En mayo de 1981 se detecta una enfermedad nueva en España, que afecta rápidamente a un creciente número de individuos. En los primeros días surgen diversas hipótesis de urgencia sobre el origen que desencadenó la epidemia, hasta que el gobierno anuncia por televisión que la culpa es una partida de aceite de colza desnaturalizado, distribuido en venta ambulante. Los industriales y comerciantes que intervinieron en el proceso de importación, manipulación y distribución de este aceite son quienes se sentaron en el banquillo de los acusados. Pero hubieron otros científicos que evidenciaron que el aceite presuntamente tóxico no pudo haber sido el causante de la tragedia...
El aceite de colza se importaba desde Francia, con licencia para su uso industrial, por lo que era mucho más barato que el aceite de oliva para el consumo humano. Este aceite de colza tenia que venir desnaturalizado, lo que implica que se debería de haber teñido con un 2% de anilinas para que su aspecto no invitase a su ingestión. A los industriales que se sentaban en el banquillo se los acusaba de estar involucrados en un negocio que se dedicaba a renaturalitzar este aceite de colza: le sacaban el tinte -es decir, las anilinas-, para desviarlo hacia el consumo humano. En este proceso de renaturalitzación se generaban anilidas. Según el Gobierno, las anilinas y anilidas que contenía el aceite serian las substancias tóxicas a las que cabría atribuir el envenenamiento masivo. Esta definición volvió a cambiar más tarde, y se optó por la sibilina expresión "que el aceite de colza era el vehículo del agente tóxico desconocido".
El fraude del aceite tiene una larga tradición en España. En los años ochenta, la producción anual de aceite de oliva se situaba en aproximadamente en 450.000 toneladas. De éstas, se exportaban 100.000. Si se tiene en cuenta que, según reconocía el Ministerio de Agricultura, en todo el estado se consumían unas 800.000 toneladas de aceite de oliva, se puede suponer que una gran cantidad de este aceite no provenía de aceitunas.
La sentencia de 1989, tras el 'juicio de los aceiteros', consideró hechos probados que el brote epidémico estaba relacionado con la ingestión de aceites desprovistos de etiqueta procedentes de la venta ambulante sin ningún control sanitario. El 20 de mayo de 1989, la justicia dirimió la causa abierta a 38 empresarios relacionados con el envenenamiento masivo por el aceite de colza con fines industriales utilizado de forma fraudulenta. Ocho años después de que falleciera el primer intoxicado, sólo 13 de ellos fueron condenados a penas de entre seis meses y 20 años de prisión, sanciones muy inferiores a las solicitadas por el fiscal. En el proceso pasaron 1.500 testigos y 200 peritos. Además, un segundo sumario abierto en 1992 dio lugar a la sentencia de altos cargos, de 1996, que establece la responsabilidad subsidiaria del Estado en el pago de las indemnizaciones.
Sobrevivir intoxicado
El 1 de mayo de 1981 muere la que se considera la primera víctima de la intoxicación por aceite de colza: Jaime Vaquero, un niño de ocho años de Torrejón de Ardoz (Madrid). En un principio se le diagnosticó como 'neumonía atípica', pero varias semanas después se atribuyó la enfermedad a una intoxicación con aceite adulterado. Las cifras del síndrome tóxico dejaron unos 25.000 afectados con malformaciones de por vida en una veintena de provincias y más de 1.000 muertos.
Pero a los españoles se nos da muy bien olvidar. Las víctimas desaparecieron de los periódicos, de las televisiones y de nuestras vidas cuando los empresarios que vendían aceite de colza en mal estado fueron condenados. Y asumimos que todo lo demás se había arreglado, que los supervivientes se habían curado, que la epidemia había desaparecido tan deprisa como apareció.
