Revista Ciencia

Subvenciones de españa a reingeniería social

Publicado el 30 diciembre 2011 por Alchavida
Con fondos de Finlandia y España la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) profundiza la reingeniería social anticristiana. Si las recomendaciones se hacen efectivas las instituciones católicas de salud estarían en la disyuntiva de hacer abortos y distribuir abortivos o desaparecer. El Informe recomienda los métodos de planificación familiar, anticoncepción oral de emergencia, esterilización y aborto legal
Reafirma el Informe la “autonomía reproductiva” de las mujeres, las jóvenes y las niñas, con absoluta independencia de los cónyuges, en el caso de las mujeres casadas, y de los padres, en el caso de las jóvenes y las niñas. Se considera el aborto como un derecho de la mujer, independientemente de la consideración que merezca por parte del personal sanitario. Dice el informe: “si una mujer requiere información y servicios de planificación familiar y/o sobre otros servicios de salud reproductiva legales, y el profesional de la salud tiene sus propias convicciones respecto de la utilización de dichos servicios, está en la obligación de referir a la paciente a otro proveedor de salud que pueda proveer dicha información y servicios”, es decir, el objetor se convertiría así en cómplice del aborto, esterilización o distribución de abortivos. 
La objeción de conciencia sería un derecho sólo de personas físicas, pero se niega este derecho a las personas jurídicas del Estado. Si esta recomendación se hace efectiva las instituciones católicas de salud estarían en la disyuntiva de hacer abortos o desaparecer. La imposición de Obama a los servicios de salud católicos de USA de proveer medios de salud reproductiva (aborto) a partir de 2012, y el cierre de las agencias católicas de adopción en ese país y en el Reino Unido por negarse a entregar niños en adopción a parejas homosexuales, son antecedentes a tener en cuenta. Es un ataque más a los derechos fundamentales de los padres y de los profesionales de la salud.
Esperemos que los Gobiernos de Finlandia y España recitifiquen, y dejen de financiar proyectos de este tipo, que no aportan nada positivo al bien común de la sociedad. Y mucho menos en tiempo de crisis.
  

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