Creo que es un obstaculo que el Supremo haya sacado una sentencia denegando a Sortu, el derecho a ejercer políticamente. Y lo es porque los más recalcitrantes y peligrosos -que los hay- de dentro de esa izquierda abertzale, que hasta hace poco defendía la violencia, pueda encontrar una justificación para la marcha atras y volver a un escenario indeseable.
En todo caso, me muestro contrario a esa sentencia y como dije ayer a Hitza, me encantaría que hubiese soluciones imaginativas para que Sortu pueda estar presente en las elecciones. Lo que entre otras cosas significará que la política vence a una ley de partidos inaceptable. Izquierda Unida, Ezker Batua, siguen comprometidas contra esa Ley y sigo poniendo como ejemplo nuestra actuación en Ordizia en la que no hemos ocupado el puesto de concejal que no nos correspondía electoralmente. Lo que hubiera sido aprovecharse de esa injusta Ley.
Me han remitido la resolución del EPK-PCE sobre el asunto y como siempre que hay algo relevante me hago eco aqui.
EL PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI RECHAZA LA ILEGALIZACION DE SORTU
Secretaría de Comunicación, 24 de marzo de 2011
El PCE-EPK rechaza la decisión adoptada por el Tribunal Supremo que impide la inscripción en el Registro de Partidos políticos a Sortu y con ello, su presentación en las próximas elecciones municipales y forales.
Considera que Sortu reúne los requisitos de legalidad que le exige la Ley de Partidos y por tanto no existen razones jurídicas para su ilegalización. Por otra parte, esta decisión se convertirá en un obstáculo más para la paz y la normalización política en Euskadi.
El PCE-EPK quiere señalar, asimismo, que no sólo los estatutos de Sortu se ajustan a las exigencias de la Ley de Partidos, sino que han manifestado públicamente y en diferentes ocasiones, su rechazo expreso a la violencia de ETA, respondiendo así al debate interno y los acuerdos mayoritariamente adoptados por sus bases.
Por todo ello, los comunistas vascos exigimos la pronta rectificación por parte del Tribunal Constitucional de este atropello democrático que, de no corregirse, dejará sin representación institucional a una parte importante de la ciudadanía vasca.