Tras la Huella de fraudes y “explotados”

Foto: Roberto Suárez/Cubaenfotos

Por Yohan González

En la noche del domingo 22 de junio, la Televisión Cubana transmitió un nuevo episodio de la popular serie policíaca “Tras la huella”, versión actualizada de la otrora “Día y Noche”. Bajo el título de “Delito en la Calle 13”, el episodio se acercó a dos quebrantamientos de la ley: el fraude telefónico y la “explotación” de un grupo de jóvenes informáticos.

Resulta interesante la “coincidencia” de uno de los delitos con los recientes llamamientos del “monopolio estatal” ETECSA de que se están cometiendo fraudes telefónicos los cuales, en voz de sus representantes, “provocan (…) pérdidas económicas y/o de credibilidad al proveedor de servicios de Telecomunicaciones”. Para muchos el tema de los “fraudes” no es novedad. Amparados por la ilógica y poco realista política de tarifas de ETECSA no solo para las llamadas internacionales sino también para la conexión a Internet, han proliferado en todos los rincones del país lugares desde donde se pueden realizar dichas operaciones ilegales a precios más asequibles. Ante la necesidad, la “solución”; aunque amarga, pues a pesar de todo, es un delito.

Pero el aspecto al que quiero referir es al segundo “delito” que se comenta en el episodio de ayer: la contratación “ilegal” de un conjunto de jóvenes para realizar un software que iba a ser utilizado por una empresa fuera de Cuba.  Nótese que coloco entre comillas las palabras delito e ilegal porque tras haberme pasado el día entero revisando el Código penal cubano no he encontrado que este tipifique la acción como delito. Precisamente a la hora de señalar las sanciones en las que incurrieron los tres encartados -quienes recibieron sanciones entre cinco y tres años-, ninguna de ellas hace alusión al hecho de haber realizado dicha acción de contratación, pese a que los cinco jóvenes –todos ellos graduados de Informática- estaban trabajando en un software que costaba cientos de miles de dólares y por el cual recibían cada uno la suma de 350 CUC (aproximadamente 315 USD) por mes, mientras que los explotadores se robaban la diferencia. Esto últimos quizás lo único que puede ser considerado delito.

Que los jóvenes no pudiesen ser procesados legalmente, ni siquiera ser multados, demuestra que existe un supuesto vacío legal acerca de la posibilidad de que una persona natural o grupo pueda ser contratadas por una entidad extranjera para realizar un servicio. Prueba de ese vacío es que los “explotadores” engañasen a los jóvenes con que su contrato era un procedimiento legal, y que estos últimos no tuvieran, producto de la falta de información, forma de saber si lo era o no, aunque en el Derecho el desconociendo de la ley no exime de ser procesado.

A pesar de las políticas de fomento del cuentapropismo, y más recientemente el nacimiento de cooperativas no agropecuarias, las autoridades gubernamentales aún no han definido si un cubano puede mantener una relación de servicios con una entidad o persona natural extranjera no residente en Cuba, sin que medie una entidad empleadora, aunque si exista la obligatoriedad de responder al fisco. Desde grupos de informáticos ofreciendo servicios para la creación de software y sitios webs, cineastas y realizadores independientes o periodistas que escriben para medios de comunicación extranjeros, todos comparten algo en común: existir al margen de la ley.

Años de una política de ubicación laboral desacertada a la par de un fomento desmesurado del acceso a la universidad –sobre todo durante la fallida Batalla de Ideas-, ha llenado a Cuba de miles de profesionales, muchos de ellos con calidad, que se encuentran subutilizados en labores no relacionadas con lo que estudiaron, con salarios no acordes a su rango o en el peor de los casos desempleados. Ante el desafío de este mercado de profesionales cubanos subutilizados, muchos de ellos jóvenes, la ley no reconoce ni brinda las alternativas para que, sin tener que salir de Cuba, puedan ofertar sus servicios a cualquier que esté dispuesto a contratarlos, creando un vacío legal que en el caso del episodio de los cinco jóvenes, fue pasto para la explotación.

No es secreto para nadie que en momentos de dificultades económicas es la juventud uno de los sectores que más sufre. Presionados por las carencias, buscar oportunidades fuera del país o terminar delinquiendo suelen ser las “alternativas”. Ante este amargo panorama es el Gobierno, de conjunto con la sociedad, quienes tienen la responsabilidad de revertirlo creando oportunidades para el empleo joven -sobre todo en el sector cuentapropista- y fomentando que este cuente, en vez de trabas y vacíos legales, con herramientas que lo viabilicen.