Urdangarin, Torres, el rey y el BCE.

Una semana más con los nervios de punta. El martes se publicaba en los principales diarios españoles la noticia de que Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y Diego Torres, su exsocio en el Instituto Noos, podrían haber planteado a la Fiscalía Anticorrupción un pacto para eludir la cárcel. Los egregios imputados sopesaban admitir los delitos a cambio de una condena inferior a los dos años, lo que les permitiría no ingresar en prisión. Para ello, tramaban el pago de unos 3,5 millones de euros por los daños causados a la Administración. Pero, el “principal escollo” estribaba en cuál de los dos debía asumir la mayor parte del desembolso. Los correos electrónicos comprometedores desvelados por Torres y los últimos hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción habían precipitado el acercamiento de Urdangarin y su socio a la Fiscalía. En las misivas dirigidas por el duque de Palma a su socio, se relataban gestiones realizadas tanto por la infanta Cristina como por el rey para conseguir financiación para el denominado Proyecto Ayre. Se indicaba que la respuesta inmediata del Ministerio Público a las defensas de Urdangarin y de su socio había sido la de limitarse a escuchar las propuestas de ambos sin avanzar en ningún momento si estaba dispuesto a aceptar el pacto. El yerno del rey había tomado la iniciativa “a través de personas de su entorno”. Y se señalaba “la necesidad” de evitar la celebración de un juicio que podría “erosionar aún más la imagen de la monarquía”.

Ana María Tejeiro (izquierda), esposa de Diego Torres (en medio) y su abogado, Manuel González Peeters.

La diferente vara de medir aplicada por la fiscalía a la infanta Cristina de Borbón y a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro –imputada en la causa–, habría empujado al ex socio de Urdangarín a desenterrar el hacha de guerra. Manuel González Peeters, letrado de Torres, asegura a la prensa desconocer si el abogado del duque había buscado el acuerdo. “Yo –declara el letrado– no he tenido ninguna reunión ni acuerdo con la Fiscalía”. Añade que desconoce el motivo por el que dicha información aparece publicada en los periódicos. Y sostiene no saber nada sobre si el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha intentado llegar a un pacto con la Fiscalía. Pero, durante las últimas semanas, se ha hablado insistentemente de los correos electrónicos que guarda el antiguo socio de Iñaki Urdangarin y que amenaza con entregar al juez y al fiscal. El primer aviso lo había dado González Peeters el pasado 16 de abril, al entregar al juez, José Castro tres correos electrónicos que el yerno del rey había enviado a su socio, Diego Torres, a finales de 2007, casi un año y medio después de que la Casa del Rey ordenase supuestamente al duque de Palma romper sus vínculos con el Instituto Nóos y con su entonces socio. Mensajes que revelan no sólo que Urdangarin continuó haciendo negocios con Torres, sino que el propio monarca y la infanta Cristina hicieron gestiones para ayudarle a seguir recaudando fondos.

Correos electrónicos comprometedores para Urdangarin.

Se dice que los correos electrónicos que Diego Torres aún guarda en su poder pondrían en aprieto al mismo rey. Demostrarían que el monarca estuvo siempre al corriente de los oscuros negocios de su yerno, y que, si en la primavera de 2006, el monarca forzó su marcha del Instituto Nóos fue porque salieron a relucir los primeros trapos sucios de sus negocios. Hay quien asegura que, si esos correos electrónicos se hicieran públicos, saltaría por los aires la estrategia diseñada por La Zarzuela en la que se intentaba demostrar que el monarca fue el primer sorprendido por la conducta “no ejemplar” de su yerno. Y la infanta Cristina, según las fuentes consultadas, quedaría al borde de la imputación. Se insiste en que don Juan Carlos conocía los turbios negocios de su yerno. Y que el abogado de Torres habría hecho llegar al defensor de Urdangarin, Mario Pascual Vives, el mensaje de que, si el duque de Palma no aceptaba pactar con el fiscal una declaración de culpabilidad a cambio de no pisar la cárcel, se darían a conocer los “e-mails” que los dos ex socios intercambiaron antes de romper sus relaciones. Correos electrónicos en los que el propio Rey queda en una posición más que incómoda y comprometida y que revelan no sólo que Urdangarín continuó haciendo negocios con Torres, sino que el propio monarca y la infanta Cristina hicieron gestiones para ayudarle a seguir recaudando fondos.

Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin.

Se dijo que, si los dos centenares de emails se hacían públicos, saltaría por los aires la estrategia diseñada por La Zarzuela en la que se trató de demostrar que el monarca fue el primer sorprendido por la conducta “no ejemplar” de su yerno. Y que la misma infanta Cristina quedaría al borde de la imputación. Más tarde, se publicó que el duque de Palma y su exsocio estaban tratando de alcanzar un acuerdo que les permitiera plantear a la fiscalía la posibilidad de eludir la prisión a cambio de reconocer los hechos por los que se les investigaba y reparar el daño que habían causado al erario público. Ambos habían logrado, durante cuatro años, diez millones de dinero público a través de Administraciones gobernadas, en su mayoría, por el PP. El objetivo de los dos imputados era que, si se imponía una pena privativa de libertad, esta fuera inferior a dos años de cárcel, de forma que pudieran eludir el ingreso efectivo en prisión. En el caso del duque, además, se imponía la necesidad de evitar la celebración de un juicio que podría erosionar aún más la imagen de la monarquía. Y se anunciaba que, en los próximos días, el abogado del duque, Mario Pascual Vives, y el de Torres, Manuel González Peeters, mantendrán entrevistas con miembros de la Fiscalía Anticorrupción para abordar ese asunto. Los encuentros los realizan cada uno de ellos por separado, en fechas distintas. El primero de mayo, “El Confidencial” anunciaba que Urdangarin se declararía culpable y devolvería parte de lo robado para no entrar en prisión. El duque de Palma y Diego Torres, habían ofrecido por separado un pacto al fiscal del caso Urdangarin, Pedro Horrach, que perseguía el mismo objetivo: colaborar con la justicia a cambio de una condena inferior a dos años.

El pacto que Urdangarin y Torres habrían ofrecido a la Fiscalía supone, de facto, una declaración de culpabilidad. Y el reconocimiento implícito de “que la gravedad de los delitos cometidos, unida al caudal de pruebas e indicios en su contra, hace inevitable el ingreso en prisión de los dos ex socios. Los abogados de ambos están ahora negociando entre sí qué cantidad aportarían sus clientes de forma solidaria para su reingreso en las arcas públicas”. La fianza por responsabilidad civil que plantearía la Fiscalía Anticorrupción para Iñaki Urdangarín sería sólo de 583.000 euros mientras que para el matrimonio Torres-Tejeiro esta cantidad ascendería hasta los 1.140.000 euros. Anticorrupción habría decidido extender la responsabilidad civil del caso Urdangarín a su socio y a la mujer de éste así como a los principales cargos públicos que tramitaron los pagos irregulares. Sin embargo, la infanta Cristina no estaba incluida. El abogado de Urdangarin y el de Diego Torres tenían previsto, por separado, reunirse esta semana con la fiscalía anticorrupción para tantear un posible pacto. Pero, desbordados por la publicidad del caso y por la expectación mediática generada, suspendieron temporalmente la reunión para mantener la discreción sobre el caso. Y, mientras el primero niega cualquier caso de contacto “formal o informal” con la fiscalía, Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, advierte que “no va a haber ningún trato de favor”. Por su parte, Manuel González Peeters asegura a la Fiscalía Anticorrupción que tiene en su poder 200 correos electrónicos “comprometedores que se cargarían la Monarquía”. Es más, si Iñaki Urdangarín no cede a pactar, toda esa información verá la luz “con cuentagotas, a razón de uno por semana”.

Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach.

