Rafael Correa: maquillaje en el corazón

La decisión del gobierno de Ecuador concederle el asilo al fundador de Wikileaks contradice la realidad que los periodistas de ésa nación enfrentan
“Debo sobrevivir, mintiéndome”. El estribillo de una canción española hace parte de la filosofía de un hombre que paradójicamente se comporta de distintas maneras dentro y afuera de su país: de un lado intentando frenar la prensa, y al mismo tiempo diciéndose defender la libertad de expresión, respectivamente: el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Quien el pasado jueves 16 de agosto le ha concedido el asilo político al dueño del sitio web Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra en la Embajada de la nación suramericana en Londres desde el 19 de junio. Para el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) “resulta irónico que el mismo gobierno que ha otorgado el asilo a Julian Assange haya conducido a Palacio del diario 'El Universo' a exiliarse en Estados Unidos y está en la actualidad utilizando los medios en poder del Estado para desacreditar a César Ricaurte, director de Fundamedios y uno de los defensores líderes de la libertad de expresión en el país”.
“El registro de libertad de prensa bajo el gobierno del Presidente Rafael Correa figura entre los peores del continente así que el hecho de facilitar el asilo del fundador de Wikileaks no cambiará las restricciones que enfrentan los periodistas ecuatorianos que critican las políticas y las decisiones del gobierno”, lo añadió el CPJ.
Con un poquito de “maquillaje en el corazón”, el líder suramericano quiere a convencer la opinión pública de que su país es democrático, utilizándose, por ejemplo, de la opción del periodista australiano haberse buscado ayuda en su oficina en el exterior. Cuando, en el fondo se sabe que esa decisión está basada en la divergencia silenciosa que hay entre Ecuador y Estados Unidos. Por lo tanto, él estaría protegido de ser entregado a los “carniceros” de Reino Unido, Suecia y posiblemente de EEUU. Por detrás de tal generosidad podría existir una mezcla de venganza y el deseo de limpiarse la imagen delante de su gente para disputar la reelección el febrero del 2013. Es difícil decir si la relación entre Correa y Assange se caracterizaría una simbiosis (cuando ambas partes sacan provechos) o parasitismo (cuando una de las partes se aprovecha de la otra).
El precio de ese afrontamiento es la presunta amenaza de que las autoridades británicas podrían usar una ley de 1987 – que revocaría temporalmente el estatus de Embajada – para arrestar el activista y extraditarlo hacia Estocolmo, donde hay una investigación por presuntos delitos sexuales en su contra, aunque no haya ningún proceso formal. El recelo del gobierno ecuatoriano es que todo eso sea apenas una etapa para llevarlo hacia Norteamérica, donde podría ser procesado por espionaje y ser sentenciado a la muerte tras revelar ciertos secretos de Washington, tales como registros de la guerra de Medio Oriente, además de investigar a líderes extranjeros.
Desde entonces, Quito ha convocado reuniones para discutir la posible invasión de su oficina: en la Alianza Bolivariana de Naciones (Alba), Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur) y en la Organización de los Estados Americanos (OEA), a pesar de que en esta entidad ha sido rechazada por EEUU y Canadá, a la vez que sólo una de las partes – Ecuador – es miembro, mientras Reino Unido – de Europa – no. Según la institución de las Américas, se discutirá apenas el ultimátum de Gran Bretaña contra el Ecuador el próximo viernes (24), y no el asilo del periodista australiano, tras la aprobación de 23 de los 34 países del bloque.
“El ingreso no autorizado de cualquier autoridad británica al recinto de la Embajada del Ecuador sería una violación flagrante del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como del Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe a los Estados el uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza (...)”, lo dijo el canciller sudamericano, Ricardo Patiño.
En nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico informó que estaría “decepcionado” con la respuesta de Ecuador, que nada cambiaría el objetivo de extraditarlo y también que EEUU no tenía nada que ver con eso.
