude y el problema del hambre y la desigualdad es muy estrecho.

Mientras 842 millones de personas en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), no tienen alimentos que llevarse a la boca, cerca de 21 billones de dólares están escondidos en paraísos fiscales. Así lo asegura un estudio del grupo Tax Justice Network (Red de Justicia Fiscal), aunque no es fácil calcular la cantidad de dinero oculto. No es de extrañar que allí donde las grandes empresas pagan menos impuestos de lo que les corresponde haya millones de personas sin acceso a servicios básicos como sanidad, educación o agua potable.

Es cierto que estas prácticas fiscales poco escrupulosas tienen consecuencias en todo el mundo, pero es innegable que su impacto se deja sentir con mayor violencia en los países empobrecidos, que carecen de estructuras sólidas de control y que son mucho más vulnerables a la imposición de condiciones injustas por parte de inversionistas extranjeros. Según cálculos de la ONGD InspirAction,los países en desarrollo pierden unos 160.000 millones de dólares por este motivo. Y es una cifra conservadora, ya que solo tiene en cuenta el comercio de productos, no el de servicios. Esta cantidad es cuatro veces lo que se habría necesitado, según el Banco Mundial, para cumplir el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir la pobreza a la mitad en 2015.

¿Qué es la evasión fiscal?

La evasión de impuestos en sentido estricto es una actividad ilegal, que se comete al evitar pagar los impuestos correspondientes por un determinado capital obtenido. Sin embargo, muchas empresas aprovechan lagunas y contradicciones legales para llevar a cabo lo que se llama elusión o “evasión legal de impuestos”, prácticas que se enmarcan dentro de los límites de la ley, pero que muestran una dudosa moralidad.

Los sistemas fiscales de todo el mundo permiten a poderosas compañías sortear sus responsabilidades en los lugares donde operan, condenando a millones de seres humanos a la miseria

Las empresas españolas no son ajenas a este tipo de prácticas. Según aseguraba hace unas semanas la agencia estadounidense Bloomberg, Inditex, el imperio de Amancio Ortega, habría dejado de pagar 325 millones de euros desde el año 2009 en concepto de impuestos. Para ello habría desarrollado un esquema empresarial con el objetivo de desviar parte de sus beneficios a países como Suiza u Holanda, donde la presión fiscal es inferior a otros territorios europeos.

Otras muchas compañías se han enfrentado a escándalos de este tipo. El gigante tecnológico Apple fue acusado de facturar en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es del 12%, la mayoría de sus ventas españolas, de forma que la declaración de impuestos en España, donde debería haber pagado un 35% de tasas por sus beneficios, le salía a devolver.

Google también se ha beneficiado de esta “planificación fiscal agresiva”, ya que a pesar de los miles de millones de euros embolsados por la compañía, declaraba pérdidas en España. La cadena de cafés Starbucks tuvo que comparecer en el Parlamento a finales de 2012 por no haber pagado impuestos en los tres ejercicios anteriores, ya que al parecer no había obtenido ningún beneficio.

Esta elusión fiscal es impensable sin la construcción de los complejos entramados de la llamada “ingeniería fiscal”. Las multinacionales emplean enormes cantidades de dinero en contratar asesores y abogados que les aconsejen sobre cómo rentabilizar al máximo sus inversiones pagando cada vez menos impuestos. Incluso, las más destacadas auditoras del mundo les ayudan a conseguirlo, diseñando nuevos productos para sortear las limitaciones y controles fiscales.

La multinacional KPMG, una de las “Big Four” (las cuatro auditoras más grandes del planeta), fue sancionada por haber facilitado a sus clientes, entre 1992 y 2002, instrumentos para la evasión de impuestos. Así, una reciente investigación de la ONGD ActionAid revelaba cómo Deloitte, otra de las “Big Four”, asesora a sus clientes sobre la mejor forma de evadir impuestos en África mediante “la estructuración de negocios”.

Pero, ¿cómo evaden impuestos las empresas? De acuerdo con Global Financial Integrity, organización que lucha por la justicia fiscal, la manipulación de precios es la práctica más común y su objetivo es el traspaso de capital. Se refiere a dos tipos de maniobras ilegales: la falsificación de facturas y la alteración de precios de transferencia.

La primera, que se estima que se produce en más del 50% de las transacciones comerciales de Latinoamérica y África, se lleva a cabo entre empresas independientes y consiste en inventar facturas por compras inexistentes o de cuantía muy inferior. La manipulación de precios de transferencia se realiza en el seno de una misma compañía: filiales de la misma empresa intercambian productos o servicios a un precio diferente al de mercado. Una práctica muy generalizada: la OCDE avisa de que alrededor del 60% del comercio mundial se produce entre empresas del mismo grupo. En ambos casos se consigue declarar menos beneficios de los reales y, por tanto, se pagan menos impuestos.

Laberinto de riqueza

Para efectuar estas operaciones, las grandes empresas crean todo un entramado de subsidiarias en los países en los que operan, lo que dificulta que se pueda seguir la pista al dinero. Con el objetivo de ocultar la identidad del beneficiario y las ganancias reales de la empresa se sirven, con frecuencia, de las llamadas “empresas fantasma”, estructuras creadas al servicio de la evasión fiscal, que suelen carecer de activos y empleados. Son el recurso perfecto para ocultar el dinero procedente de actividades delictivas como el narcotráfico o la corrupción.

