¿Superintendencia laboral?

El Ministerio de Trabajo tiene entre sus principales funciones la acción fiscalizadora y, desde mi punto de vista, la propuesta de creación de una superintendencia de fiscalización laboral nace por un reconocimiento de que no está funcionando adecuadamente el sistema de inspecciones de tal cartera.

La fiscalización laboral, tal como se ha venido aplicando en los últimos años, está claramente enfocada hacia las empresas formales. He comprobado que algunas empresas reciben de 2 a 3 inspecciones semanales y muchas veces sobre los mismos temas. La visión actual es siempre sancionar a lasempresas y tenemos que cambiar tal punto de vista a través de un rol equilibrador y no policíaco para con ellas.

Debemos analizar cuál es la visión y misión de la superintendencia y qué instrumentos va a utilizar para fiscalizar eficazmente. No debemos exigir solo a las empresas formales el cumplimiento de las normas laborales, también deben incluirse a las pymes para que formalicen sus relaciones laborales. Estas representan el 75% de la PEA y es aquí donde se producen los mayores incumplimientos de los derechos laborales.

El objetivo central sería que la superintendencia pueda fiscalizar también a las pymes, y para ello debería dotarse de un presupuesto adecuado. Recordemos que el Ministerio de Trabajo tiene el presupuesto más bajo de todas las carteras: no llega al 1% del total anual del Estado.

La superintendencia debería contar con una visión equilibrada, no paternalista hacia los trabajadores ni policíaca respecto a las empresas. El rol estatal es ser equilibrador de las relaciones laborales, pero actualmente se pliega de manera evidente y sin ningún disfraz a favor de los trabajadores, tengan o no razón.

Como me decía un gerente, “estamos jugando con la cancha inclinada, los árbitros en contra, el pasto mojado y todas las ventajas para una sola parte”.

La función fiscalizadora es una acción irrenunciable del Estado y las empresas formales ya han asumido una cultura de cumplimiento; las empresas informales no tienen ninguna presión por parte del Estado a formalizarse.

La misión no debe ser inmediatista, de fiscalizar siempre las mismas empresas, sino ir más allá y ampliar la formalización laboral a través de medidas de inspección reales y concretas.