Planes de Integración de Infraestructura Regional (IIRSA) vulneran derechos de pueblos indígenas

“En el corazón de la Amazonía brasileña, Belo Monte pronto se convertirá en la tercera mayor represa del mundo. Su obra, faraónica, emplea a más de 15.000 personas que trabajan las 24 horas del día. Dentro de poco, se inundarán 500km² de la selva amazónica y serán expulsadas unas 16.000 personas, cuya gran mayoría son indígenas. La polémica, tanto en términos humanos como medioambientales, está a la altura de su coste: cerca de 9 mil millones de euros. Pero la obra avanza, inexorablemente”.
Así inicia la crónica de François Cardona en www.espanol.rfi.fr en mayo del 2013, quien agrega que no muy lejos de allí, la ciudad de Altamira no cesa de crecer. “La población local pasó de 50000 habitantes, hace unos años, a más de 160.000. No hay nada previsto para hacer frente a la afluencia de trabajadores y emigrantes. El tráfico de drogas, los asesinatos y la prostitución aumentaron considerablemente”.
Esta apenas podría ser la punta del iceberg del clamor de las poblaciones indígenas de que hacen vida en la Cuenca Amazónica, frente a lo que consideran la actitud “depredadora de extractivismo y desarrollismo” que lamentablemente avalan la mayoría de los gobiernos de los países de la zona.
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica realizó el pasado mes de diciembre II Cumbre Regional Amazónica en Villavicencio (Colombia) donde uno de los puntos de honor fue la conformación de una red indígena continental (sur, centro y norte) para hacer frente a los proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que lleva adelante la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
El acuerdo de las más de 90 representaciones de pueblos indígenas del continente suramericano, que puede ser consultado en ddhhamazonas.blogspot.com, inicia deplorando el desarrollismo de las industrias extractivas: “orientado a asegurar el ingreso del gran capital en la región a expensas de los recursos naturales de los pueblos indígenas, vulnera los derechos individuales y colectivos; y son una amenaza en contra de la seguridad de los territorios indígenas, su autonomía, libre determinación y la vida plena de los pueblos indígenas amazónicos”.
Afirma que se vulneran los derechos fundamentales como la consulta previa, el consentimiento libre previo e informado y el derecho económico de los pueblos indígenas en el uso de sus propios recursos naturales. “Para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial existe una amenaza latente, al dar prioridad al ingreso de industrias extractivas a sus territorios, antes que su efectiva protección”.
 

El plan
La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración de América del Sur (API) fue elaborada por los países miembros de la Unasur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Suriname, República Cooperativa de Guyana y Venezuela), en el marco del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan). La API fue aprobada por los Ministros en la Segunda Reunión Ordinaria del Cosiplan (Brasilia, noviembre de 2011) y ratificada por los Presidentes en la Sexta Reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de Unasur (Lima, noviembre de 2012)
En la página www.iirsa.org se lee que la agenda consiste en un conjunto de 31 proyectos por un monto de inversión estimado en US$16.713,8 millones (a octubre de 2013), de carácter estratégico y de alto impacto para la integración física y el desarrollo socio-económico regional. “Su objetivo es promover la conectividad de la región a partir de la construcción y operación eficiente de la infraestructura, atendiendo a criterios de desarrollo social y económico sustentable, preservando el ambiente y equilibrio de los ecosistemas”.
Al respecto los pueblos indígenas han fijado su posición: “Vivimos una situación extrema en nuestros territorios por efecto de los programas y proyectos que viene desarrollando el programa IIRSA en el marco de UNASUR y COSIPLAN, que beneficia a estados como los de China y EEUU y financiado principalmente por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES), BM, BID y que incrementa los riesgos de despojo de los territorios de las poblaciones indígenas”.
Irónicamente el el Artículo 2º del Tratado Constitutivo de la Unasur, dice que su Objetivo es: “Construir, de manera participativa y consensual, un espacio de integración y unión en el ámbito cultural, social, económico y político entre sus pueblos, dando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con vista a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”.

Denuncia
Tal y como lo han demostrado los lamentables enfrentamientos de las comunidades indígenas que se oponen a la construcción de la represa de Belo Monte, contra el propio ejército brasilero, muchas comunidades sienten que en marco de estos proyectos persiste la violación de los artículos 6 (consulta) y 7 (desarrollo propio) del Convenio 169-Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es por ello que están dispuestos a denunciar los planes del IIRSA, desde los pueblos afectados, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas.
Insisten en solicitar a la Presidencia de Unasur la reorientación del IIRSA, que se basa en megaproyectos y concesiones extractivistas (mineras, hidroeléctricas, agroindustrias, hidrocarburos, biocombustibles, forestales, pesqueras), “basadas en un pensamiento depredador; en base a la Consulta y Consentimiento Vinculante, como un Derecho de los Pueblos Indígenas, y no un simple procedimiento”.
Peticiones
Otra petición es la implementación de “Redd+Indígena”, “superando la visión mercantilista de la Amazonía, fortaleciendo la resiliencia climática (que incluye mitigación y adaptación y va más allá) basada en nuestros derechos y cosmovisiones; con el manejo integral autónomo de nuestros territorios, sin piratería del carbono; y con la construcción conjunta entre Estados y pueblos indígenas, de las políticas nacionales climáticas”.
Los pueblos indígenas quieren incidir ante los gobiernos nacionales, para que respeten los tratados y convenciones internacionales indígenas y se apliquen en los proyectos que desarrollan en los que consideran sus territorios. Por lo tanto instan seriamente a Unasur a involucrarlos en la discusión de los asuntos que afectan a los pueblos indígenas de la cuenca amazónica.

Igualmente se pronunciaron por el cese de la criminalización y judicialización de los movimientos indígenas; y amnistía para los defensores y defensoras de la Vida Plena en la Amazonía. En este sentido quieren que se retome la agenda de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos, en especial con el examen Periódico Universal (EPU) y Revisiones de los Organos de Control de Tratados, todos de la ONU.Ambiente y ecología