Un Concierto ¿desafinado?

Ocurre cada cierto tiempo y pienso que, principalmente, es por causa de su originalidad y difícil comprensión. Me refiero a los ataques al sistema de Concierto/Cupo que acostumbran a partir de la incomprensión, cuando no de la ignorancia. El último, parte del exabrupto de Pere Navarro, quien continúa la senda abierta por su correligionario y conseller de Economía del tripartido de Antoni Castells quien vio en el País Vasco el filón de dinero que a él le faltaba para cuadrar sus manirrotos presupuestos. Sin embargo, el Concierto cuenta con un conjunto de factores a su favor, absolutamente abrumadores e irrepetibles fuera de él. Tiene una larga legitimidad histórica, cuenta con el máximo nivel de legalidad, al estar recogido y amparado en la Constitución, y concita a su alrededor un abrumador apoyo ciudadano. ¿Me dice qué o quién puede presumir de un curriculum similar entre nosotros?
Algunos opinan que lo apoyamos por puro egoísmo y para disfrutar de una situación de marcado privilegio y acusada injusticia comparativa. Ni por asomo, no es verdad. Primero, porque implica una gran corresponsabilidad fiscal que nadie más asume. Es decir, aquí entre nosotros, si no se recauda, no se ingresa, y no podemos apelar a la intervención del Estado como hacen frecuentemente otros, por ejemplo, los catalanes. Luego, el Cupo se determina por renta y no por población y, como tenemos un porcentaje muy superior en el primero (6,24%) que en el segundo (4,65%), eso implica un elemento destacado de progresividad y de solidaridad. Y tercero, porque contribuimos, sin capacidad de discurrir su fijación, en el Fondo de Compensación Territorial, también en base a la renta y no a la población.
Eliminar el sistema de Concierto, como algunos pretenden, nos llevaría a un cambio en la Constitución que solo podría ser impuesto, y con consecuencias insospechadas. Analizar a fondo el Cupo y acomodarlo a las circunstancias actuales es, no solo aceptable sino exigible en su propio mecanismo. Pero, dicho esto, no será fácil que se encuentren privilegios intolerables, cuando el propio INE asegura que nuestra participación en el PIB sigue siendo, 30 años después y, milagrosamente, el mismo que cuando se recuperó el sistema.
Es más, el sistema no solo es bueno en economía y justo en derecho, sino que podría ser perfectamente extrapolable al resto del Estado, lo que allanaría muchos de nuestros problemas de convivencia. Claro que sería necesario cumplir con dos premisas que, a pesar de su lógica, considero imposibles de alcanzar. Una, definir con precisión las competencias exclusivas del Estado que, a la vista está, no deberían ser las actuales, y dos, fijar con exactitud los criterios de solidaridad interregional. Así, cada comunidad autónoma determinaría la cuantía de su presupuesto propio a asumir; sabría la cantidad a aportar al Estado en pago de las competencias no transferidas, y conocería el saldo a favor o en contra del mecanismo de solidaridad. ¿Demasiado simple, demasiado complejo o demasiado iluso? De acuerdo, yo también pienso que sí.
* Ignacio Marco-Gardoqui es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto y fue Presidente de Naturgas. Es consejero y alto directivo de varias sociedades, y fue Director General de la SPRI y del EVE en el primer Gobierno vasco.