Julian Assange huyó de su prisión domiciliar en el Reino Unido tras perder todos los recursos legales para continuar en ésa nación. Ecuador ya ha recibido el apoyo explícito de algunos vecinos como Venezuela, Cuba, Bolivia y Argentina. En ésta nación, por ejemplo, hay un disputa por la posesión de las Islas Malvinas (Falklands, para los ingleses). “La República Argentina expresa su solidaridad con la República de Ecuador y repudia las expresiones del gobierno del Reino Unido amenazando con irrumpir en la Embajada del Ecuador en Londres violando su obligación de cumplir con la Convención de Viena que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas”, lo ha comunicado Buenos Aires.
Julian Assange y su Wikileaks
Julian Assange, 41 años, simplemente ha logrado una pelea con la mayor nación del planeta, al exponerla al ridículo delante de las demás, en 2010, como la presunta revelación de que EEUU investigaba la salud mental de la mandataria argentina, Cristina Fernández; y que el mismo gobierno tenía la intención de aislar el venezolano Hugo Chávez, para que fuera considerado un “loco”; que el exjefe de Estado francés Nicolás Sarkozy era un hombre “delicado” y autoritario; que la canciller alemana, Angela Merkel, evitaba riesgos y no tenía “creatividad”, además del recelo de vecinos suramericanos como Chile y Colombia que temían el liderazgo de Brasil en Latinoamérica durante el gestión de Lula da Silva, entre otras cosas. En el caso de Quito, el portal del disidente oceánico publicó que la corrupción de la Policía era “fácilmente manipulable” y que el mandatario la conocía. Lo que llevó éste a considerar “persona non grata” la embajadora norteamericana Heather Hodges.
Para Wikileaks, las oficinas estadounidenses en el exterior serían utilizadas para espiar a otros gobiernos. Desde entonces, dicho sitio web ha enfrentado dificultades a obtener donaciones para mantener funcionando la portada de denuncias. En 2010, por ejemplo, sus cuentas en MasterCard, Visa y PayPal fueron suspendidas. Para sobrevivir, sitios espejos fueron creados para difundir las informaciones.
Las autoridades australianas abandonaron a su ciudadano, lo ha contado Christine Assange, su madre, en reciente encuentro con Correa en Quito.
Una realidad en Ecuador
No se está cuestionando aquí si Assange debe ser considerado un asilado político o no. También no hay duda en cuanto a eso. Pero, el privilegio o derecho que los periodistas ecuatorianos no tienen: el de libertad de expresión. Conforme ha destacado el CPJ, el periodista Emilio Palacio y otros tres directivos del diario “El Universo” han sido sentenciados a tres años de prisión y al pago de 30 millones de dólares, por presunta difamación a Rafael Correa. Sin mencionar a su nombre, dicho comunicador se refirió al presidente como un “dictador”, a causa del episodio de 2010, el del presunto golpe de estado, cuando éste ingresó a un hospital, se abrió la camisa y gritó a los militares que lo mataran en un ambiente lleno de civiles. Después de críticas internacionales, ellos fueron perdonados.
En 2009, el canal “Teleamazonas” – también crítico al gobierno – fue obligado con suspender las transmisiones por 72 horas, al decir en un reportaje que la exploración de gas por la petrolífera venezolana PDVSA en la Isla Puná podría perjudicar a los pescadores y que eso les preocupaba, ya que un 90 por ciento dependía de la actividad para sobrevivir. La emisora ha sido punida con base en la ley de Radiodifusión y Televisión por divulgar datos basados en suposiciones y por perturbar el orden social.
En las próximas elecciones en Ecuador, la prensa tendrá que dejar de “hacer promoción directa o indirecta sobre las campañas de los candidatos durante los 90 días anteriores” a la votación, y también no podrán emitir opiniones durante las 48 horas anteriores de dicho evento, lo criticó el Comité a causa de los cambios en la ley electoral.
El CPJ describe a Rafael Correa como un discípulo del caraqueño Hugo Chávez, al erigir “una masiva red de medios estatales que es utilizada para lanzar campañas de descrédito contra los críticos y para promocionar su agenda política”.