Solidarios con Lorca, menos la SGAE

Foto: Nacho García/ABC

El festival taurino celebrado en Murcia a favor de los damnificados del terremoto de Lorca ha sido un gran éxito, del que nos alegramos sobremanera.

Pero me cuenta, que en la plaza de toros de Yecla se ha celebrado un festival de bandas de música de la zona para ayudar a Lorca. Todo el mundo ha actuado gratis y la SGAE le ha pedido un 10% de la recaudación. Otro acto que me repugna de esta Sociedad General de Autores, que es mucho más que una entidad de gestión colectiva, lo que la obliga según la ley a no tener ánimo de lucro. Sin embargo, como demuestran los datos del registro mercantil, SGAE es sólo la punta del iceberg de un entramado societario. Dentro de éste, la práctica totalidad de las compañías son sociedades limitadas, es decir, sí tienen ánimo de lucro. Además, la facturación de éstas se obtiene básicamente por servicios a SGAE y procede por tanto de la recaudación de derechos de autor. Según el informe de la Fiscalía, SGAE lleva desde 2003 modificando su estructura y traspasando activos (monetarios y tecnológicos) a sus filiales para convertirlas en lucrativos negocios.

Pero lo que es más sorprendente e indignante, es cómo esto ha podido suceder en un organismo como la SGAE que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Cultura que debe fiscalizar sus cuentas y, por consiguiente, se debería haber percatado de las irregularidades.

Y como escribe el jurista Pedro Martínez, con independencia de lo que suceda con el procedimiento judicial en el que deben primar las garantías procesales, parece que la SGAE desprende un aparente aroma a corrupción y responde a un modelo de gestión de derechos de autor represivo, que pretende criminalizar a los adolescentes que se descargan una película o a los subsaharianos que venden un DVD en la calle, al grito de “¡nos roban!”. Sin embargo, ahora reclaman la presunción de inocencia. Es un modelo opaco y gastado, en donde no todos tienen derecho a voto y para quienes lo tienen ni siquiera todos los votos valen lo mismo, que carece de transparencia para los socios y para los ciudadanos, que no podemos saber adónde va a parar el dinero que se recauda con el canon que pagamos todos.