Tras conocer que el Gobierno de Japón ha dejado de recomendar la vacuna del papiloma, Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario Gaspar Llamazares, ha enviado varias preguntas al Gobierno español.
Llamazares cita con acierto que la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) lleva tiempo pidiendo una moratoria en la aplicación sistemática y financiada por la administración de esta controvertida vacuna fabricada por los laboratorios GlaxoSmihKline, marca Cervarix, y Sanofi Pasteur, Merck, Sharp and Dohme (MSD) la marca Gardasil.
El diputado pone en duda la evidencia científica del medicamento basándose en trabajos independientes y argumenta que “existen múltiples incógnitas que despejar en torno a esta vacuna”. Además, explica que las autoridades japonesas ofrecen datos que confirman que esta vacuna es de las que mas reacciones adversas provocan, “algunas con resultado de muerte”.
Por todo ello, el político (y médico, por cierto) pregunta:
-¿Piensa el Gobierno reevaluar los efectos adversos y el coste-efectividad de la vacuna del papiloma humano?
-¿Piensa el Gobierno garantizar dentro del espíritu de la Ley de Transparencia y farmacovigilancia, la información pública sobre vacunas y otros medicamentos, así como sobre su eficacia y seguridad?
-¿Tiene el Gobierno previsto un programa de compensación de daños por vacunas en España?
Me parecen muy concretas, acertadas y justas las preguntas toda vez que países como Japón dudan de este medicamento y Estados Unidos indemniza a sus afectadas.
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