Han pasado más de treinta años pero todavía se puede descubrir a más víctimas del entonces llamado síndrome tóxico. Carmen Cortés es una mujer enérgica, animosa y luchadora. Ha venido recogiendo firmas para el manifiesto de una asociación de afectados bautizada con el nombre - Seguimos Viviendo -. Su propia historia es la de una niña de catorce años que una tarde del verano de 1981, en Benalmádena (Málaga), descubrió que era incapaz de subir las escaleras que había bajado un par de horas antes para ir a la piscina. Y aquella noche tuvo ya unos dolores tan agudos que no pudo dormir.
Después de una larga odisea de ingresos hospitalarios, altas prematuras, reingresos, pruebas sin cuento, maniobras políticas y carpetazos administrativos, Carmen conservó el dolor, la perpetua e incesante tortura que ha marcado su vida hasta los cincuenta años que tiene actualmente. Decidió que no quería ser una víctima, que prefería vivir como si estuviera sana, imponerse a fuerza de voluntad a las limitaciones físicas de su enfermedad, y lo logró a costa de un sacrificio personal inmenso. Pero sigue estando enferma, y tan desamparada como todas las víctimas de aquella extraña epidemia, que ni siquiera saben cuál fue en realidad el verdadero agente de su desgracia. Porque en las casas de muchos afectados nunca se consumió aceite de colza. Porque la investigación de aquel caso se abandonó hace mucho tiempo. Porque un síndrome que afectó a miles de españoles y causó cientos de muertes ni siquiera se estudia en las Facultades de Medicina de este país.
Quienes siguen viviendo sólo disponen de una consulta específica, situada en el pabellón de maternidad de la sexta planta del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Allí, la doctora María Antonia Nogales trata desde hace veinte años a unas quinientas personas que han ido llegando hasta ella a través del boca a boca. Eso es todo aunque la mayoría de los afectados siguen presentando síntomas graves, dolores neurológicos y musculares tan intensos que salir a la calle, hacer una vida normal, representa una auténtica hazaña para ellos.
Además de la tortura física, las víctimas de aquella epidemia padecen un tormento burocrático. Aunque en la mayoría de los casos tienen reconocida la incapacidad absoluta, sólo cobran ayudas quienes habían cotizado en la Seguridad Social en el momento de enfermar. Como la mayoría de los afectados fueron mujeres y niños, son muy pocos quienes pueden hacerlo, pero no es dinero lo que piden. Al contrario, les horroriza recordar la imagen de abusones y aprovechados con la que cargaron por cobrar unas indemnizaciones de las que, aunque eso tampoco lo sabe nadie, les descontaron el tratamiento que habían recibido, las sillas de ruedas, la fisioterapia, incluso la lactancia artificial de las enfermas a las que les prohibieron amamantar a sus hijos.
Los miembros de Seguimos Viviendo se han movilizado para que los españoles de ahora sepan que existen, que siguen enfermos, que siguen sufriendo. Para que se investigue su enfermedad, para que los mayores que ya no se valen por sí mismos reciban ayuda, para que no sigan olvidados.
El censo de afectados por el SAT (síndrome aceite tóxico) según el anterior gobierno de Mariano Rajoy, es de 12.458 : "Todos ellos disponen de farmacia gratuita. Además, cabe destacar que hay 3.810 beneficiarios que también disponen de ella", aseguraba. Pero según la Plataforma Seguimos Viviendo este censo asciende a 20.000 en toda España. Ni tan siquiera hoy en día se puede realizar un balance sobre las víctimas fallecidas por esta enfermedad rara. Las cifras se mueven entre 1.000 y 5.000 muertes. La falta de interés político está detrás de este baile de cifras.
Han pasado más de tres décadas de aquellos primeros días en los que los hospitales se colapsaron con pacientes que llegaban con dolores en las extremidades, dolores de cabeza, con vómitos, picores en la piel, manchas o dificultad para respirar, pacientes de todas las edades. Dolor crónico y cansancio son solo dos de las sensaciones con las que viven todos los enfermos por este envenenamiento. "El organismo sufrió mucho, primero por la enfermedad y después por los tratamientos agresivos que tuvieron que aplicarnos", explica Carmen Cortés, que se siente afortunada porque su tratamiento inicial incluyó rehabilitación o férulas en las extremidades para evitar malformaciones. Otros no corrieron esa suerte pues en muchos casos no se sabía cómo actuar.
