Revista Ciencia

Posicionamiento de Coalición Clima para la COP 16 de Cancún

Por Accionatura

Fuente: http://www.coalicionclima.es

ANTECEDENTES

La cumbre de Copenhague tenía que convertirse en un hito histórico para la lucha contra
el cambio climático. La sociedad civil esperaba salir de la COP15, con un acuerdo
internacional justo, ambicioso y jurídicamente vinculante. Sin embargo Copenhague pasó a
la historia como un estrepitoso fracaso de los líderes mundiales.
El Acuerdo de Copenhague -del que la Convención Marco de Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC) se limitó a tomar nota- fue la conclusión de dos semanas de
reunión y más de dos años de intenso trabajo tirados por la borda. La COP15 de
Copenhague, se había señalado como la fecha clave para cambiar nuestro rumbo
climático, pero lamentablemente la indiferencia y la “sordera intencionada” de los líderes
políticos hizo que se perdiera esta oportunidad y el único resultado fuera un acuerdo
insuficiente, lleno de indefiniciones y sin valor legal alguno.
Además, el fracaso se extendió al propio desarrollo de la cumbre, en el que primaron los
acuerdos de unos pocos a puerta cerrada, comprometiendo seriamente el carácter
multilateral del proceso. Se produjo, también, un acoso y una exclusión de la sociedad
civil, que vio vetada así su función de seguimiento y fiscalización de la acción pública, con
la práctica prohibición de participar en las últimas sesiones de la Conferencia.

PROPUESTAS DE COALICIÓN CLIMA
Tras el fracaso de la COP15, es imprescindible seguir trabajando y aprovechar la
oportunidad crítica en la que nos encontramos para alcanzar acuerdos eficaces para la
lucha contra el cambio climático. A juicio de Coalición Clima, que agrupa a más de 30
organizaciones españolas representativas del ecologismo, la cooperación al desarrollo, el
sindicalismo, los consumidores y la ciencia, reconducir el proceso para que en México se
alcance lo que no se logró en Copenhague, pasa por:

1. Garantizar el carácter multilateral del proceso y representación de la sociedad civil

En la COP16, las Partes y la Secretaría deben demostrar que la CMNUCC seguirá siendo un
proceso multilateral y participativo. Desde Coalición Clima creemos que es necesario
recuperar la negociación colectiva con la participación de todas las partes implicadas,
excluyendo acuerdos a puerta cerrada. Sin un proceso con carácter multilateral real, será
muy difícil recuperar la confianza entre los países, condición necesaria para llegar a
acuerdos.
En el Artículo 7, párrafo 6, de la Convención1, se reconoce el derecho a la participación de
observadores. En 2009 este derecho fue gravemente vulnerado; lo sucedido es inadmisible
y atenta contra el carácter democrático y participativo de las conferencias de cambio
climático. Por ello exigimos el respeto y garantía de este derecho en la COP16,
garantizando el acceso y participación en los procesos de negociación y articulando
mecanismos que faciliten la representatividad de toda la sociedad civil.
El respeto y garantía de este derecho es fundamental y para ello tanto las Partes como la
Secretaria de la Convención deben facilitar el acceso y participación en los procesos de
negociación y articular mecanismos que faciliten la representatividad de la sociedad civil.

2. Alcanzar acuerdos ambiciosos, justos y legalmente vinculantes

La falta de claridad y consenso respecto a la forma legal del resultado final de la COP15
continúa minando el progreso en muchas áreas, haciéndolos más frágiles y poniendo en
duda el éxito del conjunto del proceso.
Las organizaciones pertenecientes a Coalición Clima, atendiendo al contexto de
negociación actual, exigimos que en el corto plazo se alcancen acuerdos ambiciosos, justos
y jurídicamente vinculantes, que reconozcan las responsabilidades comunes pero
diferenciadas de países industrializados, países emergentes y países en desarrollo.

3. Establecer límites de reducción de emisiones suficientemente ambiciosos para los
Países Industrializados y para los Países en Desarrollo

