Documento digital del Avance del Plan General de Ordenación de La Laguna, realizado en 2009, que ha permitido la masiva participación de los ciudadanos de ese municipio
En Canarias, con la llegada de la democracia se ha iniciado un proceso de activación de iniciativas participativas que, en las dos últimas décadas, que se han dirigido hacia cuestiones que tienen que ver principalmente con el manejo del territorio. La incorporación al debate sobre el espacio de multitud de colectivos sensibilizados, organismos ciudadanos y grupos de intereses económicos confieren una gran riqueza al marco participativo ya consolidado pese a la existencia de una fuerte incomprensión, importantes contrapesos y grandes frenos a su desarrollo.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo esta deliberación colectiva sobre los asuntos comunes centrados en el uso del suelo –un bien cada vez más escaso en un archipiélago como el nuestro y sobre el que se proyectan todo tipo de tensiones- se ha ido enriqueciendo y adquiriendo un mayor nivel de argumentación y discusión. Todo ello, a pesar de los potentes intereses en juego y de las sutiles estrategias para el habitual intento de secuestro de las decisiones por grupos minoritarios ligados a los poderes económicos tradicionales. Aquí, la extensión de la participación ciudadana ha ido adquiriendo progresivamente el carácter de una mancha de aceite omnipresente en todo aquello que se refiere al territorio.
<--- En julio de 1992, por primera y única vez, se aprobó un texto legal en el Parlamento regional, a instancias de un colectivo ciudadano. La llamada ley de iniciativa popular para la salvaguarda de un paraje singular conocido como el Rincón, en el municipio de La Orotava constituye un hito inédito en la historia de este archipiélago. La Ley del Rincón, como es conocida en Canarias, fue avalada por varias decenas de miles de firmas de ciudadanos isleños, tenía como objetivo evitar la expansión de la urbanización turística convencional hacia un espacio visualmente muy significado de ese espectacular valle. Para ello, proponía concentrar un posible desarrollo turístico en unas superficies muy acotadas del paraje y redistribuir los beneficios económicos, estableciendo mecanismos compensatorios que garantizaran la permanencia de la actividad agraria que constituye la imagen tradicional del conjunto. La historia de la Ley del Rincón es ilustrativa de la forma de actuación de los movimientos ciudadanos. En 1984, Isaac Valencia, Alcalde del municipio de La Orotava, anunciaba la inminente construcción de una nueva urbanización turística en la costa norte del Rincón. Contaría con innumerables hoteles de gran lujo en torno a un campo de golf y un palacio de congresos. La nueva ocupación de uno de los pocos espacios agrícolas remanentes de ese maravilloso valle del norte de Tenerife, iba a suponer la inversión de más de 12 millones de euros de entonces, procedentes de Noruega y se presentaba con el habitual discurso de creación de riqueza y generación de numerosos puestos de trabajo. Ese mismo año, se constituía una plataforma ciudadana opositora de la iniciativa urbanizadora, la Mesa en Defensa del Rincón, liderada por personas significadas de la cultura local. Ese primer grupo crecería para acabar transformándose en uno de los colectivos ecologistas más significados de la isla de Tenerife.
