Foto publicada en Misiones Online. Diciembre de 2013.
Horas antes de concentrarnos frente al Congreso de la Nación para exigir Basta de femicidios y Ni una menos, conviene repasar observaciones y advertencias de Eva Giberti, acaso la especialista argentina que más sabe sobre los convencionalismos, prejuicios, abusos de poder y demás violencias que golpean a diario a las mujeres. La elección de este referente nacional responde a la constatación de dos fenómenos contra los que también deberíamos protestar esta tarde: por un lado, la atención privilegiada que gran parte de nuestros periodistas les presta a profesionales más mediáticos y menos idóneos; por otro lado la aparente decisión del Estado nacional de haber dejado a la deriva el programa que en 2006 le encomendó a la experimentada psicóloga y asistente social con el propósito de contener “a las víctimas de abusos o malos tratos, causados por ejercicio de violencias cualquiera fuese su naturaleza“.
A modo de pre-calentamiento, corresponde empezar por leer la contratapa que Página/12 publicó en su edición de hoy. Giberti escribe con mayúscula inicial la palabra Convocatoria y con mayúsculas sostenidas la palabra una en la consigna “Ni una menos”. Por supuesto, la elección tipográfica tiene explicación:
La Convocatoria dibuja un horizonte donde la palabra es un recurso que habilita el pensamiento e impulsa la acción que se instala en las calles. Se impone el nombre mayúsculo: ni UNA menos, para que de una buena vez las mujeres, cuando hablemos de nosotras, mismas no digamos UNO sino UNA como corresponde: “Una piensa que…” Y propone un universo donde todas estemos presentes”.
Asimismo resulta imprescindible repasar este otro artículo que el mismo Página/12 publicó el 14 de mayo. Allí, Giberti pareció aprovechar uno de los objetivos de la convocatoria -reclamar la implementación de la Ley 26.485- para recordar el nombre completo de esta norma sancionada hace más de seis años (‘Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales’) y así advertir sobre la trampa que esconde la tan difundida -y acomodaticia- expresión “violencia de género”.
A continuación transcribimos los párrafos más elocuentes de aquella contratapa que retoma consideraciones vertidas en esta otra publicada a principios de año.
Al hablar de violencia de género –frase que ganó el fervor popular– no sólo se mantiene oculta la expresión violencia contra las mujeres que inevitablemente compromete a los varones; también se los protege al impedir que la imagen masculina ilustre el imaginario social como sujeto al que es preciso educar superando los cánones del patriarcado destructor. De este modo, el varón queda aislado de la idea de violencia y de responsabilidad personal y social. Al no oponer la preposición contra, asociada a mujer (violencia contra las mujeres), el actor de dicha violencia queda fuera de la escena y en su lugar la palabra género asume un falso protagonismo.
(…)
La difusión de la idea de género –aplicada en lugar de violencia contra las mujeres– actúa como una barredora, como una ola gigante que se traga y deglute esta violencia que determinados varones promueven. La expresión fue elegida por la comunidad como expresión válida y certera de sus intereses. Permanece como expresión del escándalo que las muertes y las golpizas representan. Enhorabuena se avanza, se piensa y se interviene en la situación de las víctimas; la noticia emigró de la sección Policiales de los periódicos para ingresar en el ámbito de Sociedad y como encabezamiento de los noticieros. No obstante, cabe preguntarse ¿qué sucede para que se omita hablar de violencia contra las mujeres de acuerdo con el texto de la ley?”.
Es igualmente recomendable remontarnos a marzo de 2013, es decir, al viaje a Nueva York para participar del 57° período de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en la sede de Naciones Unidas. Cuando expuso en la mesa ‘Servicios y respuestas multisectoriales para mujeres y niñas sometidas a la violencia’, Giberti reconoció que la Argentina hizo “avances importantes y novedosos destinados a la eliminación de las violencias contra niñas, adolescentes, mujeres”, pero señaló la necesidad de “impulsar políticas públicas que no se detengan frente a los convencionalismos, prejuicios y abusos de poder que merodean y se ejercen cotidianamente contra las mujeres”.
La presentación en la sede de Naciones Unidas tuvo lugar el 6 de marzo de 2013.
En aquella intervención ignorada por nuestros medios masivos, Giberti definió la Ley 26.485 por su condición de “ley-marco” y señaló la saludable articulación con otras leyes (la de matrimonio igualitario, la de identidad de género, aquélla contra la trata de personas), cuya aplicación resulta clave en la lucha por eliminar la violencia misógina. Esta combinación “demanda un nuevo abordaje de las políticas transversales buscando configurar un soporte para evitar la posición de las mujeres como presencias subalternas”, advirtió.
La especialista también se refirió al proyecto de ley de “Protección, sanción y erradicación de la violencia y el abuso de poder en el ámbito del grupo familiar”, que los entonces senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido presentaron en agosto de 2012. Hoy el sitio web del Senado informa (aquí) que el expediente caducó en febrero de 2014, destino lamentable pues -según lo expuesto en la sede de Naciones Unidas- esta propuesta introducía “temas escasamente visibilizados como la violencia en obstetricia y las violencias económicas que se registran particularmente en las víctimas de violencia familiar y de trata sexual y laboral rescatadas”.
Horas antes de la concentración en la Plaza de los Dos Congresos, cabe recordar que Giberti coordina el programa ‘Las víctimas contra las violencias’ desde su creación en marzo de 2006. El servicio de atención telefónica -a través de la línea 137- y de intervención de brigadas especializadas dependió primero del Ministerio del Interior de la Nación. El 10 diciembre de 2007, quedó bajo la órbita del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.