El acuerdo perseguido por Diego Torres con su ex socio, el duque de Palma, consistiría en el reconocimiento de algunos delitos para que la pena impuesta no supere los dos años, algo que evitaría que ambos entrasen en prisión, al no contar con antecedentes penales. En este sentido, González Peeters y Pascual Vives, abogados de Diego Torres y del Duque de Palma, intentan llegar a un acuerdo para que sus clientes eviten la prisión. Según El País, el yerno del Rey devolvería 1,7 millones de euros malversados, a la espera del informe pericial de Hacienda solicitado por el instructor del ‘Caso Nóos’, José Castro. Este, considera que existen “sobrados indicios” de que el Duque de Palma siguiera vinculado al Instituto Nóos después de marzo de 2006, cuando el Rey le ordenó que dejara a un lado sus actividades en la entidad. “Todo apunta a que tal desvinculación no se produjo”, dice el juez en un auto que pone en duda las explicaciones de Urdangarin. Según el texto, “no acaba de convencer el argumento de que sus funciones sólo eran en materia estrictamente deportiva y sin conexión alguna con la gerencia”. El juez recuerda que “innumerables testigos” han explicado a la Policía que “Urdangarin siempre estuvo detrás de todo el entramado societario, antes y después de esa fecha”. Unas declaraciones que le situarían “al mismo nivel” que Torres, algo que también avalaría “la documentación intervenida”. La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de solicitar una fianza de dos millones de euros para el Duque de Palma. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach tomarán una decisión una vez que la Agencia Tributaria aporte el informe que solicitó el juez instructor en torno a los ingresos percibidos por Urdangarin. Informe que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad sin ánimo de lucro, aunque la decisión final corresponde al juez. Los investigadores apuntan a pruebas que implicarían a Urdagarin y su exsocio, Diego Torres, a delitos tales como falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

El duque de Palma, junto a Diego Torres (a la izquierda) y Pepote Ballester, ex director general de Deportes de Baleares. Foto de Tolo Ramón.

“Es una fina ironía del destino que Urdangarin haya pactado su culpabilidad -escribe Boris Izaguirre en El País bajo el título “El Pacto”–. Porque se había declarado inocente, pero el pacto acerca claramente el final del culebrón real. Cuando eso ocurra, el vacío que vamos a sentir será enorme y tendremos que volver a hablar de cosas pedestres, de asuntos menores… Muchos son los que hacen bromas con que Torres y Urdangarin, los exsocios pactantes, se presentaran juntos en Mallorca, uno con esposa, el otro sin, y le dijeran al juez ‘Nóos declaramos culpables’, pero a lo mejor ni eso. Como el pacto les libra de sentarse en el banquillo, Urdangarin puede enviar todo por SMS a cargo de la empresa para la que trabaja con plena tarifa plana. En el presunto de que decida hacerlo en persona, esperamos ahora un algo más de espontaneidad al declararse culpable que hace meses cuando se declaró inocente. Una lágrima en la arena de Palma, total qué más da si la culpabilidad ya está más que tasada. Sería ya increíble que se le ocurra emplear las mismas once palabras del Rey, porque ahí sí que la ironía fina tendría un pleno de póker”. Un artículo lleno de guiños, sagacidad y diplomacias que dice lo que todos pensamos. Y que termina con una reflexión sobre Torres: “Alguien debería reconocerle su lección: aprender que los e-mails no deben borrarse. Ninguno, cualquier e-mail es importante, sobre todo si contienen las palabras ‘Su Majestad me ha dicho’ o ‘Cristina y yo’. Torres debería considerar reunir una antología del e-mail no borrado y escribir con ello un best-seller. Titularlo Spammalot. Aunque desprendan un leve perfume a chantaje, no se puede negar que históricamente todas las casas reales tienen alguien que ansía medrarles. Por eso, el pacto transpira la urgencia por abreviar este caso que, sin quitarles la sonrisa ni la corona, les arrebató el aura. Hubo un instante en que el caso Urdangarin pudo ser el principio de un cambio profundo en las formas de la Casa del Rey. Al final, ha sido un pulso, el eterno pulso entre el poder y los que se dejan fascinar por él y sus privilegios. Ha ganado El gatopardo: ‘Que todo cambie para que todo siga igual’.

