El Diario Médico del 10 de noviembre de 2011 recoge una noticia bajo el titular “Galicia cobrará en uso irresponsable de la sanidad” (1). Tal intención parece razonable e incluso loable en los difíciles momentos de financiación de los servicios públicos. Sin entrar en diatribas políticas entendemos que esas intenciones deben observarse con detenimiento, analizando la forma en que se concretan para comprobar si su repercusión afecta al derecho a la asistencia y a la calidad de los servicios sanitarios.
Hiperfrecuentación, fraude, falta a citas, incumplimiento terapéutico, prácticas de riesgo, consumo de sustancias nocivas,…Los posibles criterios para cobrar el uso de los servicios sanitarios públicos no están delimitados, pero muchos verían con buenos ojos que algo se hiciera en esta línea. Parece lógico buscar un uso eficiente de los recursos, lo hemos dicho en esta bitácora en más de una ocasión. Lo que no lo es tanto, como en otros ámbitos, es que hayamos esperado a esta crisis para intentar escudriñar en los balances de cuentas y encontrar de dónde se puede recortar. La apuesta por la eficiencia, por el uso adecuado de unos recursos que son de todos debería ser una constante en los gestores y una autoexigencia en los que usamos esos recursos, profesionales y usuarios.
La fisioterapia es causa y víctima de una utilización distorsionada por parte de los responsables de derivar pacientes (médicos de familia, rehabilitadores, traumatólogos, etc.) y por los propios pacientes. La obstinación terapéutica, las prácticas con poca o nula justificación científica, la reiteración de tratamientos manifiestamente ineficaces, la hipersolicitación de asistencia fisioterápica, son circunstancias presentes en el trabajo cotidiano del fisioterapeuta que contribuyen a un gasto sin repercusión efectiva en la salud . Su corrección ayudaría a aliviar un poco las cuentas de los centros asistenciales por disminución de gasto directa e indirecta, al facilitar la fisioterapia de pacientes con posibilidades de mejora.
Esta reflexión necesaria, y de la que tendrían que surgir iniciativas de acción para enmendar la situación, no ha de suponer una amenaza, en nuestra opinión, para la accesibilidad a los servicios sanitarios, para la equidad en el Sistema Nacional de Salud ni para la prestación de una atención de calidad científica. Con la excusa de un empleo impropio de los medios e instalaciones asistenciales no ha de venir una remodelación que trabe la dispensación de medidas de diagnóstico, tratamiento o prevención. Por ello creemos que es necesario concretar los criterios y las reglas para establecer mecanimos de exacción sanitaria, sin intenciones ocultas ni afán recaudatorio. En definitiva, punir la inadecuación en el usufructo de los servicios públicos de salud, cobrar cuando se “es” malo, y promover y proporcionar asistencia de calidad cuando se “está” malo.
Referencia
1. Lagoa M. R. , Diario Médico. Sanidad. 10 de noviembre de 2001. Acceso 11/11/11 en http://www.diariomedico.com/2011/11/10/area-profesional/sanidad/galicia-cobrara-uso-irresponsable-sanidad .
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