El SAT afecta a todos los órganos y vasos tales como los pulmones, nervios periféricos, músculos, piel, tracto digestivo, hígado y páncreas. La lesión histopatológica principal consistió en fibrosis de la luz de los vasos pero también de la piel, nervios periféricos y tracto intestinal. Mujeres y menores fueron los más afectados por esta enfermedad.
El SAT nunca se cura, todos los afectados empezaron en el mismo momento y en la misma época. El SAT es una de las enfermedades más investigadas dentro y fuera de España. Desde el principio muchos médicos investigaron pero más de tres décadas después los profesionales de la medicina desconocen cómo tratar a los enfermos.
Envenenamiento masivo
La primera víctima de la epidemia muere el primero de mayo de 1981, a los cinco días de su ingreso en el hospital. La afección que causó el fallecimiento se denominó la 'enfermedad del legionario'. Sin embargo, se propagó por la Comunidad de Madrid muy rápidamente poniendo en jaque a las autoridades sanitarias. En apenas dos semanas, seis personas fallecieron mientras la epidemia se extendía a cuatro provincias más. El gobierno tardó 50 días en ofrecer una versión oficial sobre la enfermedad que ante la avalancha de pacientes que colapsaron los hospitales de Madrid, se diagnosticó como una neumonía atípica y distintos laboratorios recibieron muestras para su análisis.
El trabajo de campo del doctor Tabuenca Oliver, subdirector del Hospital Niño Jesús (Madrid), determinó que la causa que había provocado la intoxicación generalizada era el aceite de colza adulterado vendido a granel. A partir de ese momento, palabras como 'anilina', 'desnaturalizado' o 'refinado' se harían habituales entre la sociedad, conmocionada tanto por el transcurso de los acontecimientos como por la inacción de los representantes públicos. Y esa sería la versión oficial para todos los efectos.
Simultáneamente, otros investigadores siguieron otras pistas distintas que conducen a un origen tal vez más lógico para la epidemia, si tomamos en consideración todos los elementos que conformaron la intoxicación detectada en 1981. Esta pista tiene su punto de partida en una combinación insecticida: nematicida organotiofosforado que envenenó a las más de 60.000 víctimas que consumieron tomates tratados con éste insecticida.
En una reunión celebrada el 10 de Mayo en el Ministerio de Sanidad el doctor Antonio Muro Fernández-Cavada, director en funciones del Hospital del Rey, apuntó en la dirección de una nueva vía de contagio de la patología: la digestiva. Lo hizo a tenor de sus observaciones en los pacientes que estaban llegando a ese hospital. Al coincidir en ellos la ingesta de ensaladas puso a personal a su cargo a recoger muestras de lechugas y cebollas en mercadillos de las áreas afectadas. El doctor Muro fue objeto de una intensa polémica y muy criticado por las autoridades sanitarias al mantener la tesis de que el envenenamiento masivo se debió a una partida de tomates tratados con un compuesto de insecticidas organotiofosforados, cultivados en Roquetas de mar, en Almería que después fueron comercializados. A los pocos días de que la enfermedad llenara los centros de salud y los hospitales, aseguró que ésta se contraía por vía digestiva y no por vía aérea como aseguraban las autoridades sanitarias, y enseguida fue destituido de su cargo como director en funciones del Hospital del Rey. Se especuló con que su cese tuviera que ver con algún experimento realizado consigo mismo. Sin embargo, es más razonable pensar que fue por saltarse los cauces de comunicación oficial establecidos para difundir sus hipótesis.