“De ser ciertas las noticias sobre los negocios supuestamente ilegítimos de Iñaki Urdangarín, yerno de los Reyes –escribe Manuel Molares do Val escribe en su blog Crónicas Bárbaras– puede asegurarse que nunca usó el amenazante “¡Usted no sabe quién soy!”, sino el amistoso “Usted ya sabe quién soy yo” de los famosos que pueden hacer favores. El primero se encara chulesco con cualquier ciudadano para imponerle su voluntad, el segundo utiliza sus privilegiadas relaciones con los poderes nacionales e internacionales para prometerle beneficios a quienes confían en él como cabeza de un lobby social. Este papel es el de los Reyes y de su familia más cercana. Es una función que va con el cargo por el que se le paga: un rey está para vender las bondades de la Monarquía en el interior del país, y lo que este genera y produce, en el exterior. Pero de ser ciertos los negocios en los que estaría implicado con el conocimiento y participación de su esposa, la infanta Cristina, este vasco exjugador de balonmano del Barça ha defraudado las funciones que debería haber realizado ‘gratis et amore’. Era un caso interesante, este matrimonio, en el que la monarquía se abrazaba a los levantiscos: Ella trabaja honradamente en la Barcelona que peleó contra los Borbón y a favor de los Habsburgo en la Guerra de Sucesión española 1700-1714. Él es hijo de un notable del secesionista PNV. La ONG de Urdangarín, que no era tal, cobró hasta 16 millones de euros por supuestas mediaciones, bastante inútiles, para los gobiernos de Baleares, Valencia y Cataluña, y los ayuntamientos de Valencia, Barcelona, Mataró y Alcalá de Henares. Pero también para unas 80 empresas y fundaciones. Todo son desgracias en casa del pobre, que es España. Tanto, que a la Familia Real se le ha caído otro yernísimo”.

“El escándalo –escribe Ignacio Escolar en un artículo ‘Iguales ante la Ley’, publicado en El Periódico de Catalunya– no está en que Iñaki Urdangarin intente llegar a un pacto con la fiscalía para evitar el juicio y eludir la prisión. Tal posibilidad está en la ley, esos acuerdos son cotidianos en todos los juzgados y la justicia para el duque de Palma no debería ser más laxa pero tampoco más dura que la de cualquier otro procesado. Lo realmente criticable son otros tres aspectos que conviene destacar. El primero, que han pasado poco más de dos meses desde que Urdangarin proclamó su inocencia y aseguró que iba a defenderse para ‘aclarar la verdad’ y demostrar su ‘honorabilidad’. Que su abogado ahora negocie admitir que el yerno del Rey es un delincuente que mintió puede que sea una buena escapatoria judicial, pero no parece el comportamiento más ejemplar. El segundo, que hay una negociación aún más escandalosa en marcha: la que llevan, con retransmisión abierta a los medios (solo falta que canten los goles en Carrusel Deportivo), los abogados de Urdangarin y los de su cuate, Diego Torres. El socio del duque ha amenazado ante los morros del juez con tirar de la manta, con unos correos que presuntamente involucran a la infanta Cristina y al mismísimo Rey, si no hay un trato favorable para él, su cuñado y su mujer. Si esas pruebas existen, la obligación de la justicia es hacerse con ellas y llegar hasta el final, sin respetar cualquier componenda entre los imputados para repartirse la responsabilidad. Y el tercero, que muchas de las irregularidades de esta organización sinónimo de lucro llamada Nóos pueden quedar impunes porque algunos de los afectados no se han querido personar. En caso de que el acuerdo llegue, gran parte del dinero no se devolverá. El juez está investigando exclusivamente los fondos desviados desde el erario, pero no esos hinchados patrocinios o esos informes copiados de internet que la fundación de Urdangarin vendía a precio de oro entre las principales empresas del país. Ninguna de ellas parece haberse sentido estafada ni ha presentado acusación. Cabe preguntarse el por qué”.

