Por imperativo vital

Puesto porJCP on Aug 22, 2012 in Autores

En esta crisis, como en el crimen, hay que buscar el móvil en los beneficiarios.

Hace más de medio siglo que la de banquero es, en España, una profesión de poder estatal paralela a la profesión política. La soberbia del poder, si no es democrático, necesita humillar la disidencia para que su peana de reputación se menoscabe. El ciudadano normal permite que se juegue con su voto político, y hoy hemos comprobado que también con su dinero. ¿Cómo es posible?. Fácil, porque en la esfera política, donde la actuación mental de los gobernados no supera la de un niño, tan pronto como el poder establecido lanza una señal de alerta, un miedo irracional les hace depositar toda su confianza en los gobernantes. Votan y votan y vuelven a votar, sin darse cuenta de que el poder real no coincide nunca con el de las jerarquías oficiales. La oligarquía bancaria detenta el mismo poder que el Gobierno y el Parlamento ostentan. El régimen de poder político no es democrático. Los jefes de gobierno y oposición no han rebasado nunca el papel de recaderos que se guardan los despojos políticos de un caníbal festín de banqueros.

La crisis actual es una buena ocasión para tomar la medida a una Constitución de la fantasía donde se garantiza la orientación al pleno empleo y la irretroactividad de las leyes restrictivas de derechos y desnudar una sociedad política que legisla, casi en pleno, contra la «sociedad social». Poniendo de relieve el grado de aislamiento social de los Gobiernos sucesivos en los que siempre, contra el interés de los gobernados, prevalece la ambición de una jefatura de la mediocridad al servicio doméstico de los poderosos. Al tiempo que siempre podremos observar la pornografía de una oposición que planea el asalto al poder por etapas de crítica o colaboración programadas, contra el orden de apremio de los problemas, según necesidades de imagen. Y en fin, comprender que la corrupción y la incompetencia de la clase gobernante provienen del juego institucional del Estado de partidos.

Los sindicatos(¡qué guasa!). Bertrand Russell decía que Lenin y Trotsky hicieron la Revolución para verificar, en el laboratorio de la historia, el carácter científico de la dialéctica marxista. Escarmentados por tan cruentas investigaciones con la voluntad de poder, los sindicatos convocan ahora inocuos experimentos con la inteligencia cooperativa de un día de asueto nacional. Lo que hacen en el País Vasco para aislar a ETA de su base social, deberían hacerlo los ciudadanos de toda España para que la clase política se cueza sola en su propia salsa podrida. Huelga general de un día, que sólo puede ser eso, un día de huelga, no crea ni destruye empleo. Pero son momentos estupendos para  poner al descubierto la razón (financiera) de Estado que impulsa las leyes del desempleo. Los experimentos con la inteligencia social, sin voluntad de poder, no pretenden transformar la realidad. Pero revolucionan el conocimiento social del poder, destruyendo las ilusiones ideológicas que disfrazan las ambiciones. Y es que, todo cambio de gobierno, si no trae su causa del conocimiento crítico de la esencia antidemocrática del régimen de partidos, conduce a nuevas frustraciones.  El poder no está, desgraciadamente, en el conocimiento. Pero sí, en el conocimiento de las relaciones de poder y en la ignorancia de todo lo demás. Y un solo día de huelga nacional informa mejor a los ciudadanos sobre esas relaciones de dominio, que la carrera de ciencias políticas o la práctica electoral. La abstención, la insumisión, la huelga de celo, el boicot y otras formas de resistencia pasiva preparan el camino de la huelga nacional de un día. Que sólo tiene de huelga el nombre.  Así como se vota por distintos motivos, incluso opuestos, a un mismo partido, se puede participar en la protesta de un día de asueto por razones diferentes a la de sus timoratos convocantes. El tono conservador de una huelga laboral, provocada por el ataque reaccionario del Gobierno a los derechos concedidos a la clase obrera por la dictadura, puede ser superado con la causa común de los ciudadanos. Porque todos tienen un mismo interés democrático, aunque no lo sepan, en quebrar la seguridad ideológica que la oligarquía pone en la falsa idea de la libertad de mercado. Contra el egoísmo natural de unos privilegiados, la inteligencia cooperativa de todos los demás debe convertir el 25-S en una día de enronquecimiento vital. En una jornada lectiva para aprender que el poder político no está hoy en la sociedad que levanta el acta de protesta, sino en un tipo de Estado que ampara, con la irresponsabilidad, el impago de las promesas electorales y el daño de los errores profesionales de gobierno. Rechazo unánime de la prepotencia política. Deben ser expulsados.

El sentido común se refugió, durante la última generación cultural de la dictadura, en la sociedad familiar y civil. El discurso público no interfería la vida privada. La España oficial y la España real se vivían como una doble vida. Con no meterse en política, acudir a los cenáculos de la clandestinidad o reír los chistes de la situación bastaba para entender el sentido de lo que se veía y se decía en público. Pero la diferencia entre la realidad y su representación mediática ha llegado ahora a un grado de perversión que nos hace dudar de la realidad misma. La economía se ha hundido y todas las instituciones estatales han entrado en crisis. Ya no queda una sola instancia de poder que tenga autoridad. Es el alto precio que tiene que pagar la sociedad por haber consentido que siguiera en vigor el régimen de poder anterior revestido de una pátina de democracia inexistente por todos sabido. La crisis de autoridad, que preludia la del Estado, caracteriza las instituciones de gobierno del sistema político, las instituciones monetarias y crediticias del sistema financiero y las instituciones decisivas del sistema jurídico. La brutal corrupción de los partidos  propició la degradación moral de las demás autoridades sociales. Los crímenes de policías con vocación de asesinos, la sumisión judicial a los delitos amparados en secretos de Estado, el inexplicado enriquecimiento de toda política, las mentiras de los banqueros sobre sus contrapartidas al partido gobernante de turno, el fraude fiscal de las primas únicas y las cesiones de crédito, la quiebra de las cooperativas sindicales, el tráfico de droga incautada, la estafa de gasoil por guardias civiles, el reparto prebendario de canales de televisión, la nacionalización de las pérdidas en el negocio bancario y tantas inmoralidades políticas (Ibercorp, BOE, PER, AVE…),( ¿se acuerdan? ) obligan a considerar la miseria moral de la autoridad como un fenómeno social causado por las malas instituciones políticas, y no como una simple suma de malas conductas personales.

La función arbitral del Rey no tiene cauce constitucional para expresarse en un procedimiento público. Pero, sin embargo modera en secreto la prepotencia del poder gubernamental o de oposición que ponga en peligro el equilibrio de las oligarquías (política, financiera, jurisdiccional) que constituyen el orden estatal. En los medios influyentes se ha considerado siempre normal, porque «el rey reina pero no gobierna», que su función arbitral modere, por ejemplo, la crítica sistemática al presidente del gobierno, sea cual sea y en cambio no ponga freno a la corrupción y a las violaciones del Estado de derecho, ante la imposibilidad de hacerlo institucionalmente. Lo peligroso para el sistema oligárquico no son los continuos abusos del poder gubernamental o jurisdiccional, inherentes a su naturaleza, sino la crítica pública de esos abusos desde la oposición leal a Su Majestad o los medios de información. Y en fin, la crisis de autoridad apela con urgencia a la crisis de Estado.

El régimen establecido con la Constitución del 78 ha finalizado.

McM