Mientras el Ministerio de Sanidad seguía dictando que el origen de la enfermedad había que buscarlo en un micoplasma de transmisión aérea y de entrada en el organismo por vía respiratoria, el Dr. Muro ya afirmaba el 10 de mayo de 1981 que eso era imposible, y que la vía de transmisión era necesariamente -dadas las características de la sintomatología- la digestiva. El letrado Juan Francisco Franco Otegui denunciaba ante el Parlamento Europeo el 26 de octubre de 1986 que el gobierno había condicionado los diagnósticos, ocultado o retrasado el reconocimiento de síntomas de la enfermedad, y manipulado resultados analíticos para añadir que "paralelamente, la Administración impidió el desarrollo de hipótesis alternativas valiéndose de todo tipo de medios incluidos la ocultación y falsificación de todos aquellos datos que exigían la apertura de nuevas líneas de investigación."
Otro mensaje fue el del doctor Luis Valenciano Clavel, Director General de Salud Pública. Este virólogo, pionero en 1964 de la vacunación para la poliomielitis en España, afirmaba que "los informes de que se disponen apuntan hacia una transmisión por vía aérea, y se sospecha bastante fundadamente que cuando los miembros de una misma familia enferman es porque hay una fuente común de infección, no porque unos contagien a otros. Yo diría que se trata de un brote poco contagioso".
Pero los casos seguían aumentando y en nuevas zonas como Castilla y León. El día 15 de mayo ya hay 565 casos y la novena víctima mortal: un bebé de 22 meses. El ritmo es de una muerte y más de 100 nuevos casos diarios.
Un médico militar, el teniente coronel Luis Sánchez-Monge Montero, envía al gobierno, al INSALUD, a la sazón Director General de la Salud Pública, un informe en el que afirmaba que el origen de la grave enfermedad radicaba en un veneno que bloqueaba la colinesterasa, y en el que explicaba cómo había que curar a los enfermos. Mas adelante definiría este veneno como un compuesto organofosforado. No se trataba de una aventurada teoría pues ya había conseguido curar a unos cuantos afectados. Pero nadie reacciona en el INSALUD ni en la Dirección General de la Salud Pública. Además el Dr. Sánchez-Monge envía también un informe sobre sus evaluaciones y curaciones a la publicación especializada "Tribuna Médica".
También el Dr. Angel Peralta Serrano, jefe del departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de la Ciudad Sanitaria de La Paz, de Madrid, en artículo publicado en el diario "Ya" de fecha 12 de mayo de 1981, afirmaba, refiriéndose al síndrome tóxico, que en su opinión los cuadros clínicos que se habían presentado en aquellos primeros días, mejor se explicaban por una intoxicación por insecticidas organofosforados, que no por una simple infección viral.
El mismo día 12 en que aparece el artículo del Dr. Peralta hablando de organofosforados, una llamada telefónica de Madrid -del Dr. Gallardo del Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitaria- a Atlanta, en el estado norteamericano de Georgia, pide ayuda al Epidemiology Program Office del Center for Disease Control (CDC), que envía a Madrid al epidemiólogo William B. Baine, quien también sigue apuntando a algún patógeno aún sin aislar. Tal y como manifestaría más tarde la eurodiputada Dorothee Piermont, investigadores y víctimas implicadas son de la opinión de que datos, historiales clínicos y documentos establecidos con ocasión de la visita del epidemiólogo norteamericano, fueron transferidos íntegramente al CDC estadounidense, no siendo por tanto accesibles ya a los investigadores españoles que consideran falsa la hipótesis del aceite.
Un rumor empezó a tomar fuerza. Se trataba de la base aérea militar norteamericana de Torrejón de Ardoz: la supuesta prueba de un arma química o bacteriológica. En julio, cuando se contabilizaban 62 muertes, el entonces gobierno español calificó el envenenamiento masivo como 'un desgraciado incidente'. Mientras tanto, el número de afectados no paraba de aumentar.
Los investigadores independientes sospechan que alrededor de la intoxicación podría haber un caso de ensayo con armas químicas. En el prólogo del libro "El montaje del Síndrome Tóxico", el periodista Rafael Cid reconoce que el mismo CESID investigó directamente el caso. El trabajo de dos oficiales de este centro concluía que la tesis del aceite no se sostenía. El informe, elevado al entonces director del CESID, Emilio Alonso Manglano, apuntaba hacia un ensayo de guerra química como detonante de la epidemia.
