Hay funciones del Estado que tanto la izquierda como la derecha se ven obligados a ejecutar de forma muy parecida: la seguridad ciudadana y la defensa nacional son los mejores ejemplos. Pero incluso en estas cuestiones hay ciertos matices. Respecto a la seguridad ciudadana, se puede mencionar ley de huelgas, ocupación del espacio público y privado y lo que se entiende por atentados contra la autoridad (todo lo que toca esta categoría). Respecto a la defensa nacional, se puede mencionar la cultura de defensa y la forma en que la defensa se relaciona con la política exterior. Es decir, por una parte se trata de ver cómo queremos que se relacione la policía con el ciudadano y qué papel juega para aliviar los conflictos entre los ciudadanos. Por otra parte, qué tipo de política exterior queremos y qué papel deben jugar aquí las Fuerzas Armadas.
Más allá de estos tradicionales roles del Estado, están aquellas políticas que tienen que ver con no dejar a la gente tirada en el fango. Nos debemos preguntar si queremos a una administración que construya un centro de la juventud o si por otra parte dejamos que la comunidad decida. Si desde la derecha liberal preferimos que no haya un programa estatal de centros de la juventud, lo que hay que plantear es que aquellos lugares que sí quieran tenerlo, se lo costeen con impuestos locales. En general, quienes pensamos que es ético dejar que la gente pueda escoger, rechazamos los programas estatales y la planificación. Y henos aquí que nos encontramos con el primer gran problema.
Puede llegar a darse el caso que sólo quien se los pueda costear, acceda a servicios que la comunidad entienda como básicos. En caso de que la oferta privada no cubra la demanda ¿es función del Estado proveer esos servicios? Se va viendo una cierta preferencia por presentar presupuestos públicos de base cero. Pero hay más: ¿qué ocurre cuando una actividad perjudica a terceros? Debe entrar un agente reconocido por las partes para mediar. ¿Qué ocurre cuando la actividad afecta negativamente a una mayoría? ¿Se impone la dictadura mayoritaria? ¿Cómo se respetan los derechos del que está en minoría? En miles de años de historia no hemos descubierto nada mejor que la imposición de la fuerza bruta. Esto es lo que nadie quiere oir, pero si el consenso no funciona, no queda otra. O se cambia la sensibilidad del afectado, o se nombra a un árbitro que establezca las reglas. Si el árbitro tiene cazas de combate, la gente está más dispuesta a hacerle caso. Sí, lo de los cazas lo digo para llamar la atención. Realmente, por fuerza bruta entiendo aburridas normas administrativas, con sanciones económicas que el Estado debe usar para... proteger a quienes no pueden elegir de quienes sí pueden elegir.
La libertad de comprar o no pan, sólo la tiene quien tiene el dinero para comprar pan. Para eso hace falta dejar a mucha gente en paz, sí, pero también, ofrecer oportunidades a quienes están en el arroyo. Aquí entra el tema de la igualdad de oportunidades. No los programas estatales de igualdad «de la cuna a la tumba», sino aquellas cosas con las que no contamos. Véase un terremoto. Sobre el papel, un infinito sistema de compañías de seguros puede proveer servicios, pero sobre el papel, también pueden quebrar todas a la vez (o no llegar a la quiebra pero estar en una situación que les impida responder como debieran). Tras un terremoto o un bombardeo, se necesita algo que no pueda quebrar (o eludir su responsabilidad), algo que pueda relocalizar los productos del trabajo para ser capaz de dar servicio a una gran cantidad de personas, de forma coordinada y sin que nadie discuta.
No necesitamos al Estado para ver un mensaje de esperanza en la sonrisa de cada niño, sino para estar ahí cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. El Estado suele ser un incordio y es necesario limitar constitucionalmente hasta dónde puede meter sus narices. Eso no significa que el Estado sea algo intrínsecamente malo. En los lugares donde se deja a la gente emprender, la gente lo aprovecha y mejora su situación. No nos importe que los ricos se hagan más ricos, no nos importe que las empresas den beneficios: son cosas buenas para la comunidad. Nos debe importar que la gente se empobrezca no debido a su propia torpeza, sino a situaciones que no dependen de ella. E incluso en situaciones provocadas por la torpeza, pensemos qué tipo de ayuda pueden ofrecer el asociacionismo, las fundaciones sin ánimo de lucro y la caridad. Una sociedad próspera tiende a ver menos casos en que la ayuda al prójimo sea necesaria. Las sociedades prósperas están relacionadas -empírica, incuestionablemente- con pocas regulaciones de la esfera privada (social y económica) de la gente.
Se va viendo cómo estos temas requieren de métodos de toma de decisiones comunes. Desde hace miles de años, hemos estado probando métodos, el que mejor parece funcionar es aquel que incluye a cuanta más gente mejor en la toma de decisiones. No porque sea más «justo» sino porque te ahorras conflictos y células de inestabilidad. No es racional buscar un sistema político que haya que cambiar cada dos por tres. La estabilidad es buena.
También se va viendo cómo, si lo que nos preocupa es la libertad individual, para resolver posiciones conflictivas es necesario que la gente tenga la sensación de que es importante. Dotar a las personas de poder efectivo tanto en las decisiones que les afectan como frente a la arbitrariedad del poder, deben ser objetivos que aparezcan en la primera página de cualquier manifiesto liberal. Problema de esto: no puedes prever el comportamiento de la gente en las próximas generaciones. Volvemos a la necesidad de limitar la acción de gobierno en un texto constitucional.
