Tras la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, se introduce una modificación de términos judiciales, “investigado” y “encausado” sustituirán a “imputado”, en el caso de investigado se aplicará en una primera fase y encausado en una segunda, siempre que a medida que avanza la instrucción se mantenga la acusación. La norma introduce plazos para la investigación de la causa; un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas, y de dieciocho en complejas, pudiendo dilatar la instrucción hasta los treinta y seis meses.
Asimismo la reforma sustituye el “inoperante plazo de un mes” para la instrucción de los procedimientos por “plazos racionales”, una vez transcurrido dicho plazo se debe decidir si continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional.
Otra modificación de la LECrim, es la introducción de mecanismos para evitar las ‘macrocausas’, es decir, se acortarán los tiempos ya que “cada delito producirá una causa y cada una una sentencia”.
El Ministerio Fiscal será el responsable de que se cumpla el sistema de plazos, lo que conllevará mayor agilidad en las indagaciones, así se evitará instrucciones interminables que dificulten el enjuiciamiento de los responsables.
En relación a la segunda instancia judicial, se fija que los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal. En caso de valoración de la prueba, la Audiencia puede devolver las actuaciones al Juzgado que dictaminó sentencia, solicitando nueva valoración de la prueba o, en su caso, la celebración de un nuevo juicio.
Para finalizar, Rafael Catalá, ministro de justicia, ha adelantado la creación de una vía procesal para adherir al Derecho español las sentencias que se dicten en el futuro por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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