En octubre de 2011, el forense Luis Frontela afirmó en una entrevista al diario ABC que, al informar al profesor Vetorazi, secretario de la Organización Mundial de la Salud, de que el síndrome tóxico no se debía al aceite de colza, sino a la ingesta de plaguicidas, el secretario le contestó que ya tenían conocimiento de ello.
Presuntas sospechas
Uno de los pilares en los que basan su acusación quienes argumentan que el origen del síndrome tóxico radica en el aceite de colza desnaturalizado, es el hecho de que la enfermedad comienza a decaer desde el momento en que deja de ser consumido el aceite sospechoso: el 10 de junio de 1981 se anuncia por vez primera por TVE la posible relación de unos aceites sospechosos con el origen de la enfermedad. El 17 de junio se da la orden de retirada de estos aceites sospechosos. Y el 30 de junio de 1981 comienza la operación efectiva de canje de los mismos por aceite puro de oliva. A partir de este día, según la tesis oficial, comienza a remitir la enfermedad, comienza a decaer la curva de incidencia de entrada de nuevos enfermos en los hospitales.
Hay otras consideraciones que excluyen la posibilidad de que el aceite de colza desnaturalizado fuera el causante de la tragedia. Si fuera el aceite el causante, ¿cómo se explica la discriminación intrafamiliar? Esto es: ha quedado constatado que es muy rara la afectación de toda la familia, puesto que siempre permanecen invulnerables alguno o algunos de sus miembros. Por lo que, dado que el aceite en una cocina como la española es consumido por todos, éste es difícilmente el vehículo del tóxico. Lo mismo cabe argumentar dado que es sabido que el 'garrafista' haya vendido lotes completos a distintos vecinos del mismo edificio y no hayan enfermado en su totalidad.
Curioso y absolutamente determinante, por sus características tan paradójicas con respecto a la epidemia del síndrome tóxico, es el caso del circuito catalán de comercialización del aceite supuestamente tóxico. Resulta que durante el año 1981 se distribuyó en Cataluña aceite fraudulento de composición semejante al distribuido en la región central, que por ello también fue declarado como aceite tóxico en aquel momento. La cantidad de aceite comercializado en Cataluña fue superior a 350.000 kilos. Pues bien, pese a haber sido distribuida toda esa cantidad de aceite y haberse vendido al público durante varios meses de 1981, no se tiene constancia de la existencia de ningún afectado en la zona catalana.
Pero lo más sorprendente del caso es que una de estas marcas concretamente 'El Olivo', fue también distribuida en Castilla, sobretodo en Madrid capital y poblaciones limítrofes. Pues bien, este aceite oriundo de Cataluña, en donde no provocó ningún afectado, al ser consumido en Madrid provoca automáticamente afectación. ¿Es posible que las partidas destinadas a Castilla sean tóxicas y las que se quedan en Cataluña sean inocuas? ¿O acaso -como apuntó un letrado de la Defensa durante el juicio- debe atribuirse este fenómeno a una distinta composición genética o reacción sensible de catalanes y castellanos?
Buscando un punto de apoyo que justificara la inculpación del aceite de colza desnaturalizado, la opinión oficial argumentó que el tóxico se hallaba en las anilinas que se usaron para su desnaturalización, aunque la Dra. Renate Kimbrough, del CDC de Atlanta, USA, el 10 de febrero de 1985 a la televisión alemana manifestaría lo contrario: "No hallamos ningún indicio que señalara que el aceite fuera el causante del síndrome tóxico. Además, muchos otros laboratorios en Europa han intentado hallar alguna sustancia tóxica en estos aceites, y tampoco tuvieron éxito alguno."
