Revisiones preescolares, confidencialidad, etiquetado y derechos de los niños

Hubo un tiempo en que para entrar en la escuela era necesario un certificado médico oficial. Generalmente lo hacía el médico de cabecera y nunca fue algo más que un requisito burocrático. El valor clínico o epidemiológico de los certificados médicos fue lo suficientemente cuestionado como para que el requisito desapareciera a finales del siglo pasado. Igual que mucho antes también desaparecieron la revisiones escolares masivas: aquellas colas de alumnos para que un médico “les echara las gomas”, les pusiera la prueba de la tuberculina o, incluso, se les sometiera a una radiografía de tórax con lo que se conocía como “fotoseriación”. Eran, como se dice, otros tiempos. No los tiempos de cólera, ni como se dice en los países catalanes “l’any de la picor”, en referencia a epidemias perdidas en la antigüedad, episodios de diarrea colèrica o de sarna que pica aunque no guste, retenidas en la memoria de las gentes. Pero si eran años de tuberculosis, la “peste blanca”, que enfermó y mató a millones, todavía terriblemente endémica en muchos países con el refuerzo que le ha dado la concomitante epidemia de VIH. Se tomaban precauciones bien intencionadas, aunque su eficacia fuese escasa.

El actual sistema asistencial de Pediatría de Atención Primaria ha hecho todo eso innecesario, pero no ha resuelto con claridad el traspaso de información clínica de los escolares al sistema educativo. Salvar esa distancia ha quedado más bien a la decisión de los padres de facilitar información médica en las encuestas que suelen acompañar a los trámites de inscripción. Tales suelen ser diferentes en diferentes áreas del país o escuelas y, en todo caso, de cumplimentación voluntaria. A veces la información se transmite de forma oral: mi hijo toma tal o cual medicina, tiene tal o cual problema sensorial, etc. según el criterio de importancia que los padres por un lado y los educadores por otro le den al tema. Sí se suele exigir un certificado de vacunación.

El puente de dos direcciones de la comunicación padres-educadores no siempre se cruza con fluidez. Padres pueden ocultar o presentar información parcial y educadores limitarse a transmitir informaciones inespecíficas y generales. Las motivaciones pueden ser múltiples. La necesaria protección de la confidencialidad de los datos médicos como pertenecientes a la intimidad, que además intente evitar el etiquetado o la estigmatización de los niños, puede impedir que la atención a los problemas de salud se pueda hacer con eficacia en la escuela. En la dirección contraria, los maestros pueden callarse observaciones sobre un alumno para evitar que se cuestione su criterio o se generen conflictos.

Aún se complican más las cosas cuando intervienen administraciones más o menos mastodónticas o despersonalizadas que, pretendiendo decidir para todos, omiten la necesaria individualización de los casos concretos. Si a eso se suma la incongruencia maligna de algunas administraciones como la que dirige el ministro Wert y su ley, todo puede ser aún peor. No se libra de ello la administración educativa catalana cuando ha anunciado el requisito de que la información social de un niño o una familia debe llevar añadido un informe médico para tener acceso a algunas prestaciones educativas especiales. Esto ha motivado una nueva polémica en los medios por más que la conselleria de Educación haya intentado justificarlo.

Parte de esas decisiones se originan de la publicación de un informe de la Fundación Jaume Bofill, especializada en temas educativos, que explica el círculo perverso existente entre el éxito educativo (o su fracaso) y la pobreza infantil. Lo estúpido es que la conselleria sólo pide el informe médico para las escuelas de los barrios pobres, eufemísticamente descritos como “centros educativos de alta complejidad socioeconómica”. Las administraciones son verdaderos artistas en retorcer los conceptos.

La información clínica tiene que servir para facilitar la asistencia y el cuidado. Si un escolar tiene asma y usa inhaladores o una adolescente está embarazada y no hace gimnasia, tiene que conocerse. Y unos y otros deben ser muy cautos en el uso que se hace de esa información en lo que tenga de confidencial. El respeto al secreto profesional, a todos los efectos éticos, afecta a sanitarios y educadores por igual. Uso esos dos ejemplos porque pronto o tarde los detalles se van a hacer evidentes: uno usando el Ventolín antes del partido y la otra teniendo que cambiar los tejanos por mamitas. Como pueda serlo el uso de prótesis, los defectos físicos o las peculiaridades étnicas.

Aquí, una vez más, los pediatras, los médicos que atendemos niños y sus familias tenemos que imponer algo de sensatez en todo el contexto. Si un niño padece epilepsia y precisa anticomiciales, o es diabético y precisa insulina, su maestro debe saberlo. Si un niño tiene antecedentes de una enfermedad hereditaria, no necesariamente. Si un niño vive en una zona de la ciudad de “alta complejidad socioeconómica”, el médico no tendrá que informar nada diferente de uno que viva en otra de “baja complejidad” pero “alta capacidad económica insolidaria”. Y, en cualquier caso, la responsabilidad del pediatra social no se salda ni se conforma a un “certificado médico”. En todo caso y en todos los casos, hacer siempre que se respeten los derechos del niño, de cada niño, único, singular e irrepetible.

X. Allué (Editor)