Con independencia de las razones y decisiones personales de cada ciudadano, la llamada "mayoría silenciosa" y el "no te metas en política", ha servido para que los profesionales de la política transiten plácidamente durante demasiado tiempo. Sin embargo, si queremos sostener un régimen democrático, no podemos convertirnos en cómplices de quienes pretenden despolitizar la democracia pretendiendo con ello dejar al ciudadano al margen, con un papel subordinado y a los dirigentes cómodamente instalados en sus posiciones de privilegio esperando que los asuntos se resuelvan por sí mismos o esperando que actúen otros.
Entre nosotros la democracia es un bien escaso y que precisa cuidados para su conservación ante los riesgos que la amenazan. Uno de los principales, aunque parezca una paradoja, consiste en la concepción que de ella tienen muchos políticos y su pretensión de despolitizar la democracia. Así, por impericia, dejadez o cálculo electoral, hay quienes han renunciado a la política para dejar en manos de la justicia la resolución de conflictos como el planteado por el independentismo catalán.
Al conocerse el ingreso en prisión preventiva de parte del Govern son muchas las voces que se alzan criticando la acción de la justicia. Aunque se tengan motivos y haya quien sostenga que el auto de prisión esté poco justificado, las exigencias y responsabilidades hay que pedirlas al Gobierno por rechazar la búsqueda de soluciones, alentar el enfrentamiento y judicializar un asunto político. También al Govern, por embarcar a la población independentistas en un proyecto más romántico que realista y por, aparentemente, no haber calculado las consecuencias de su "procés". En cualquier caso, produce cierta desazón democrática el que unos representantes electos, aunque previamente cesados, sean encarcelados y que el resto se encuentre en Bélgica con livianas medidas cautelares.
Es verdad que las leyes son interpretables y que la actuación de la fiscalía, con un fiscal General reprobado por el Congreso de los Diputados, parece demasiado sesgada. También es cierto que sólo se hace justicia cuando la ley se aplica de manera razonable. Por otra parte, resulta evidente que las decisiones judiciales deben estar sometidas a la crítica pública, pero erramos si todos los focos los ponemos las actuaciones de los jueces.
Como carezco de conocimientos jurídicos y de la osadía suficiente para determinar si los delitos de rebelión y sedición son aplicables al caso, si la Audiencia Nacional es competente o deja de serlo, presto atención a lo que escriben o dicen juristas y constitucionalistas que merecen mi confianza. Sí tengo, en cambio, la capacidad necesaria para observar lo obvio; hoy sabemos de la celeridad selectiva de la justicia española o de su lentitud premeditada.
Volviendo al principio. Escribía recientemente Daniel Innerarity que "los conflictos se vuelven irresolubles cuando caen en manos de quienes los definen de manera tosca y simplificada y cuando los problemas políticos se reducen a cuestiones de legalidad u orden público". Sólo una actuación política, democrática y predispuesta a dar salida al conflicto planteado, hubiera evitado la situación en la que nos encontramos. Por ello, frente al intento de despolitizar la democracia, hay que exigir a los políticos más decisión para buscar espacios de encuentro y que no se parapeten en la justicia o en los cuerpos de seguridad para tapar su indolencia y mediocridad. Como la democracia se construye desde el debate y diálogo, considero que quienes piensan que esta situación se resuelve con cárcel y sentencias judiciales, están equivocados. O se apuesta por una solución política, acordada entre las partes, o entraremos en un insoportable bucle de reproches, fanatismos y victimismos exagerados.