La segunda fase de la reforma de las pensiones, aprobada por el Real Decreto ley 2/2023 , de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, está en vigor desde el 1 de abril, aunque algunas de las medidas irán desplegándose a lo largo del año y las principales, a partir de 2024 y de manera escalonada.
El Ministerio defiende que beneficiará sobre todo a 4 colectivos: los jóvenes, al evitar el recorte de pensiones que hubiera supuesto la aplicación del factor de sostenibilidad; los trabajadores con carreras profesionales irregulares; las personas con prestaciones más reducidas, al incorporar una mejora progresiva de las mínimas contributivas, no contributivas y de viudedad; y las mujeres, ya que se refuerzan las medidas para acortar la brecha de género en pensiones.
Carreras irregulares: podrán quitar los 2 peores años
A partir de 2026, el Gobierno permitirá jubilarse eligiendo el sistema de cómputo de la pensión más beneficioso para el trabajador, entre la fórmula actual de los últimos 25 años cotizados o el nuevo modelo, que se implantará escalonadamente durante 12 años, y que posibilitará, cuando esté completamente desplegado, contar los mejores 27 años dentro de los últimos 29 cotizados.
La Seguridad Social aplicará de oficio esta regla. Con esta segunda opción, se permite eliminar los dos peores años de cotizaciones a la Seguridad Social, y se mejora la pensión de los trabajadores con carreras profesionales más volátiles, que presenten amplios periodos en paro o lagunas de cotización, o personas que en sus últimos años ven reducido drásticamente su sueldo y, por tanto, su base de cotización.
Ganan las mujeres: mayor plus y cuidado de hijos
Un colectivo que sale reforzado con la reforma es el de las mujeres, puesto que se refuerzan las medidas para acortar la brecha de género en pensiones, mejorando el tratamiento de las lagunas de cotización y aumentando el plus para la reducción de la brecha de género.
El actual complemento de brecha de género subirá un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025, con lo cual mejorará el importe de las pensiones femeninas, afectadas por una gran brecha salarial durante toda su carrera laboral, que se traduce en prestaciones más bajas al retirarse. Este plus tiene en 2023 un importe de 30,40 euros mensuales por cada hijo o hija, con el límite de cuatro veces dicho importe.
Otro beneficio para las mujeres es que cotizarán el 100% de su jornada anterior cuando reduzcan su jornada por cuidado de hijos, durante todo el periodo que dure la reducción, según un acuerdo de última hora con Esquerra Republicana (ERC), que se incorporará a la reforma en la futura tramitación en el Congreso. También cotizarán al 100% en casos de incapacidad temporal por embarazos de riesgo.
Así se beneficiará quien cobre pensiones bajas
Desde 2024, las pensiones no contributivas crecerán por encima de la inflación anual, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. Según cálculos del Ministerio de Seguridad Social, estas pagas experimentarán un incremento del 22%, con lo cual, pasarían desde los alrededor de 6.800 euros al año actuales, hasta alcanzar cerca de 8.300 euros en 2027
La pensión mínima también aumentará desde 2024 de manera escalonada, hasta lo 16.500 euros anuales en 2027, lo que significa que sus perceptores pasarán a cobrar 1.200 euros mensuales (en 14 pagas).
Asimismo, empezando en 2024, las pensiones mínimas de viudedad subirán entre 1.775 y 3.800 euros anuales en cuatro años, equiparándolas así con las contributivas de jubilación. Está previsto que en 2024 estas pagas mínimas de viudedad se incrementen entre 40 euros al mes para las pensiones individuales, hasta los 126 euros más en caso de beneficiarias de viudedad con cargas.
Entrará dinero a la 'hucha' de pensiones
El Fondo de Reserva se irá rellenando de nuevo, ya que los ingresos que se obtengan con la sobrecotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) irán destinados a nutrirlo.
Si se cumplen las previsiones del Gobierno, alcanzará una cuantía entre 120.000 y 130.000 millones de euros hacia mediados de los años 40, el doble de lo que tuvo en 2011 (68.000 millones de euros), hasta ahora la cifra récord.
¿De verdad salen beneficiados los jóvenes?
Una de las novedades es que se duplica la cotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que a partir de 2024 crecerá una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029. Este mecanismo, en vigor desde el 1 de enero de 2023, supone ahora un extra de cotización del 0,6% (el 0,5% lo paga la empresa y el 0,1% el trabajador) y viene a sustituir al Factor de Sostenibilidad que estableció la reforma del año 2013, que según resalta el Gobierno, "suponía un importante recorte de la pensión inicial, especialmente de los más jóvenes".
Organismos como la AIREF, FEDEA, el Banco de España o el Instituto de Actuarios Españoles temen que el incremento de gastos que se avecina se pueda comer el margen fiscal de los Presupuestos Generales del Estado cada año, y que fondos que deberían usarse para políticas que beneficien a los jóvenes, vivienda, educación, lucha contra el cambio climático, tecnología... deba emplearse en pagar las pensiones".
Una de las novedades que trae la reforma del Gobierno es la creación de la denominada cuota de solidaridad, una cotización extra que pagarán los trabajadores cuyo sueldo supere la base máxima de cotización en cada año. Se trata de una cuota extra progresiva, en función de la parte de salario que exceda del tope anual.
La reforma impone pagar más a los sueldos altos
Así, a partir de 2025, se aplicará una cotización extra del 0,92% a salarios que vayan de la base máxima a un 10% superior. El siguiente tramo, que irá desde el 10,1% más de la base máxima hasta el 50%, sufrirá una cuota del 1%. Por último, los salarios por encima del 50% de la base máxima pagarán un extra del 1,17%.
Desde 2045, año en el que la cuota estará desplegada al completo, el primer tramo de ingresos tendrá una cuota extraordinaria del 5,5%, mientras que al segundo tramo se le aplicará un tipo del 6%, y al tercero, es decir, sueldos superiores a los 90.000 euros, soportarán una cuota de solidaridad extra del 7%.
Perjudica a los autónomos, denuncia ATA
La principal organización de autónomos, ATA, no cesa de criticar lo que tacha de graves perjuicios para el colectivo, ya que, según Lorenzo Amor presidente de ATA, esta reforma es una prueba de "la voracidad recaudatoria de Escrivá. El incremento del coste de pensiones lo cubrirá con un fuerte incremento de las cotizaciones, poniendo en serio riesgo el empleo y la viabilidad de empresas y autónomos, a las que seguirá esquilmando".
Según sus cálculos, "los autónomos deberán aportar el 40% de los ingresos adicionales destinados a mantener las pensiones en 2032, a pesar de que su gasto en prestaciones, a día de hoy, apenas si supera el 14% del total del sistema y representan el 16% del PIB.