El 15 de mayo de 1981 el Dr. Antonio Muro y Fernández-Cavada es destituido como vimos de sus funciones de director del Hospital del Rey, a causa de los aciertos evidenciados en la investigación de la etiología del síndrome tóxico. El causante real no debía salir a la luz pública. A partir del mes de julio del mismo año 1981, y llevando ya la investigación de forma privada, el Dr. Muro enuncia su hipótesis de que el síndrome tóxico ha sido causado por un producto fito-sanitario, un organotiofosforado, vehiculizado por una partida de tomates o pimientos. Desde entonces y hasta su muerte en 1985 se dedicó sin tregua a estudiar el consumo de tomates en los afectados, a reconstruir la comercialización de los mismos, llegando a localizar -mediante un laborioso proceso de retroceder desde el afectado al productor- al posible agricultor y al posible campo en donde se plantaron. Se había empezado a desandar el camino que llevaba hacia los organofosforados, como causantes de la intoxicación masiva de la primavera española de 1981.
De acuerdo con las averiguaciones del Dr. Muro, el desencadenante del envenenamiento fue una partida de tomates, cultivados en Roquetas de Mar (Almería), y previamente tratados con un compuesto organotiofosforado, el fenamiphos (comercializado con el nombre de ), combinado con isofenphos (comercializado con el nombre de Oftanol). Cabe remarcar que el isofenphos es el producto que habría causado la característica neuropatía retardada acusada por los afectados, y que la partículo "tio" (en el compuesto organo-tio-fosforado) alude a la presencia de azufre en la mortal combinación. Combinación por lo tanto fosforada y azufrada.
El Nemacur-10 y el Oftanol fueron utilizados como insecticidas por la multinacional alemana Bayer a partir de 1.981, año en el que brotó la epidemia. Era la primera vez que dichos productos eran empleados en el Estado español. Bayer rechazó su implicación en el múltiple envenenamiento, pero su forma de actuar fue notoriamente sospechosa. Un hecho inesperado echó más leña al fuego de la Bayer: el 22 de febrero de 1.988, Andrés Valverde Alcoverro, técnico agrícola de la multinacional germana, declaró que en diciembre de 1.980 había asistido a una reunión en que se recibieron órdenes expresas de la dirección de la empresa para mezclar Nemacur con Oftanol en campos de cultivo, para ver qué efecto producía la mezcla. Preguntado acerca de este efecto, afirmó que si el Nemacur era tóxico, y el Oftanol neurotóxico, la combinación de ambos resultaba explosiva. Preguntado sobre lo que se hacía con los productos recolectados, contestó que salían a la venta pública. Pero tal vez lo más importante que aportó Valverde al 'Juicio de los aceiteros' es su declaración de que él mismo ya estaba enfermo del Síndrome Tóxico desde el año 1.973. Se había intoxicado por aquel entonces con Oftanol, y los síntomas que presentaba eran los que se advierten en los afectados por el Síndrome Tóxico de la primavera de 1.981. Con lo cual ya tenemos a un cobaya humano que confirma mediante su personal bio-experimentación, que el SAT es reproducible en el ser humano ingeriendo ese veneno en concreto.
Realmente la investigación judicial debería haber valorado todos esos datos para averiguar la causa real de la enfermedad y demostrar cuál fue el desencadenante de la tragedia, con reparto de responsabilidades a quien realmente y en justicia hubiera correspondido. La gravedad del problema se acentúa por la circunstancia de que desde finales de julio de 1981 el entonces gobierno español estaba suficientemente bien informado de que no era posible que el aceite fuera el causante de la epidemia. Desde aquel momento cuando menos debía de haberse incentivado con todos los recursos posibles el análisis de las otras posibilidades que se barajaban para el posible origen de la enfermedad. Eso era prioridad absoluta puesto que había personas que se estaban muriendo y se imponía la urgente necesidad de conocer el origen del mal para poder intentar la curación adecuada de los afectados. Pero no fue así.
