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Un artículo de: María Pablo-Romero Responsable Área de Economía de la Energía y Crecimiento Económico Cátedra de Economía de la Energía y del Medio AmbienteEl Pacto de Alcaldes es una iniciativa europea, mediante la cual pueblos, ciudades y regiones se comprometen de forma voluntaria a reducir sus emisiones de CO2 por encima del objetivo del 20%. Para conseguir esta reducción de emisiones, las ciudades deben desarrollar un Plan de acción Energética Sostenible (SEAP) en el que se comprometen a mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios mediante la realización de actividades o puesta en marcha de medidas específicas. Con el fin de realizar convenientemente este plan, los territorios firmantes del Pacto de Alcaldes realizan un Inventario de Emisiones (BEI), de tal forma que se calculan las emisiones de gases invernadero de algunos sectores, tales como las emisiones producidas por la calefacción de edificios, el consumo eléctrico, las emisiones del transporte de vehículos… De esta manera, cada municipio conoce la naturaleza de sus emisiones de CO2. Y puede establecer en su SEAP acciones específicas apropiadas a sus características. Una vez puesto en marcha el plan de acción, éste se evalúa cada cierto tiempo, mediante la realización de nuevos inventarios de emisiones que, comparados con el inicial, permiten comprobar la eficacia de las medidas establecidas y proponer nuevas acciones climáticas.
De acuerdo con los datos ofrecidos por la propia organización del Pacto de Alcaldes, hasta mayo 2012 había un total de 3.889 firmantes de la adhesión al Pacto, desde que se iniciara su andadura en 2008. En general, los firmantes son ciudades europeas, si bien también existen algunas ciudades de otros países, como de Marruecos.
En el ámbito de la Unión Europea de los 27, a fecha de diciembre de 2011, había un total de 2.950 ciudades firmantes. Italia, el país con más ciudades firmantes, tenía 1.409, representando el 47,6% del total. España, en segundo lugar, tenía 886 municipios a fecha de diciembre de 2011, un 30% del total de municipios europeos firmantes. No obstante, la población de municipios españoles firmantes representa algo más del 16,5% de la población total de los municipios firmantes en Europa, superando a Italia con un 13,57%, a Alemania, con un 13,69%, a Reino Unido (12,7%) y a Francia (12,2%). De tal forma que es el país con la población más amplia de toda la UE que viven en municipios que han firmado este Pacto. Casi 21 millones de personas. Esto supone un 45% del total de la población española, mientras que la Unión Europea de los 27 tiene tan sólo un 25% de su población viviendo en municipios adheridos al Plan. Entre los países que tienen un mayor porcentaje de población en municipios firmantes, destacan Finlandia (59,8%), pero con sólo 6 municipios firmantes; Malta (58,6%) y Suecia (51,8%).
Mapa europeo Ciudades Firmantes Pacto de Alcaldes
Las medidas específicas que las ciudades deben tomar para realizar sus planes se enfocan hacia la mejora de la eficiencia energética, el consumo de energías renovables y el fomento de la sostenibilidad en diferentes sectores o campos de actuación. En el ámbito del ahorro y la eficiencia energética tienen habitualmente especial importancia las medidas encaminadas a la reducción del consumo energético, y por tanto de emisiones de CO2, en edificios, e instalaciones municipales. Entre las medidas específicas destacan algunas tales como el ahorro en el alumbrado público, la sustitución de luminarias poco eficientes y la sustitución de balastos convencionales por electromagnéticos, de doble nivel y relojes astronómicos. Asimismo es importante la elaboración de planes de sustitución de calderas convencionales de gasóleo por otro tipo de calderas que utilicen como fuente de energía a las energías renovables; ya sean de biomasa o solar térmica.
En materia de producción de energía mediante fuentes renovables, los municipios adaptan sus medidas a sus condiciones medioambientales. En España, tienen especial importancia, las medidas encaminadas a un mejor aprovechamiento del sol para la producción de energía térmica o eléctrica. En este sentido, los municipios españoles cuentan con determinados instrumentos a su disposición para fomentar estas energías. De especial importancia son las Ordenanzas municipales, que en materia de edificación pueden utilizar los municipios para reglamentar las condiciones o requisitos que deben cumplir los edificios que van a ser construidos o rehabilitados. Asimismo, los municipios cuentan con la posibilidad de utilizar incentivos fiscales para el fomento de energías renovables. En concreto, para el fomento de energías solares para uso térmico o generación de electricidad en edificios, cuentan con la posibilidad de hacer deducciones en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (de hasta un 50%), de establecer bonificaciones sobre la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), de hasta un 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Y establecer una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal en el Impuesto de Actividades Económicas y utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.
Placas solares. Foto: afloresm (vía Flickr)
En España, de acuerdo con los datos presentados en el IV Workshop on Public Policies celebrado en Sevilla el 28 de mayo de este año, titulado Renewable Energy Soucers. Government promotion and economic evaluation, sólo 314 municipios españoles de un total de 7.587 municipios analizados habían adoptado la bonificación en el IBI, lo cual representa una muy pequeña proporción. Si bien la población de estos municipios representa el 32,20% de la población total española. Los municipios que mayormente aplican estas medidas, de acuerdo con las conclusiones apuntadas en el Workshop, son municipios grandes, con alto potencial solar, con viviendas predominantemente de multipropiedad, con menor estrés fiscal, de carácter rural, rodeados de municipios que aplican dicha medida y con mayores tasas de desempleo.
No obstante, independientemente de las medidas generales de promoción establecidas, resulta también adecuado que esas medidas se ajusten a la reducción de emisiones. Es decir, resulta adecuado que se establezcan mecanismos para que se promocionen las instalaciones que produzcan o consuman energías renovables que en mayor medida reduzcan las emisiones, pues no todas las energías renovables reducen en el mismo modo esas emisiones contaminantes. Por ello, es conveniente incentivar sólo instalaciones eficientes. En este sentido, D. Fernando Isorna Llerena, Jefe de Laboratorio de Energías Renovables del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio de Defensa, apuntaba en el transcurso del Workshop, a la necesidad de incentivar equipos solares de alta calidad, que no sólo presenten un rendimiento alto inmediato, sino que también sean capaces de mantener dicho rendimiento durante un periodo de tiempo elevado, garantizando este rendimiento a largo plazo a través de estudios de durabilidad de las tecnologías a instalar. De esta forma, las familias o empresas pueden recuperar la inversión con el ahorro energético producido en los años de funcionamiento de la instalación solar.
En el desarrollo del Workshop celebrado en Sevilla, la profesora Rocío Román, perteneciente a la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente ha presentado los avances metodológicos existentes para poder valorar económicamente el daño en la salud respiratoria asociada a la emisión de gases contaminantes. El avance en este estudio en un futuro, permitirá valorar en términos de salud infantil, el efecto de las medidas adoptadas a nivel local para disminuir las emisiones a través de políticas de ahorro y eficiencia energética y de producción de energías renovables.
Por www.fundrogertorne.org