¿Puede una sociedad prosperar si sus empresas no son competitivas?

El bienestar de una sociedad depende, en buena medida, de su capacidad para generar riqueza, empleo de calidad y oportunidades de futuro.

Pero también de cómo se distribuyen los beneficios de esa actividad económica y de su impacto sobre la sostenibilidad de nuestro estilo de vida.

Por eso, competitividad empresarial, protección de los trabajadores y respeto al entorno deben entenderse como elementos de un mismo proyecto de progreso.

La competitividad empresarial y el progreso social suelen presentarse, en ocasiones, como aspiraciones enfrentadas, por lo que, según esta interpretación, mejorar la posición de las empresas exigiría reducir costes laborales, mientras que ampliar los derechos y la protección de los trabajadores supondría limitar su capacidad para competir.

Sin embargo, esta visión resulta demasiado simplista para comprender los desafíos de una economía que debe afrontar simultáneamente la transformación tecnológica, la transición sostenible y las crecientes demandas de bienestar.

Una sociedad necesita empresas capaces de crear valor, innovar, invertir y adaptarse a los cambios, pero también requiere instituciones sólidas, trabajadores cualificados y mecanismos que permitan convertir el crecimiento económico en prosperidad compartida.

La cuestión no es elegir entre competitividad y progreso social, sino construir un modelo en el que ambos se refuercen mutuamente.

1. Las empresas competitivas son la base económica del bienestar colectivo

Las empresas desempeñan una función esencial en el desarrollo económico y social, pues producen bienes y servicios, generan empleo, movilizan inversiones y favorecen la aparición de nuevas actividades productivas.

Cuando un tejido empresarial es dinámico y competitivo, dispone de mayores posibilidades para crecer, acceder a nuevos mercados y desarrollar proyectos que amplíen las oportunidades económicas de su entorno.

Esta actividad tiene, además, una dimensión colectiva frecuentemente olvidada y es que, mediante impuestos y cotizaciones sociales, las empresas y sus trabajadores contribuyen a financiar servicios públicos, infraestructuras y sistemas de protección social.

La sanidad, la educación, las pensiones o las políticas de empleo necesitan una base económica capaz de sostenerlas a lo largo del tiempo

Ahora bien, la creación de riqueza no garantiza automáticamente su distribución equitativa, ya que para transformar la actividad empresarial en bienestar general hacen falta instituciones eficaces, políticas públicas responsables y un sistema fiscal capaz de financiar adecuadamente las necesidades colectivas.

La competitividad constituye, por tanto, una condición fundamental para el progreso social sostenible, pero necesita acompañarse de mecanismos que favorezcan la cohesión y la igualdad de oportunidades.

2. Empleo de calidad y oportunidades para las nuevas generaciones

Una de las contribuciones más importantes de las empresas competitivas es su capacidad para generar oportunidades profesionales.

Esta cuestión adquiere especial relevancia para los jóvenes, cuya incorporación al mercado laboral puede verse condicionada por la falta de experiencia, la temporalidad, la dificultad de acceso a determinados sectores o el desajuste entre formación y necesidades productivas.

Una economía con empresas innovadoras y proyectos de crecimiento ofrece mayores posibilidades de construir trayectorias laborales estables y atractivas.

Sin embargo, crear empleo no debería ser el único objetivo, pues también importa su calidad.

Los salarios adecuados, la estabilidad, la seguridad laboral, la conciliación y las posibilidades de promoción influyen directamente en el bienestar de las personas y en su capacidad para desarrollar proyectos vitales autónomos.

Además, las empresas necesitan atraer y conservar talento, y aquellas que ofrecen condiciones profesionales satisfactorias pueden reducir la rotación, preservar conocimientos y fortalecer su capacidad de innovación.

De este modo, el empleo de calidad deja de ser únicamente una aspiración social para convertirse también en un factor de competitividad empresarial.

3. Innovación y productividad: competir creando más valor con menos recursos

No todas las estrategias competitivas producen los mismos resultados.

Una empresa puede intentar ganar mercado reduciendo salarios, deteriorando condiciones laborales o trasladando costes ambientales al conjunto de la sociedad.

Pero también puede competir mediante la innovación, la mejora de procesos, la diferenciación de productos y una utilización más eficiente de los recursos.

La segunda opción ofrece una base más sólida para el desarrollo sostenible.

La digitalización, la automatización responsable y la mejora organizativa permiten aumentar la productividad, mientras que la economía circular abre oportunidades para reducir residuos, recuperar materiales y prolongar la vida útil de los productos.

Por ejemplo, una empresa industrial que rediseña sus procesos para consumir menos energía y reutilizar materiales puede reducir su exposición a la volatilidad de los precios, disminuir su impacto ambiental y mejorar su eficiencia operativa.

Del mismo modo, la descarbonización puede impulsar nuevos servicios, tecnologías y actividades vinculadas a la rehabilitación energética, la movilidad sostenible o las energías renovables.

Esto no significa que la transición sostenible carezca de costes. Requiere inversiones, capacidades técnicas y tiempo de adaptación, especialmente en sectores intensivos en energía.

Pero considerar la sostenibilidad exclusivamente como una carga económica impide reconocer su potencial para generar innovación, resiliencia y ventajas competitivas duraderas.

