Prevaricar con servicios mínimos

Parece que algunas autoridades no se enteran o, lo que es más probable, que no quieren enterarse. Reinciden en poner servicios mínimos abusivos cuando afrontan una huelga de transportes. Hoy tenemos una y los servicios mínimos se sitúan en el 73 por ciento.
Los sindicatos recuren y mucho tiempo después, gracias a la celeridad de esta Justicia de cachondeo que tenemos en España, los tribunales les dan la razón: eran servicios mínimos abusivos.
En la huelga siguiente vuelve a suceder los mismo. Servicios mínimos abusivos y sanciones o despidos para los trabajadores que los incumplen. Y los tribunales vuelven a dar la razón a los trabajadores tarde y mal.
Cuando esta actitud de los responsables de la Administración se repite con fascistiode recalcitrancia ¿qué se puede hacer?
Si la Administración fija unos servicios mínimos que sabe que son abusivos porque hay reiteradas sentencias en ese sentido, está dictando resoluciones mal a conciencia, es decir, sus responsables prevarican. Prevaricar es "que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta". Es un abuso de autoridad.
Delito que el artículo 404 del Código Penal castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por tiempo de siete a diez años.
Más le valdrían al Gobierno aplicarse en hacer cumplir la ley vigente y la Constitución en lugar de tener ocurrencias como las de Ruiz Gallardón, que intenta colar en España la inconstitucional cadena perpetua u otras medidas regresivas como la penalización del aborto.
Aplíquense en endurecer el castigo a los defraudadores, a los evasores de impuestos, a los especuladores o a los traficantes de influencias.