Vista panorámica del valle de La Orotava en el norte de Tenerife, con el paraje del Rincón a la derecha
<---Pasado el tiempo, se declararía urbanizable este importante reducto paisajístico y como respuesta, el Movimiento en Defensa del Rincón presentaría al Parlamento de Canarias, la Iniciativa Legislativa Popular para su salvaguarda y protección. Esta propuesta legislativa fue avalada con su firma de apoyo por 35.000 personas e introdujo por primera vez un debate específico sobre el territorio dentro de la cámara regional. El texto original de la propuesta fue rechazado y enmendado en su totalidad, dando como resultado la aprobación de la Ley 5/1992 de 15 de julio para la ordenación de la zona del Rincón, en La Orotava. La ley del Rincón propuso en sus seis artículos establecer un mecanismo para conjugar el mantenimiento de los usos agrícolas con un desarrollo turístico acotado. Para ello, proponía la redacción de un plan específico que concretara los elementos a proteger y los aprovechamientos turísticos que pudieran insertarse en ese espacio. El Plan Especial del Rincón llegó a formularse pero no ha podido alcanzar sus objetivos al no poder satisfacer satisfactoriamente todos los intereses en juego. Esa iniciativa pionera nunca ha llegado a concretarse en algo verdaderamente práctico, más allá del mantenimiento de los usos y formas preexistentes en un territorio agrícola con un claro valor paisajístico. Unas fórmulas imaginativas de gestión en apariencia, orientadas a la concentración de unas posibles plusvalías ligadas a determinados aprovechamientos turísticos específicos no han podido gestionarse realmente ante la obstinada oposición de los propietarios del suelo. Probablemente, su escaso éxito se deba tanto a su exceso de idealismo de los promotores como a la incomprensión de los operadores inmobiliarios y de los representantes políticos sobre la validez de las ideas formuladas. Los contradictorios objetivos de la ley han desembocado en la congelación de este espacio para el desarrollo turístico y ha originado realmente, la parálisis de las actividades económicas preexistentes. Mientras languidecen unas fincas dedicadas al cultivo del plátano para su exportación no se realizan acciones tendentes a su mejora. Quizás haya sido un buen resultado y congratularse con la preservación de ese espacio libre de construcciones como reserva estratégica para el futuro. Lo verdaderamente importante es que este precedente ha servido de ariete para una reivindicación popular cada vez mayor de mecanismos participativos en la toma de decisiones sobre las acciones en el territorio. Esta es una demanda cada vez más sentida por la población canaria y dificilmente entendida todavía por los poderes públicos legalmente constituidos en este archipiélago. Los usos y costumbres habituales en la ordenación territorial, derivados de una concepción elitista e ilustrada en el mejor de los casos, siguen siendo lo habitual. Sin embargo, están empezando a aparecer síntomas de cambio hacia una participación cada vez activa de la población. Una transformación espoleada por una demanda popular representada por tipo de asociaciones y colectivos ciudadanos y crecientemente reivindicativa de un papel activo frente a los desmanes urbanísticos y la acción salvaje de los operadores inmobiliarios que ha caracterizado las últimas décadas. En los últimos dos años he tenido oportunidad de intervenir en dos casos significativos al respecto y que afectan a dos municipios importantes en el contexto del área metropolitana de Tenerife y los cuales me gustaría explicar someramente. Ambos se inscriben en los procesos para la revisión de planes generales municipales de ordenación. El primero de ellos, se refiere a un pequeño municipio, Tegueste, de la periferia norte de carácter rural que, con escasos 11.000 habitantes, se encuentra sometido a unas fuertes presiones urbanizadoras para su transformación en suburbio residencial.Planteamiento de las alternativas de modelo territorial para el municipio de Tegueste. Arriba, ocupación concentrada frente a dispersión de la edificación. Abajo alternativas de variante viaria para la principal vía de comunicación que lo atraviesa
En Tegueste, los responsables políticos de la corporación municipal llevan varios años intentando sacar adelante un planeamiento que preserve su carácter rural y, al mismo tiempo, poder compatibilizar la implantación de unos usos económicos más avanzados y sofisticados. Este objetivo genérico se enmarca dentro del marco de la complejísima legislación urbanística canaria, llevando ya varios años en proceso de tramitación.
En Tegueste, se ha forzado un debate participativo desde el esfuerzo de grupos ciudadanos cualificados, que se han movilizado exigiendo una discusión en profundidad de las decisiones de carácter más territorial. Se partía de un proceso habitual adaptado a las sucesivas informaciones públicas tradicionales en la práctica española, para constituir posteriormente algunas plataformas de debate más amplías que han cristalizado en un nuevo órgano asesor al estamento político, el Consejo Sectorial sobre el Plan de Urbanismo en el que participan representantes de esos colectivos que han reclamado una presencia más plural.