4. Proteger a los trabajadores es invertir en el futuro de las empresas

La competitividad a largo plazo depende tanto de la tecnología disponible como de las personas que hacen posible su utilización.

Una plantilla formada, motivada y protegida constituye un activo estratégico para cualquier organización.

Por ello, garantizar condiciones laborales dignas, prevenir riesgos, proteger la salud y ofrecer una remuneración adecuada no debería entenderse como algo ajeno a la productividad.

Un entorno laboral seguro y estable favorece la continuidad de los equipos, la transmisión de conocimientos y la implicación de los trabajadores en los procesos de mejora.

A esta dimensión debe añadirse una necesidad creciente: la actualización permanente de las competencias profesionales

La transformación digital, la inteligencia artificial y la transición hacia la sostenibilidad están transformando numerosos puestos de trabajo, y, aunque algunas tareas desaparecerán, otras cambiarán y surgirán nuevas ocupaciones.

Anticipar estos procesos exige invertir en formación continua, reciclaje profesional y mecanismos que faciliten la movilidad hacia actividades con mejores perspectivas.

La responsabilidad es compartida. Las empresas deben impulsar el desarrollo del talento, mientras que las administraciones públicas y los sistemas educativos han de facilitar una formación accesible y conectada con las transformaciones productivas.

Una transición será socialmente sostenible si ofrece oportunidades reales de adaptación a quienes deben protagonizarla.

5. El diálogo social como herramienta de competitividad y confianza

Los cambios económicos generan intereses diferentes y, en ocasiones, tensiones legítimas entre empresas y trabajadores.

Negar estas diferencias no ayuda a resolverlas. Lo importante es disponer de instrumentos eficaces para gestionarlas.

El diálogo social y la negociación colectiva permiten abordar cuestiones como los salarios, la organización del trabajo, la formación, la productividad o la adaptación a nuevas tecnologías.

Cuando se desarrollan desde la transparencia, el reconocimiento mutuo y la voluntad de alcanzar acuerdos, pueden aportar estabilidad y reducir la incertidumbre.

Por ejemplo, ante la introducción de una nueva tecnología, negociar planes de capacitación y reorganización del trabajo puede facilitar su implantación y disminuir los riesgos de exclusión laboral.

Las organizaciones empresariales, los sindicatos, los representantes de los trabajadores y las administraciones públicas tienen aquí una responsabilidad fundamental.

El consenso no elimina los conflictos ni exige renunciar a intereses legítimos. Permite encontrar soluciones que tengan en cuenta la viabilidad empresarial y la protección de las personas.

En este sentido, el diálogo social puede convertirse en una herramienta de modernización económica, no solamente de resolución de conflictos.

6. Hacia una competitividad sostenible, inclusiva y compartida

El desafío consiste en desarrollar un modelo empresarial capaz de competir internacionalmente sin debilitar los fundamentos sociales y ambientales de su propia actividad.

Una empresa difícilmente puede considerarse sostenible si sus resultados dependen de la precarización del empleo, el deterioro de los ecosistemas o la transferencia de costes ambientales y sociales a terceros.

La competitividad verdaderamente sostenible debe incorporar una visión de largo plazo, basada en la productividad, la innovación, la responsabilidad y la creación de valor compartido.

Esta transformación no puede reservarse a las grandes compañías. Las pequeñas y medianas empresas, esenciales para el tejido productivo y el empleo, necesitan condiciones que les permitan invertir, digitalizarse, mejorar su eficiencia energética y desarrollar las competencias de sus equipos.

La colaboración público-privada, el acceso a financiación, la simplificación administrativa y unas reglas claras y estables pueden facilitar ese proceso.

También resulta imprescindible aplicar criterios de transición justa, prestando especial atención a los trabajadores, sectores y territorios más expuestos a las transformaciones económicas y ambientales.

El objetivo no debería ser proteger indefinidamente actividades inviables, sino facilitar la aparición de alternativas productivas que generen oportunidades y eviten dejar atrás a personas y comunidades.

7. Conclusión: una prosperidad que necesita empresas y personas

No puede haber progreso social sostenible sin empresas competitivas, porque una sociedad necesita actividad económica, inversión, innovación y empleo para sostener y mejorar su bienestar.

Pero tampoco puede consolidarse una competitividad duradera sobre la precariedad laboral, la pérdida de capacidades profesionales o la degradación ambiental.

Empresas productivas, trabajadores protegidos y cualificados, instituciones eficaces y ecosistemas saludables forman parte de una misma ecuación de futuro.

La clave reside en construir relaciones económicas que permitan generar más valor, distribuir mejor las oportunidades y reducir los impactos sobre el Planeta.

Porque el verdadero éxito de una economía no debería medirse únicamente por la capacidad de sus empresas para competir, sino también por su contribución a una sociedad más próspera, cohesionada y preparada para afrontar los desafíos del mañana.

La reflexión que debemos plantearnos es qué tipo de competitividad queremos impulsar: aquella que obtiene ventajas trasladando costes a las personas y al medio ambiente, o aquella que construye su fortaleza precisamente cuidando los recursos humanos y naturales de los que depende.

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