El colza de nunca acabar
Entre decomisos por parte de las autoridades y canjes de aceites adulterados por otros en buen estado se llegó al primer aniversario del envenenamiento masivo. En Madrid, ya sólo quedaban una treintena de personas ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos de los distintos hospitales de la capital. La preocupación, en ese momento, estribaba en el número de inválidos que dejaría la enfermedad en el futuro. Los daños colaterales también se dejaban ver: un 5% de los familiares de los afectados por el síndrome tóxico tenían síntomas de la enfermedad.
Pese a los esfuerzos por controlar la epidemia, a principios de julio de 1982, ya habían muerto más de 300 personas a causa de la enfermedad. Las asociaciones de afectados, activos desde los primeros meses, pidieron al Gobierno una serie de propuestas destinadas a aumentar el monto de las indemnizaciones que percibirían los afectados. Acabarían en saco roto. Sin embargo, el Congreso de los Diputados sí aprobó un paquete de medidas para paliar los efectos del envenenamiento masivo.
El goteo de almacenes clandestinos y negocios fraudulentos desmantelados por la policía con relación al aceite de colza no paró de aumentar. En poco más de un año, el Gobierno había mandado recoger más de 750.000 litros de producto presuntamente tóxico. De este modo, se llegaría al inicio del juicio en la Audiencia Nacional, el 30 de marzo de 1987, en el que estaban acusados 38 empresarios del colectivo aceitero. El fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, pidió penas más de 10.000 años de prisión para los ocho principales acusados. El proceso judicial se prolongó año y medio. Una larga espera para las 18.000 personas inscritas en el censo oficial de afectados.
El 20 de mayo de 1989 se conoció la sentencia. Durante el proceso judicial, la defensa de los acusados argumentó que el origen de la intoxicación no provenía de la manipulación del aceite sino de una serie de partidas de tomates rociados con pesticidas provenientes de Almería. Esta teoría se rechazó por parte de varios especialistas médicos. Una de las personalidades más relevantes en este sentido fue el epidemiólogo británico Richard Doll, que acudió al juicio para sostener -en base a un informe elaborado por él mismo enviado al tribunal- que el aceite de colza adulterado fue el causante del síndrome tóxico.
Sin embargo, sólo dos de los acusados - Juan Miguel Bengoechea y Ramón Ferreiro - fueron condenados con penas privativas de libertad. Los restantes, con penas menores, ya habían cumplido la condena durante el período de prisión preventiva o fueron absueltos.
Tras conocerse el fallo, dos centenares de personas apedrearon el autobús donde viajaban los acusados rompiendo varias de sus lunas. Palabras como 'fraude' y 'asesinos' se escucharon en esos momentos. Tres años más tarde, el Tribunal Supremo amplió las condenas, elevando las penas de varios de los aceiteros. Sin embargo, estos se declararon insolventes debido a lo cuantioso de las indemnizaciones. Ante esta tesitura, los abogados de los afectados exigieron responsabilidades al Estado por supuestas negligencias de sus funcionarios. De esta forma, y tras 16 años de espera, se condenó a dos funcionarios y a la Administración, como responsable civil subsidiario, a restituir el total de las indemnizaciones. El pago se demoró, en algún caso, más de dos décadas.
La última partida del aceite tóxico recaló en Francia para su destrucción en 1998. 440.000 litros estuvieron almacenados durante 13 años en una nave industrial a las afueras de Arganda del Rey (Madrid). Según fuentes oficiales de la Comunidad, "fue muy difícil encontrar algún gestor de residuos español, ya que el aceite de colza trae recuerdos muy tristes". El tiempo tampoco disipó unas secuelas que muchos de los afectados aún arrastran en su vida diaria.
De las 25.000 personas intoxicadas, 13.273 fueron mujeres. De éstas, casi 4000 sufrieron la intoxicación en edad fértil. Esto quiere decir que muchas de ellas estaban embarazadas en el momento de la intoxicación o se quedarían embarazadas poco después. Ya en aquél momento se tuvo conocimiento de nacimientos de niños con gravísimos problemas de salud fruto de la intoxicación sufrida por la madre.
Fuentes: Andreas Faber (Pacto de Silencio) // La gran farsa de la Colza // ElPaís // ElPaís
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