El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para introducir modificaciones en el actual sistema de jubilaciones. Con el que pretende, entre otras acciones, penalizar las anticipadas y bonificar las que se demoren más allá de la edad legal.
La norma, fruto del acuerdo con sindicatos y patronales, es la primera parte de una reforma que el Gobierno ha comprometido con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La futura modificación apuesta por que el ajuste en el sistema recaiga principalmente en la generación del baby boom, los nacidos entre 1960 y 1970.
Está pendiente una segunda fase en la que se afrontarían otros aspectos como el factor de sostenibilidad. Que liga la pensión a la esperanza de vida y calcula la cuantía de acuerdo con estadísticas demográficas para estimar los años que vivirá el jubilado y, por tanto, durante cuánto tiempo disfrutará de la prestación, y la ampliación del periodo de cálculo de la pensión.
Cuales son los aspectos claves que cambiarán
La nueva ley pretende reducir las jubilaciones anticipadas a las que se accede dos años antes de la edad legal de jubilación si se ha cotizado durante 35 años.
Para ello modifica una penalización que ya existe, pero que se aplica de forma menos efectiva. Con la reforma, si un trabajador con menos de 38 años y medio cotizados se jubila 24 meses antes de lo que le corresponde, reducirá su pensión un 21%, cinco puntos más que hasta ahora, que la reducía un 16%.
Aunque si lo hace a partir de 22 meses antes, la reducción será menor progresivamente. A los 12 meses, por ejemplo, la disminución será del 5,5% en vez del 8% actual. Así se fomenta que la jubilación anticipada se retrase algunos meses.
Además, las penalizaciones se aplicarán de otra forma. Actualmente se realizan sobre la base reguladora del beneficiario de la pensión, y ahora se llevará a cabo aplicando la penalización directamente sobre la pensión, aunque este recorte no entrará en vigor hasta dentro de dos años.
En la mayoría de los casos, la penalización por la jubilación anticipada será menor que en la actualidad. Los coeficientes que reducen la cuantía por retirarse antes se aplicarán por cada mes que se anticipa la jubilación, en lugar de hacerlo por trimestres como se hacía hasta ahora.
Se incentivará la jubilación demorada
El esquema actual para alargar la vida laboral más allá de la edad de jubilación no ha surtido el efecto buscado. Los expertos lo atribuyen a la falta de incentivos financieros.
En primer lugar, al llegar a la edad legal de jubilación y seguir trabajando, se eliminará la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes (el dinero que se aporta a esta entidad para proteger al trabajador en caso de enfermedad o accidente) con lo cual hay una subida efectiva en el sueldo de un 4,07%.
Además, se ofrecerán tres tipos de incentivos para el retraso de la jubilación, a elegir por el trabajador, por cada año de demora.
- La primera opción es un incremento de la pensión del 4% por cada año de retraso. Esto supone un aumento, pues la subida actual, antes de la aplicación de la reforma se sitúa en el 2% y el 4%.
- La segunda es concentrar este beneficio en un único pago (que dependerá del número de años cotizados y no podrá superar los 12.000 euros).
- Por último, el trabajador podrá optar por una combinación de ambos incentivos. Esto no afectará a las profesiones de alta penosidad, que engloba a trabajadores mineros, personal del transporte aéreo o ferroviario, entre otros, que mantienen las ventajas del retiro laboral por la peligrosidad de su labor.
Se liga la pensión al IPC y se eliminarán las pagas compensatorias
Las pensiones se revalorizarán con el índice de precios de consumo (IPC) anualmente. El IPC es un indicador que mide el precio de la vida a partir de los importes en productos básicos de la cesta de la compra y los carburantes, entre otros.
Se actualiza anualmente para que sirva de referencia a la hora de calcular, por ejemplo, las pensiones, y evitar así que, aunque el ciudadano cobre la misma cuantía, pierda poder adquisitivo.
Ligar las pensiones al IPC significa que cuando suban estos precios, la pensión lo hará en la misma proporción. Esto será siempre así menos cuando el IPC no crezca o decrezca (inflación negativa), en cuyo caso las pensiones quedarán congeladas.
Con la nueva norma dejarán de utilizarse las previsiones de inflación para su revalorización, eliminando así las llamadas pagas compensatorias. Esta paga se calcula en función de la cantidad que sube el IPC anual respecto a la previsión que se realiza a principios de año.
Siendo una forma de corregir la diferencia entre la subida del IPC real y la que había previsto el Gobierno. Pero con la reforma dejará de hacerse, pues no se tendrán en cuenta las previsiones.
Equilibrio intergeneracional
La reforma deroga el factor de sostenibilidad introducido en el año 2013, siendo este uno de los aspectos más polémicos.
En la teoría suponía la revisión a la baja de la cuantía inicial de la pensión para compensar los efectos sobre las cuentas del aumento de la esperanza media de vida con la edad legal de jubilación. En su lugar, la reforma pretende crear un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que entrará en vigor en el año 2027, que aún se está negociando y cuya aprobación se espera para noviembre, en el segundo paquete de medidas.
El hecho de que se prevea su puesta en marcha para el año 2027 no es casual. Llegará en uno de los momentos críticos para el sistema de pensiones: las jubilaciones de la generación del baby boom, especialmente numerosa.
Traslado de gastos al Estado
Los ingresos que se obtengan a través de las cotizaciones se destinarán a pagar las pensiones, y el resto de los gastos de la Seguridad Social pasarán al Estado, de modo que se financiará con impuestos.
Se culmina así un proceso de separación de fuentes de financiación que se inició hace 20 años. El Estado ha ido asumiendo gradualmente el coste de algunos desembolsos que antes pagaba la Seguridad Social con sus ingresos por cotizaciones, entre ellos, las pensiones que percibían algunos ciudadanos que no habían cotizado lo suficiente, además de los complementos para subir hasta la pensión mínima las prestaciones que se quedarían por debajo de ese nivel.
¿Cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas directrices de la reforma?
Con la entrada en vigor de la nueva ley, el 1 de enero de 2022.
Pero hay dos excepciones: se retrasa su aplicación hasta 2024 para aquellos que estén cotizando por encima de la pensión máxima y su aplicación se hará de forma progresiva en diez años, garantizando que no estarán nunca peor que ahora.
Además, quienes hayan sufrido un ERE en esta pandemia puede elegir prejubilarse con la anterior legislación si así lo decidieran.
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