Recientemente, la Unión Europea, gracias a las reivindicaciones de varias organizaciones civiles, ha dado un paso importante al votar, en el marco de la Directiva contra el Blanqueo de Capitales, la creación de un registro público de beneficiarios últimos de las empresas, que contribuirá a detectar a estas “empresas fantasma”, permitiendo descubrir quién se enriquece con ellas.

Detrás de los tecnicismos que facilitan la evasión y la elusión fiscal se encuentra el culto al principio de libertad de capitales, que se erige como derecho supremo por encima de la dignidad de los seres humanos. Vivimos, pues, una época de esclavitud económica, en la que los más pobres ven cómo muchas empresas se aprovechan de los recursos públicos en su propio beneficio y sin contribuir al desarrollo de las sociedades en las que operan. Para permitir este expolio es fundamental poder esconder los beneficios de estas operaciones en un lugar que no levante muchas sospechas: un paraíso fiscal.

El refugio del dinero

Es frecuente escuchar que las jurisdicciones opacas, conocidas como paraísos fiscales, cobijan el dinero procedente de actividades como el tráfico de armas o de drogas, pero se habla poco del papel que tienen en un sistema de comercio que empobrece a los países en desarrollo y a las personas más vulnerables. La mayor parte del dinero que evaden las compañías, tanto en los países empobrecidos como enriquecidos, acaba en cuentas bancarias de paraísos fiscales. Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el 94% de las empresas del Ibex35 tiene presencia en estos territorios.

La mayor parte del dinero que evaden las compañías, tanto en los países empobrecidos como enriquecidos, acaba en cuentas bancarias de paraísos fiscales.

En ellos, empresarios, grandes fortunas y delincuentes encuentran condiciones muy favorables: impuestos bajos o inexistentes y secreto bancario, que permite a las entidades financieras no revelar la información sobre sus clientes, incluso ante autoridades públicas y tributarias. La Hacienda Pública Española los define como “territorios de baja o nula tributación que, mediante normas específicas internas, garantizan la opacidad de las transacciones, con la ausencia absoluta de registros, formalidades y controles”.

Además de ser los refugios del dinero inmoral que circula por el mundo, los paraísos fiscales juegan un papel importante en el ámbito de la competencia, ya que incentivan a los países pobres a ofrecer ventajas fiscales para atraer inversiones extranjeras, lo que utilizan como estrategia de desarrollo. Esto a largo plazo perjudica profundamente a los lugares receptores de la inversión, pues un país de baja fiscalidad sirve para engrosar las cuentas de beneficios de las empresas que allí operan, pero como el Estado no recauda lo suficiente, la población tiene cada vez menos acceso a servicios públicos.

La Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad) describe a los paraísos fiscales como “centros virtuales, ya que la mayoría de compañías allí afincadas apenas desarrollan actividad real”. El edificio Ugland House, situado en las Islas Caimán, un paraíso fiscal, lo ilustra de forma clara. En cuatro plantas alberga más de 18.000 sociedades mercantiles, que lo utilizan para que su sede figure allí y de esta forma, pagar menos impuestos.

Son agujeros negros de la economía mundial, y la opacidad es su gran atractivo. Rudolf Elmer, que antes de arrepentirse ayudaba a evadir impuestos en un banco suizo, afirmó que “el secreto bancario es el robo más grande de la humanidad y tiene consecuencias catastróficas para los más pobres de la tierra”.

Repensar la AOD

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que prestan los países enriquecidos es una fuente importante de recursos para muchos países del Sur. Sin embargo, esa ayuda, a pesar de ser necesaria, no acabará con la pobreza en sí misma, ya que se trata de un fenómeno con causas estructurales, muy complejas, que requieren cambios profundos en la sociedad. De acuerdo con la OCDE, los países empobrecidos pierden anualmente por culpa de la evasión y los paraísos fiscales el triple de lo que reciben en concepto de AOD.

Es una contradicción aberrante. Los mismos países que prestan recursos a los que más los necesitan, permiten que sus propias empresas les roben lo que, por derecho, les pertenece. Un sistema fiscal justo tendría a largo plazo un impacto mucho mayor. El pago de impuestos impulsa la redistribución de la riqueza, la financiación de servicios públicos universales y de calidad y contrarresta los efectos negativos que tienen algunas actividades económicas. Además facilita que las autoridades rindan cuentas ante los ciudadanos y aumenta la representación, ya que las personas que pagan impuestos se sienten más comprometidas con la sociedad en la que viven y son más exigentes con sus gobernantes.

Los gobiernos y las instituciones internacionales son cómplices de este sistema financiero. Por ello, a menos que se adopten medidas globales, los países en desarrollo seguirán atrapados en la trampa de la pobreza.

Es necesario que los países de la OCDE tomen la iniciativa y se dispongan a efectuar cambios reales. Al mismo tiempo, es fundamental evaluar la verdadera dimensión del problema y realizar acciones de sensibilización, ya que suele ser un tema desconocido para la mayor parte de ciudadanos. Colocar la evasión fiscal en el centro de la agenda política es un paso determinante.

La transparencia se erige como elemento fundamental en la lucha contra el fraude fiscal. Las multinacionales deben reportar las ventas, los beneficios y los impuestos pagados haciendo un desglose de las cifras país por país y poniendo a disposición del público la información referida a los propietarios últimos de las empresas.

La cooperación entre jurisdicciones debe avanzar con un sistema de intercambio automático de información, que permita conocer a los gobiernos lo que posee un ciudadano o una empresa en el extranjero y de esta forma, identificar con más facilidad sus responsabilidades fiscales.

Texto: Marta González Borraz . Ilustraciones: Violeta Cintas.  Blog Números Rojos