El consenso científico señala claramente cuáles son los niveles máximos de
concentraciones de gases de efecto invernadero que permitirían mantener los incrementos
de temperatura por debajo del “límite de seguridad” de 2o C respecto a los niveles
preindustriales. Este límite es señalado como el punto de inflexión, a partir del cual los
cambios climáticos pueden ser rápidos, abruptos y no lineales.
No obstante, a la luz de las últimas investigaciones científicas, incluso un aumento medio
global de 2o supondría un aumento mucho más alto en lugares especialmente vulnerables
al cambio climático, como África, los pequeños estados insulares o la cuenca mediterránea
(incluyendo a España). Atendiendo a las últimas investigaciones científicas y al principio de
precaución creemos que la comunidad internacional debe avanzar en el consenso científico
sobre la necesidad de establecer límites más ambiciosos en el incremento máximo de
temperaturas, como la cada vez más extendida reclamación para que se reconozca el
umbral de 1,5oC como el límite que las temperaturas medias no deben superar. En
cualquier caso, los niveles de emisiones globales deben comenzar a disminuir antes de
2015.
Las actuales promesas de reducción establecidas en los anexos del Acuerdo de
Copenhague, están muy lejos de garantizar que el aumento de la temperatura media
global esté por debajo 2oC. Las promesas de reducción de emisiones asumidas actualmente
por los países industrializados para 2020 quedan entre el 12 y el 18% respecto a los niveles
de 1990 y ni siquiera se garantiza que las mismas vayan a cumplirse exclusivamente con
medidas internas. Si se incluyeran en el cómputo las emisiones evitadas mediante
sumideros y los créditos procedentes de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de
Kioto, la reducción real sería de entre el 7 y 13%; y si, además, se incluyera la posibilidad
de utilizar los derechos de emisión sobrantes del primer periodo de compromisos del
Protocolo de Kioto (2008-2012), tan solo se alcanzaría una reducción de entre el 1 y el 7%
(siempre tomando como referencia los niveles de 1990)2. Muy lejos del 40% recomendado
para estar en un nivel de seguridad de no superar un aumento de temperatura de 2oC. Esto
nos llevaría a un aumento de temperatura de al menos 3oC, con las desastrosas
consecuencias que supondría a nivel ecológico, social y económico.
Para situar al mundo en una senda futura segura, los gobiernos tienen que actuar
urgentemente para cerrar la diferencia en la reducción de emisiones entre lo que se
necesita y lo planteado hasta ahora. Esto requiere objetivos más ambiciosos y un nuevo
enfoque que lleve a reducciones reales y concretas.

Desde Coalición Clima consideramos que la Cumbre de México es una oportunidad para
forjar los acuerdos climáticos que el mundo necesita, basado en los siguientes objetivos:

1. Que los compromisos de mitigación establezcan límites de emisiones ambiciosos y
consecuentes con las propuestas del IPCC de rebajar las emisiones de los países
industrializados respecto de los niveles de 1990 en un 40% en 2020 (una reducción del
30% sería a través de medidas internas exclusivamente) y al menos un 80% en 2050.Este
objetivo deberá tener objetivos intermedios, también de obligado cumplimiento.

2. Que los países en desarrollo asuman su parte del esfuerzo en la lucha contra el cambio
climático y, especialmente los emergentes, se comprometan a desviarse entre un 15% y
un 30% del crecimiento de emisiones que experimentarían en 2020 si no adoptasen
medidas de mitigación. Los países emergentes deben comprometerse a implementar
por su cuenta aquellas medidas de mitigación que puedan ser alcanzadas sin necesidad
de asistencia internacional y contar con el apoyo de los países industrializados para
realizar una contribución a las metas globales de mitigación más ambiciosa. El resto de
los países en desarrollo han de contar con recursos y tecnologías por parte de los países
desarrollados para implementar las medidas necesarias de mitigación.
Operativamente consideramos que los compromisos de reducción deberían enmarcarse en:

3. Un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto que empezaría a partir de
2013.

4. Un segundo protocolo, en el que queden recogidos los objetivos de reducción de
emisiones de todos los países industrializados (también de los que no han ratificado el
Protocolo de Kioto) y las acciones de mitigación a las que se comprometen los
diferentes países en desarrollo.

Desde Coalición Clima pedimos a la UE que se comprometa de inmediato a la reducción
unilateral del 30% de sus emisiones en 2020 respecto a las existentes en 1990 como un
primer paso en el camino hacia el 40% que es exigible al conjunto de los países
industrializados3. Desde Coalición Clima reclamamos al gobierno Español que se manifieste
públicamente en apoyo de esta posición.

También pedimos al gobierno español que incremente a nivel nacional su compromiso para
2020 y que, en ningún caso, sea menos ambicioso que el establecido por el Protocolo de
Kioto para 2012.

5. Garantizar la financiación para la adaptación y mitigación en los países en
desarrollo

En la cuestión de la financiación, los gobiernos de todo el mundo tienen la oportunidad de
pasar de la imprecisión a la acción si en 2010 consiguen materializar, tal como lo establece
el Acuerdo de Copenhague, el Fondo Verde de la ONU4 como una herramienta eficaz,
transparente, accesible y directa; y decide la puesta en marcha de fuentes de financiación
y recursos suficientes, nuevos, adicionales y públicos para el año 2013, por valor mínimo
de 100.000 millones de dólares anuales que deben convenirse formalmente bajo la
CMNUCC en la COP16. La financiación climática debe estar sometida también a
mecanismos de medición, rendición de cuentas y verificación.

