¿Qué pasó la última vez que Cataluña proclamó la independencia?

Proclamación de la Segunda República en las calles de Barcelona, el 6 de octubre de 1934.
Ese día, a las ocho de la tarde, Companys proclama el Estado Catalán de la República Federal Española.El 27 de octubre del 2017, el Parlamento de Cataluña aprueba proclamar la República catalanaCuatro días más tarde, el president Puigdemont se autoexilia en Bruselas.
Corría el año 1930 cuando, tras la dictadura de Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII nombró a Dámaso Berenguer presidente del gobierno con el fin de restablecer la paz constitucional. Lo que, en principio, era una solución a largo plazo acaba dando paso a la rápida destitución del general, que sería sustituido por Juan Bautista Aznar, quien convocó elecciones para abril de 1931. Pero antes, en agosto de 1930, una serie de partidos republicanos se reúnen y firman el pacto de San Sebastián, por el que se pretendr poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República. Los asistentes –Acción Catalana, Acción Republicana Catalana y Estat Català–, no llegan a levantar acta por escrito de los temas y acuerdos tratados en la reunión, pero sí se publica, al día siguiente en el diario ‘El Sol’, una nota que hace referencia a otros pormenores: “El problema referente a Cataluña quedó resuelto en el sentido de que los reunidos aceptaban la presentación a unas Cortes Constituyentes de un estatuto redactado libremente por Cataluña para regular su vida regional y sus relaciones con el Estado español”.
Hasta cuatro años después de aquel momento, la maquinaria no empezaría a funcionar, concretamente a las ocho y diez minutos de la tarde del 6 de octubre de 1934. Lluis Companys, presidente de la Generalitat, se asomaba al balcón de la plaza de Sant Jaume y gritaba: “En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder del Cataluña y proclamo el Estado Catalán en la República Federal Española”. En medio del griterío de los asistentes, Companys finalizó su discurso, proclamando: “¡Cada uno a su lugar y Cataluña y la República en el corazón de todos!”.  
Justo en aquel momento, quedó proclamado el Estado catalán y, antes del anochecer, Barcelona se convirtió en una lluvia de metralla, fuego y explosiones. Por un lado, Companys tomó la decisión de que entraran en su Gobierno tres ministros de la CEDA (Confederación de Derechas Autónomas) y permitió la formación de 400 mossos, 3.200 guardias de asalto y más de 3.400 militantes armados. Por el otro, el Gobierno español declaró el ‘estado de guerra’ y encargó al general Batet liderar el enfrentamiento en las calles de la Ciudad Condal contra los secesionistas. Y, cerca de las siete de la mañana del 7 de octubre, las tropas entraron en el Palacio de la Generalitat y detuvieron a Companys, a su Gobierno y al presidente del parlamento, Joan Casanovas. El presidente de la Generalitat acabaría siendo capturado por Gestapo durante su exilio en Francia y, más tarde, fusilado.
Se calcula que, tras la proclamación, murieron 46 personas –38 civiles y ocho militares – y que más de 3.000 personas fueron encarceladas, la mayoría de ellas en el vapor ‘Uruguay’ y puestas bajo la jurisdicción de los consejos de guerra. Además, después de que, el 23 de febrero de 1935, se dejaran en libertad provisional al alcalde de Barcelona y a los concejales detenidos, la autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por una ley aprobada el 14 de diciembre a propuesta del Gobierno. La Generalitat fue sustituida por un Consejo de la Generalitat, designado por el Gobierno y con Francisco Jiménez Arenas como primer presidente. Con ello, la ley de Contratos de Cultivo también fue anulada y se tramitaron casi 3.000 juicios de desahucios de aparceros y ‘rabassas’.
Ochenta y tres años más tarde, el 27 de octubre del 2017, el Parlamento de Cataluña aprueba la resolución propuesta por los grupos independentistas de proclamar la República catalana e iniciar un proceso constituyente. Horas más tarde, Rajoy anuncia la aplicación del artículo 155 y destituye a los ministros catalanes. Días más tarde, el president Puigdemont se autoexilia en Bruselas. Desde allí, sigue luchando por su república y, en busca y captura, es perseguido por el Gobierno español por usar “la fuerza intimidatoria y violenta del independentismo en la insurrección”. A última hora de la tarde del pasado viernes, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, emite, a petición de la Fiscalía, sendas órdenes europeas de detención y entrega y órdenes de búsqueda y captura nacional e internacional contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxel Serret, dirigidas expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica, país en el que se encuentran todos ellos, que no se presentaron a la citación en la Audiencia Nacional. El ex president cesado se postula como candidato a las elecciones del 21-D para concurrir desde Bélgica.