¿Puede la economía evitar ser normativa?

Los economistas distinguen entre economía positiva y economía normativa. La economía positiva busca establecer hechos: ¿Promueven los monopolios el progreso técnico? ¿Una devaluación mejorará la balanza de pagos? La economía normativa, por otra parte, se interesa por cuestiones de política, sobre cosas “buenas” y “malas”. ¿Debe ser progresivo el impuesto sobre la renta? ¿Debe haber una legislación que favorezca la competencia?
La economía con perspectiva descriptiva tendría un trabajo parecido al de las ciencias naturales en el sentido de que buscaría leyes que describieran las regularidades observadas y teorías de comportamiento económico que las explicaran. Pero los economistas, al trabajar con un elemento que es susceptible de cambiar su comportamiento según ideologías, aprendizaje, etc., pueden tener otra función, la de proponer comportamientos alternativos. Hay diferentes planos en los que se puede hacer esto. El economista puede proponer unas normas básicas de comportamiento económico que se desprenden de unos pocos principios básicos presumiblemente aceptados o aceptables y cuya consecuencia lógica no ha sido prevista por los agentes económicos. En este sentido el economista sería un consultor.

A medida que nos alejamos de las proposiciones bien establecidas en la economía, el carácter normativo empieza a estar menos justificado. Por ejemplo, la proposición “debe tomarse la medida A” es normativa. Para que sea aceptable debe ser coherente con unos fines propuestos, así que mejor sería decir “si se quiere alcanzar el objetivo X, debe tomarse la medida A”, o mejor “de acuerdo con la teoría T, la medida A tiene como consecuencia que suceda X”. En este último momento la proposición ha pasado a ser descriptiva, en la medida en que la ley enunciada esté en consonancia con la realidad. Como las consecuencias de las medidas económicas son, generalmente, mutidimensionales, la cautela debe ser todavía mayor que la expuesta. Así, tal vez la proposición debería ser la siguiente: “de acuerdo con la teoría T, la medida A tiene como consecuencias X e Y, mientras que la B tiene como consecuencias X y Z”, o incluso se podría añadir, “y de acuerdo con la teoría H, las consecuencias de A y B son....” o, bien “de manera que si se prefiere Y sobre Z se preferirá T sobre B”. Así podríamos complicar indefinidamente la complejidad de la proposición.

A pesar del carácter condicional de estas proposiciones para hacerlas descriptivas, la impresión general es que, o bien por usar distintas teorías, o bien por interpretar una misma teoría desde distintas evaluaciones personales, los economistas pueden estar induciendo solapadamente un carácter normativo no justificado. Hay, cuando menos, dos posturas frente a este problema. La primera consiste en dar la información lo más completa posible en las proposiciones derivadas de las teorías para dejar al decisor que decida cuál de los condicionales es el que se aplica en su caso. Según la segunda, el economista da la información que considera relevante haciendo notar cuáles son los juicios de valor que le llevan a esta determinación.
La economía positiva no incorpora juicios de valor; sus descubrimientos son tan impersonales como los de la astronomía y la meteorología. En este sentido es posible una economía libre de juicios de valor; si la economía trata acerca de la aplicación de medios para conseguir objetivos, no hay razón para no analizar la asignación de recursos para conseguir cualquier fin. Esto no niega que la mayor parte de las proposiciones económicas de interés añaden juicios de valor sobre un conjunto de hechos y que el sesgo ideológico influye en la elección de las cuestiones que la economía trata de investigar. El mejor seguro frente al sesgo de un economista en particular es la crítica de los demás economistas. La mejor protección frente a declaraciones especiales en nombre de la ciencia son los estándares profesionales de los científicos.