- Fondos suficientes
Existen numerosas estimaciones respecto del coste de la mitigación y la adaptación en los
países en desarrollo, estimaciones que oscilan entre los 110.000 y los 275.000 millones de
dólares anuales5. Desde Coalición Clima creemos que para el año 2013 se necesitarán al
menos 150.000 millones de dólares anuales, cifra que ascenderá hasta al menos 200.000
millones de dólares para el año 2020 (100.000 millones para la adaptación y 100.000
millones para la mitigación).

- Fondos nuevos y adicionales
Según lo estipulado en la CMNUCC, el Plan de Acción de Bali y el Acuerdo de Copenhague,
los países industrializados tienen la obligación de proporcionar recursos financieros
“nuevos y adicionales” a los objetivos de ayuda ya fijados para los países empobrecidos. La
financiación del clima no es ayuda. No es un acto de generosidad, ni una expresión de
solidaridad para con los países empobrecidos, sino una obligación legal bajo la CMNUCC.
Sería injusto cumplir esta obligación con fondos que de otra manera se hubieran destinado
a la salud y la educación en los países en desarrollo. Por ello, en 2010 los países
industrializados deben reconocer que la financiación climática debe realizarse mediante
fondos nuevos y adicionales a los objetivos de ayuda ya fijados. Es preciso buscar nuevas
fuentes de financiación al margen de los presupuestos anuales de ayuda.

- Fondos públicos
Sobre la naturaleza pública o privada de los fondos, el Acuerdo de Copenhague sugiere que
los 100.000 millones de dólares deben proceder de una combinación de recursos públicos y
privados.
Los fondos para la adaptación deben llegar hasta las personas más empobrecidas y más
vulnerables del mundo: aquéllas que están en primera línea de la crisis climática. Sólo los
fondos públicos pueden garantizar que se llegue hasta las comunidades más vulnerables y
marginadas. Las aportaciones de los países industrializados para financiar la adaptación,
de acuerdo con la CMNUCC, deben provenir exclusivamente de fondos públicos, para
garantizar así que los primeros y más afectados por un problema que no provocaron
reciban la ayuda que precisan.
Respecto a la financiación de la mitigación, la CMNUCC señala que los países
industrializados tienen la obligación de aportar “la totalidad de los gastos adicionales
convenidos” para cubrir las actuaciones básicas de mitigación en los países en desarrollo.
Aunque los países industrializados recorten sus emisiones en la medida necesaria, se debe
actuar también para limitar el crecimiento de las emisiones en los países en desarrollo.
Como consecuencia de ello los países en desarrollo habrán de soportar costes adicionales,
dada la necesidad, de una parte, de invertir en tecnologías verdes menos intensivas en
carbono y, de otra, de conservar, mantener e incluso aumentar las masas boscosas de sus
respectivos territorios. Por su naturaleza, estos costes no quedarán cubiertos únicamente
por un sector privado en continua búsqueda de rápidos beneficios. De aquí que los recursos
públicos resulten imprescindibles y, mas aún, si se desea garantizar actuaciones que
favorezcan a las personas empobrecidas.

- Ayudas y préstamos
Los asesores del CMNUCC han esbozado la posibilidad y conveniencia de usar préstamos
como forma de financiación para la adaptación. Desde Coalición Clima entendemos que
esta posibilidad debe ser rechazada. La financiación para la adaptación no es ayuda, sino
una obligación de los países industrializados de evitar daños en los países empobrecidos
como consecuencia de las emisiones excesivas de carbono de los primeros. Sólo una lógica
perversa sería capaz de justificar la utilización de préstamos para lograrlo. En la práctica,
las inversiones imprescindibles en medidas de adaptación podrían verse limitadas si los
gobiernos se ven obligados a financiarlas a través de préstamos. Además, al ser inversiones
encaminadas a reducir la vulnerabilidad (y no directamente a fomentar la capacidad de
producción), existe el riesgo de que los gastos de adaptación sean los primeros en sufrir
recortes.

