En cada inicio de gobierno estatal o municipal, desde que recuerdo, siempre hubo denuncias por desvíos de dinero administrado por los gobiernos salientes, sobre todo cuando se trataba de distintos partidos alternantes en el poder. Algunas de estas denuncias llegaron a sumar miles de millones de pesos, como fue el caso de la acusación hecha hace tres años por el actual gobierno estatal del PRI contra sus antecesores del PAN.
Ahora que un nuevo partido se hace cargo de la mayoría de las presidencias municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, las denuncias contra desvíos presupuestales de los priístas que estaban en el poder, no se han hecho esperar. Igual que en otras épocas, los nuevos funcionarios acusan a sus antecesores de ser más proclives a lo ajeno que los socios de Alí Babá.
“En Guadalajara no dejaron ni para la nómina”, dijo el nuevo presidente municipal tapatío, Enrique Alfaro.
Y prácticamente en los mismos términos se han expresado otros alcaldes metropolitanos, como el de Zapopan, quien al igual que Alfaro se quejan de malversaciones, incluso de la pérdida de archivos públicos, realizadas por los gobiernos anteriores.
Sin embargo, a juzgar por la impunidad que han revelado hasta hoy las denuncias por corrupción contra funcionarios públicos, aquí y en todo México, hemos de admitir que no existe otro interés por parte de los gobiernos entrantes que ostentarse como honestos.
Así las cosas, y perdón por mi escepticismo, mientras no regrese al erario público el monto de lo robado, toda denuncia oficial contra la corrupción puede considerarse como mera propaganda.
Artículo publicado por el diario La Crónica de Hoy Jalisco en su edición del viernes 9 de octubre de 2015.
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