Pobreza Pérez

Se ha instaurado en el imaginario colectivo conceptos relacionados con la pobreza que me tienen especialmente preocupado, pues han sido asumidos sin paliativos por la sociedad, la clase política e incluso gran cantidad de técnicos y profesionales de esto de “lo social”.

Uno de ellos es que la pobreza tiene apellidos. Se ha puesto de moda de manera generalizada referirnos a la pobreza energética. Incluso tenemos leyes con esa denominación. A mí reconozco que me da urticaria el término, pues siempre he entendido que las dificultades de una familia para hacer frente a los gastos derivados del consumo energético no es sino una más de las consecuencias de la pobreza en que esa familia se encuentra.
Esa misma familia también tendrá problemas para alimentarse de modo adecuado (pobreza alimentaria, podríamos llamarla). O para hacer frente a los gastos escolares de sus hijos (¿pobreza escolar, tal vez…?). O para desplazarse por el municipio o ciudad asumiendo los gastos de transporte (¿pobreza de movilidad?). O para adquirir los productos necesarios de higiene personal (¿pobreza higiénica?) o doméstica (¿pobreza domiciliaria?).
Por supuesto, esa misma situación de pobreza les llevará a tener dificultades para el acceso a la medicación necesaria para sus enfermedades (¿pobreza farmacéutica?) o el acceso a otros tratamientos o terapias (¿pobreza rehabilitadora?, ¿pobreza terapéutica?).
Y así hasta el infinito, pues las consecuencias de la pobreza son terribles y atañen a todas las áreas de necesidades materiales básicas de las personas. Me limito a este ámbito material para no hacer muy largo mi análisis, dejamos para otra ocasión las repercusiones en otras áreas relacionales, psicológicas y sociales que son igualmente dramáticas.
¿Acaso todas estas “pobrezas” no se merecen también sus leyes y normas? Sería algo coherente con lo que estamos haciendo pues en lugar de plantearnos cómo lograr que las personas y familias superen la situación de pobreza en la que se encuentran, nos limitamos a trocear dichas situaciones y parcelarlas mediante esos calificativos o “apellidos”, de manera que la política social se dirige a paliar o trabajar con las consecuencias de la pobreza, y no con sus causas.
Pareciera que hemos asumido que la pobreza es algo estructural, consecuencia de la política económica global, y que por tanto hemos de dedicar la política social a esas medidas paliativas de los efectos de la misma. Es lo que llamo una especie de “neobeneficencia institucionalizada”, que impide y sirve de argumento para no tener que diseñar políticas sociales globales en las que pueda apoyarse la verdadera eliminación de la pobreza.
Entre ellas, y sólo a modo de apunte, un sistema de garantía de rentas y un acceso universal, gratuito y real a la vivienda (con los suministros básicos incluidos), educación y sanidad.