Respecto a la mitigación, aunque muchas de las inversiones cruciales en este ámbito
requieran ayudas públicas a fondo perdido, para algunos proyectos del sector energético la
utilización restringida de préstamos en condiciones favorables podría ser una fórmula
adecuada para cubrir algunos de los costes de los países en desarrollo. Para aquellas
medidas que no generan beneficios, como la capacitación institucional, o para aquellos
casos en que es necesario garantizar resultados que favorezcan a las personas
empobrecidas, como en la agricultura o la silvicultura, la mitigación debe ser financiada
únicamente mediante donaciones. Los préstamos en condiciones favorables podrían ser
una fórmula adecuada para la financiación de recortes en las emisiones del sector
energético. Sin embargo, deben fijarse límites muy rigurosos en la proporción de los
montantes de financiación para fines de mitigación susceptible de ser aportada mediante
préstamos. Al respecto reclamamos que los préstamos en ningún caso superen una tercera
parte del total de los fondos a ser utilizados en acciones de mitigación.
Como conclusión, en lo relativo a la financiación, y ciertamente con anterioridad a la
COP16 a celebrar en México, las partes deben consensuar una hoja de ruta del sistema que
permita recaudar la cuantía de recursos públicos que han de aportar los países
industrializados para financiar las medidas de adaptación y mitigación necesarias en los
países empobrecidos. Estas fuentes deben ser i) fiables y previsibles; ii) susceptibles de
ampliación según las necesidades; y iii) equitativas y fundamentadas en el grado de
responsabilidad en materia de emisiones y la renta nacional de los países.
Cualquier hoja de ruta encaminada a la financiación del clima debe fundamentarse en
aportaciones reales y vinculantes de los países industrializados, calculadas de acuerdo a su
responsabilidad histórica en materia de emisiones y su capacidad para pagar. Además de
tales aportaciones, los países industrializados deben establecer mecanismos innovadores
para la generación de fondos, al margen de sus presupuestos anuales, tales como la
subasta de todos los derechos de emisión (incluidas las emisiones del transporte aéreo y
marítimo) o la implantación de una tasa sobre las transacciones financieras
internacionales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La tremenda frustración que produjo el fracaso de la COP 15 en Copenhague debe dar paso
a una nueva actitud de todos los actores que tienen la responsabilidad de hacer que la COP
16 en Cancún sea el paso adelante que la humanidad necesita para evitar las devastadoras
a injustas consecuencias del cambio climático y, asimismo, poner las bases de una
sociedad más equitativa y sostenible.

Para ello, Coalición Clima realiza las siguientes propuestas:

Reivindicamos al gobierno español que promueva el acceso y participación en los
procesos de negociación y articule mecanismos que faciliten la representatividad de la
sociedad civil en la COP16.
Reclamamos que el gobierno español promueva en el seno de la CMNUCC la consecución en corto plazo de acuerdos ambiciosos, justos y jurídicamente vinculantes, que reconozcan las responsabilidades comunes pero diferenciadas de países industrializados, países emergentes y países en desarrollo.
Pedimos al Gobierno español que se una al creciente número de países europeos que ya
se han manifestado a favor de que la UE asuma un mayor compromiso unilateral de
reducción de emisiones. España debe pasar a formar parte de los países que exigen a la
UE que adopte una posición de liderazgo en la negociación climática internacional, no
solo por los beneficios que lo anterior implica en la lucha contra el cambio climático
sino por las ventajas que un mayor compromiso de reducción de emisiones significa en
términos de ahorro, independencia energética o generación de empleo. En este sentido
pedimos al gobierno español que apoye públicamente presentar en Cancún un objetivo
unilateral de reducción unilateral del 30% para 2020 respecto a 1990.
Demandamos al Gobierno español que defienda en las negociaciones en el interior de
la UE y en su relación con otros actores internacionales, el establecimiento de 1,5o
respecto a los niveles preindustriales como el límite de aumento de temperatura, para
evitar un desastre climático en las zonas del planeta más vulnerables, entre las que se
encuentra también España. En coherencia con este objetivo, pedimos el
establecimiento de la meta de reducción de emisiones para los países industrializados
de al menos un 40% respecto de los niveles de 1990, con una reducción de al menos un
30% mediante medidas internas.
Pedimos al gobierno español que defienda en los foros que corresponda la creación de
un Fondo Verde de la ONU transparente, accesible y directo; así como la puesta en
marcha de fuentes de financiación para el año 2013, por valor mínimo de 100.000
millones de dólares anuales, que permitan a las personas empobrecidos hacer frente al
cambio climático. Esta cantidad debe aumentar para el 2020 hasta los 200.000 millones
de dólares anuales (100.000 para adaptación y 100.000 para mitigación). Estas
cantidades deben ser adicionales a los compromisos de ayuda al desarrollo, fondos
públicos mayoritariamente y en forma de donaciones (100% en ayudas a la adaptación y
al menos dos tercios de las ayudas para mitigación).
Exigimos al gobierno español a que se comprometa a promover un enfoque integral del
desarrollo, sostenible y perdurable, a través de una transición justa en la que el
progreso social, la protección del medio ambiente y las necesidades económicas se
integren en un marco de gobernanza democrática, donde los derechos de los
trabajadores y otros derechos humanos sean respetados y se alcance la igualdad de
género.


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