Políticos, policías, empresarios y jueces se encuentran entre proxenetas y clientes

Algunos legisladores kirchneristas santacruceños estarían exigiendo que Rubén Contreras renuncie a la presidencia del bloque, después de sus escandalosas declaraciones sobre los prostíbulos que hicieron que la Secretaría de la Mujer de Santa Cruz lo denunciara por apología del delito. La declaración de Contreras de que si no hubiera prostitución, “habría violaciones”, fue realizada mientras se trataba la adhesión a la ley nacional de prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas. Hace quince días, la legislatura salteña aprobaba la intervención de la municipalidad de Salvador Mazza, donde el intendente Carlos Villalba fue encontrado, durante un allanamiento, en un local donde se ejercía la prostitución ilegalmente y había menores de edad.
Medidas para “guardar el decoro” que no alcanzan a ocultar lo evidente: las redes de trata se expandieron de manera descomunal, en el país, durante la última década, vinculadas al turismo, a la “ruta de la soja” y “la ruta del petróleo” –cuyos recorridos se convirtieron en los principales lugares de reclutamiento y destino de las mujeres secuestradas- y, fundamentalmente, porque estas redes actúan con la impunidad que les otorga contar con funcionarios políticos, integrantes de las fuerzas represivas, empresarios y jueces entre los propios proxenetas o los clientes “vip”.
Si no fuera por la participación o la colaboración de políticos y policías, ¿cómo puede explicarse que más del 70% de los casos de secuestros y desapariciones por redes de trata son mujeres que están esclavizadas en whiskerías, cabarets y otros locales nocturnos habilitados por los municipios? En algunas provincias, como en Tucumán, el escandaloso fallo que dejó en libertad a los secuestradores de Marita Verón mostró que las redes de trata no son pequeñas organizaciones marginales, sino parte constituyente de un verdadero régimen político mafioso que incluye a la “corpo judicial”, pero también a la policía, políticos y empresarios que comparten negocios y encubrimientos mutuos, alcanzando –en este caso- hasta el mismísimo gobernador Alperovich.
Actualmente, como lo denuncian distintas organizaciones por los derechos de la mujer, más de 600 mujeres y niñas permanecen desaparecidas, secuestradas por estas redes. Un 50% de las víctimas son argentinas; la mayoría proveniente de las provincias del norte del país y muchas de ellas son enviadas a Chile, Brasil, México y España, sin dejar rastros. Pero Argentina –y Santa Cruz es una de las provincias que encabeza este oprobioso ránking- también es un país de destino para paraguayas, dominicanas, chilenas, bolivianas, brasileñas y peruanas que son engañadas con promesas laborales y finalmente, son privadas de su libertad, se les retienen los documentos, son violentadas, abusadas y obligadas a ejercer la prostitución. Según la coordinadora de una investigación realizada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la policía tiene una participación directa en estas redes y su presencia es, también, “un método de sometimiento a las víctimas. En algunos casos, la presencia era permanente, los policías cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros, era circunstancial, aparecían haciendo supuestos controles. Y en otros, aunque no se tenga fehaciente confirmación, en calidad de clientes”.