Relacionada con la radicalidad democrática está la sensación de la gente de que el liberalismo tiene más que ver con banqueros y multinacionales que con pepitos que compran el pan todos los días. En general, la derecha es horrorosa en sus relaciones públicas. Se ha centrado más veces en desarrollar un discurso económico que en los aspectos éticos de la acción política. El liberalismo tiene que jugar con la radicalidad democrática para frenar situaciones de abusos de poder. No sólo cuando los abusos vienen de la administración, sino también de la esfera privada. Echo de menos a la derecha liberal cuando se trata de denunciar el control de precios que hacen cárteles empresariales (combustibles, leche y comunicaciones son ejemplos a la puerta de casa).
Y ya que hablamos de abusos de poder, podemos hablar de los privilegios. En sentido histórico, hablar de liberalismo político es hablar de acabar con privilegios. Bajo la caliente ala del Estado, prosperan cotos de privilegios cerrados a la aparición de nuevos actores: colegios profesionales, distribución de medicinas, sectores productivos que no pueden competir sin políticas proteccionistas,... Estos privilegiados no sólo hacen perder dinero a todo el mundo, sino que impiden que otros puedan ganar dinero o que la tarta se reparta.
Siendo esta una introducción a grandes rasgos del liberalismo que se puede permitir la sociedad a la luz de las actuales preferencias de los ciudadanos, nos encontramos con que nada o casi nada de esto se hace hoy en día en este país.
- Siendo la seguridad y la defensa las funciones más críticas del Estado, sorprende que sean los funcionarios peor pagados. ¿A quienes les exigimos más, les ofrecemos menos?
- Acerca del gobierno limitado, en España somos especialistas en no limitar la acción de gobierno. No quiero decir que el gasto público sea mayor que en otros países de nuestro entorno (no lo es), sino que pedimos al Estado que haga cosas para las que
- no tiene dinero.
- es más eficiente el sector privado.
- afectan a la calidad democrática.
- En España se rehúye el debate sobre el significado de la Seguridad Social. Quien recibe una pensión no lo hace en pago de los años cotizados, sino como una mera ayuda asistencial, independientemente de su contribución pasada.
- ¿Quién paga qué? Varios niveles de la administración se encargan de las mismas cosas. Tenemos un sistema político descentralizado sobre el mapa de la administración central. En una misma calle puede haber una biblioteca municipal y una de la diputación provincial. El gasto público en este país se usa de forma electoralista. Los políticos aprueban servicios y no dicen de dónde van a sacar los recursos (de ahí que el gasto público afecte a la calidad democrática).
- La mayor parte de los ingresos recae en una administración y el mayor gasto depende del resto. Los políticos carecen de incentivos para contener sus planes propagandísticos.
- Sobre el Estado del Bienestar español sabemos muchas cosas, menos sus fines. En este país, el ser más desprotegido, seguirá estando desprotegido. Tenemos un Estado del Bienestar (educación, sanidad, desempleo...) que protege a la clase media que cotiza en el sistema. Quienes están por debajo, viven excluídos. En puridad no es un Estado del Bienestar, sino una mera situación monopolista de provisión de servicios a un sector concreto de la sociedad (una UTE de Movistar y El Corte Inglés podría sustituir a nuestro Estado del Bienestar en una semana).
- Acerca del poder electoral, se podría hablar sobre la poca o nula capacidad de influencia del elector sobre el elegido salvo en periodos electorales.
Dicho esto, un partido liberal que aspire a ser algo más que un club de petanca, se encuentra ante un país donde todo esto realmente importa poco. Lo que importa a la gente es que haya trabajo. Que haya trabajo no es una cuestión de vicio (no tenemos problemas con vivir en un país donde toda la población sea rentista), sino de supervivencia. Nuestro bulímico mercado laboral deja desprotegidos a los que parten con desventaja. Y una vez desprotegidos no pueden acceder a la cobertura pública del Estado del Bienestar. Si cotizas discontinuamente, no tienes seguro de desempleo. Si has cotizado décadas, al margen de lo que hayas ahorrado, sí tienes cobertura pública por desempleo. Si has cotizado mucho a lo largo de tu vida, es más probable que hayas ahorrado o cuentes con una jubilación privada, pero aún así, recibirás la jubilación pública más alta. Se protege al protegido y se desprotege al desprotegido. Se hace lo contrario de lo que nos venden.
Mercado laboral y Estado del Bienestar son los grandes temas donde se han aplicado las políticas menos liberales. Y sépase que no es una cuestión de quién va a gobernar mañana, es una cuestión de que corremos contra la demografía.
Un partido de derecha liberal que se presente para gobernar y no para hablar de las últimas novedades en el mundo de la petanca, debe hablar de reformar el Estado del Bienestar y debe estar preparado para salvar obstáculos. Tiene que hablar del mercado laboral dejando atrás las políticas socialistas del franquismo, establecidas para frenar la respuesta social. En Dinamarca, Holanda, Suecia y otros paraísos «neoliberales» o «neocomunistas» (según con quién hables), la indemnización por despido es cero, y la protección del desprotegido existe para sacarlo de esa situación, cosa que redunda en la prosperidad de todos.
¿Hay otros métodos para llegar a una sociedad próspera y libre? Probablemente sí, pero ésa es una pregunta incorrecta. Antes, se trata de ganar y para ganar hay que convencer a la gente y no hablarles en chino. Por tanto la pregunta sería ¿de qué forma políticamente aceptable se puede vender una política liberal? Dicho de otro modo, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre el liberalismo político y las preferencias de los españoles?
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