Las cuestiones que se han debatido se enmarcan en el debate genérico sobre el modelo territorial y los elementos estructurales que definirán ese territorio en el futuro. En lo que se refiere al modelo a desarrollar se ha argumentado por un lado, sobre la posibilidad del freno al crecimiento y la reducción del espacio reservado a la urbanización; por otro lado, se ha reflexionado sobre la ocupación extensiva y puntillista de todo el espacio rural disponible, aceptando una dinámica de indisciplina generalizada lo que ha sido bastante habitual en el entorno insular en las últimas décadas. Finalmente, se optó por una solución intermedia de ocupación densa y más eficiente de los espacios vacantes interiores a los núcleos urbanos ya comprometidos por la urbanización, lo que permitiría un crecimiento poblacional razonable en los próximos 25 años.
Un segundo caso es que el representa el nuevo Plan General de Ordenación de La Laguna. Un proceso de planificación apasionante que afecta al segundo municipio de la provincia con una población que se aproxima aceleradamente a los 150.000 habitantes y tiene una gran variedad de espacios y asentamientos poblacionales. Su alcalde ha tenido la valentía de apoyar masivamente el debate ciudadano sobre el futuro territorial, otorgando la palabra y, casi, la decisión final a los ciudadanos.
Este documento se apoya en un análisis territorial y urbanístico muy minucioso por el cual se han acopiado los datos y características más relevantes de los principales núcleos poblacionales para, a partir del mismo, establecer un diagnóstico de situación detallado desde múltiples perspectivas, ambiental, económica, social, jurídica, etc. sobre cuales eran los problemas más significativos y las principales potencialidades que afectan al municipio.
Es muy interesante el proceso participativo impulsado desde el propio Ayuntamiento, puesto que ha establecido canales de contacto con la población, incluso antes de iniciar los trabajos de redacción del usual trámite de avance de planeamiento. Se estableció una consulta ciudadana previa que permitió sondear directamente cuales podían ser las preocupaciones y necesidades reales de cada barrio o pueblo. A la misma se aportaron 1.500 comentarios que han resultado muy esclarecedores de cuales eran los problemas urbanísticos que más preocupan a la población.
Sobre esa base, y para los aproximadamente quince núcleos poblacionales en que se podría dividir el municipio, se construyó posteriormente un conjunto de documentos que plantearon múltiples alternativas específicas para la solución de cuatro cuestiones básicas. Esta clasificación temática se refiere a soluciones viarias, mantenimiento o expansión de los espacios urbanos existentes, definición de la morfología edificatoria y localización de los déficits dotacionales. Junta a ello, se plantearon también alternativas sobre cuestiones estratégicas que afectaban a la economía y los usos posibles en localizaciones concretas.
A partir de lo anterior se ha construido un documento de avance de planeamiento que se ha sometido nuevamente a la consideración ciudadana con un compromiso del alcalde y su grupo de gobierno de aceptar las elecciones que mediante votación decidiesen los propios ciudadanos. El proceso de decisión se ha complementado con un ingente esfuerzo explicativo que ha supuesto varias decenas de sesiones públicas en casi todos los enclaves poblacionales del municipio, en las que el alcalde con la apoyatura de los técnicos redactores han expuesto las distintas alternativas sujetas a elección.
Una característica esencial de este esfuerzo es que técnicamente se ha intentado mantener en cualquier caso, la coherencia de las distintas alternativas ofertadas que han ofrecido un abanico amplío de posibilidades, desde mantener las situaciones en su condición actual hasta introducir importantes desarrollos y expansiones.
Avance del Plan General de Ordenación de La Laguna. Alternativas propuestas para el desarrollo residencial del núcleo de Bajamar en la costa norte del municipio
Esta segunda fase del proceso ha concluido recientemente y sorprende la madurez colectiva que se ha logrado con un nivel de participación altísimo que ha incorporado al debate a más de 25.000 personas, de las cuales 9.000 se han pronunciado fehacientemente.
Si bien la tónica general de la elección se ha orientado a la congelación del crecimiento y a la mejora de las condiciones actuales en lo referente a infraestructuras y dotaciones, también se han producido propuestas que van a suponer una introducción de nuevas alternativas de desarrollo económico. Propuestas que permitirán la incorporación de un desarrollo que va más allá de la usual expansión residencial de los asentamientos existentes.
Esperemos que este apasionante debate colectivo en curso no se frustre y pueda llegar a buen puerto con unas propuestas de ordenación urbanística que logren encajar las interesantes demandas aportadas ya. --->