Un poco de luz en las tinieblas

Todo técnico certificador conoce el abrumador desinterés gubernamental hacia la certificación energética. Primero elaboraron un texto normativo traducido (y mal traducido) de otras normativas europeas similares. Luego incorporaron algunas alegaciones del Consejo de Estado y de algunos particulares que hubieran merecido una nueva redacción del texto, pero no lo hicieron. El resultado es que se aprobó una normativa totalmente inadecuada, llena de vaguedades e imprecisiones, contradictoria, sujeta a múltiples interpretaciones “liberatorias” siempre interesadas.

Y preguntadle a cualquier técnico qué opinan de las normativas vagas e imprecisas. Crea un sinnúmero de problemas a todas las partes interesadas, y en ello incluimos a clientes y Gobiernos Autonómicos. Afortunadamente el IDAE, mediante las sucesivas publicaciones de las soluciones a varias Preguntas Frecuentes relacionadas con la normativa, puso algo de orden en el caos en que se convirtió el sector. Pero nadie había dicho negro sobre blanco que la toma de datos se debe hacer mediante una visita al inmueble. Naturalmente esto, que estaba claro implícitamente en la normativa, ha sido objeto de interpretaciones contrarias e interesadas por técnicos al parecer escasos de escrúpulos profesionales.

Todo vale para ganar unos cuantos euros, y de paso reventar el mercado compitiendo deslealmente. Así aparecieron las ofertas de “rosquillas telefónicas” en las que el técnico abdicaba de su responsabilidad prestando su firma (su único activo de verdadero valor) a múltiples certificados-rosquilla, es decir, falsificaciones. Hemos hecho la prueba y nos han certificado sin problemas la vivienda de un conocido político como perteneciente a otra persona, en una dirección incorrecta y con información gráfica disparatada. Hay muchos más ejemplos de viviendas con una A o B basadas en datos telefónicos. Sin consecuencias de momento. Las diversas administraciones, con su dejadez  su tendencia a incumplir su propia normativa, son cómplices. ¿Y así tenemos que llegar en 2020 al objetivo de cero emisiones?

Pero sorprendentemente la Comunidad de Madrid impulsa una normativa propia, que en fase de proyecto se denomina “Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se regula la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios en la Comunidad de Madrid” . Lo cierto es que Madrid es la única comunidad autónoma que parece haberse tomado casi en serio la normativa.

El proyecto de Orden en sí se limita a hacer suyas las interpretaciones del IDAE sobre el Real Decreto. Pero lo útil y novedoso es que el artículo 4º dice:

Artículo 4. Certificados de eficiencia energética de edificios de la Comunidad de Madrid
Los certificados de eficiencia energética de edificios de la Comunidad de Madrid cumplirán lo
establecido en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. Serán expedidos por técnicos competentes
tras la correspondiente toma de datos realizada “in situ” por el propio técnico o por un técnico
ayudante con la titulación de formación profesional, según lo establecido en el citado Real Decreto
235/2013, de 5 de abril.

In situ. Las palabras mágicas, que dan poco lugar a interpretaciones. Pero ahora las preguntas son:

¿Saldrá adelante la normativa? Si es así ¿Servirá de referencia para que las demás comunidades autónomas hagan su trabajo? ¿Conseguirá que los certificados-rosquilla desaparezcan y se competirá lealmente? ¿Comportará esto un nuevo equilibrio al alza en el importe de los honorarios?

Nos gustaría que los compañeros aporten su pronóstico. Por nuestra parte seguiremos informando.