Que el cáncer es una de las enfermedades con las que más negocio se hace es obvio. Y que el precio de los fármacos está convirténdose en un asunto de chantajes también: cuánto más necesario más cuesta. O tu Gobienro paga o… Lo hemos visto claro con el Sovaldi para la hepatitis C y se repite en casos como los de los fármacos para el cáncer Glivec (imatinib) o Imbruvica (ibrutiniv).
Entidades de prestigio en asuntos médicos y sanitarios como las fundaciones Misión Salud e Ifarma y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional están pidiendo al Gobierno de Colombia que se acoja a su derecho de emitir una licencia obligatoria, es decir, obviar la patente de Glivec por motivos de salud pública.
Es lo que se pide en España y a lo que su Gobierno está haciendo caso omiso, en el caso de los nuevos medicamentos para tratar la hepatitis C, como el famoso Sovaldi. Si este puede ser eficaz en el 90% de los casos, Glivec ayuda a controlar la leucemia en el 90% de los pacientes (eso dice el productor, desconozco si se han hecho revisiones independientes de los ensayos clínicos del mismo).
Cuentan desde Colombia que para que no le salieran competidores de manera legal, Novartis ha practicado el “matoneo judicial” y se ha salido con la suya. La empresa dice que no se presentan las condiciones de utilidad pública y que ha intentado negociar con sus rivales.
Imbruvica fue desarrollado por una empresa comprada por Pharmacyclics al precio de 6,6 millones de dólares. Ahora multinacionales como Johnson & Johnson y la propia Novartis se la disputan y su venta podría alcanzar los 19.000 millones. Como publica El Economista:
El cáncer es una de las áreas más lucrativas del desarrollo de fármacos, e Imbruvica es una píldora fácil de usar, que cuesta alrededor de 100.000 dólares al año, evita ciertos efectos secundarios graves de la quimioterapia, y los pacientes pueden recibirla durante largos períodos de tiempo”.
Imbruvica también se usa en el tratmiento de la leucemia pero si Glivec está indicado para la mieloide crónica el primero es para la leucemia linfocítica crónica (LLC).
Lo cierto es que estamos en una encrucijada entre los intereses de la población y los de una industria que especula con sus medicamentos y por tanto con la vida de las personas.
Las licencias obligatorias se han expedido ya en Ecuador, por ejemplo. Allí se han declarado nueve de estas licencias. Estados Unidos y Canadá han autorizado más de 200.
Creo que la producción de un fármaco debería hacerse con criterios de necesidad social y que ha de costar un precio razonable en función de lo que ha costado producirlo. Por eso urge promover industrias farmacéuticas públicas.
Parece que, como vengo explicando las últimas semanas, está pasando el tiempo en que los precios de los medicamentos se marcaban en función del I+D y ahora se impone el chantaje, el lobby, la presión judicial para conseguir el precio más alto posible por deshorbitado que pueda ser este mientras quienes han de recibir el medicamento asisten espectante al juego con su salud.
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