Matías Vallés, desde su blog “Al Azar” escribe bajo el titulo “La corona se deja chantajear”, sus reflexiones: “Un estafador que confiesa su condición de delincuente chantajea a la Corona, amenazando con la publicación de correos incriminatorios. La única respuesta admisible en la jefatura del Estado consistiría en desenmascarar al facineroso y denunciarlo con firmeza. Pues bien, la estupefaciente reacción de La Zarzuela se ha centrado en otorgarle un crédito absoluto, en acceder a sus pretensiones, y en colaborar con entusiasmo para que no entre en la cárcel. La institución se compromete a buscar la colaboración del aparato judicial, y ofrece como rehén a otro estafador confeso que pernocta en el palacio. Los chantajeados se ponen a la altura de los chantajistas, y se supone que la afición ha de callar respetuosamente. Admitamos el perdón pactado para los estafadores, pero el Jefe del Estado tiene que volver a explicarse o asumir la responsabilidad del gobernante a quien ponen en peligro unos delincuentes. Para endulzar el escándalo, se envuelve en una restitución de millones de euros. Si los primeros fueron pagados por Jaume Matas, ¿qué garantía hay de que la devolución no se efectuará con más dinero público, visto el oscurantismo en la financiación de la Familia Real?

“Lo peor de matar elefantes es que se acaba pensando que pueden liquidarse todos los problemas por idéntico procedimiento. Con el pacto judicial anunciado para Urdangarin, no confiesa el yerno del Rey, sino La Zarzuela en pleno. Botsuana y Nóos tenían que converger en algún momento, pero se está forzando peligrosamente la elasticidad del Estado de Derecho. Los manejos de alcantarilla palaciega demuestran el excelente trabajo del juez de Instrucción y de la fiscalía Anticorrupción, y ahora viene la conclusión que ustedes no estaban esperando. Procede exigir responsabilidades a la jefatura del Estado, y acceder a continuación a un pacto bien remunerado con Urdangarin. En manos de otros fiscales, o de la notoria Sala Garzón del Tribunal Supremo, el duque de Palma que se considera culpable no sólo podría salir inocente, sino coronado”.

El Ayuntamiento de Berga, en Barcelona, ha aprobado una moción para declarar al rey “persona non grata” y retirar el título de hijo adoptivo y la medalla de oro de la ciudad a Francisco Franco. La moción se ha aprobado con los votos a favor de La Candidatura d'Unitat Popular y las abstenciones de CiU y el PSC. El Partido Popular votó en contra. La formación independentista considera que Juan Carlos de Borbón no es rey como resultado de un proceso democrático sino como consecuencia de la herencia dictada por Franco. La iniciativa alude a la polémica cacería del monarca en Botswana, pero también argumenta que su cargo carece de “legitimidad” y de un proceso democrático que lo avale.

Foto de Pedro Magueño, en La Vanguardia.

Durante todo el jueves y el viernes de la semana pasada se oyeron machaconamente helicópteros sobrevolando el cielo de Barcelona, mientras que, en el suelo, furgones de antidisturbios circulaban alrededor del Hotel Arts y agentes de los Mossos d’Escuadra, de la Guardia Civil y de la Policía, se desplegaban en torno al lugar en donde se reunieron los gobernadores del Banco Central Europeo. El interior del edificio estaba custodiado por la policía española, con francotiradores en las partes altas. Como medida de seguridad, se anuló el servicio de bicicletas, Bicing, de la avenida Litoral con la calle Marina, el más cercano al hotel. Sólo los clientes o quienes contaban con una acreditación del BCE podían entrar en el establecimiento hotelero, vigilado estrechamente por efectivos de la Policía Nacional y rodeado de vallas. Unos ocho mil agentes protegiendo a una cincuentena de banqueros. Y, pese a que la ciudad fue tomada literalmente por la Policía –ciento sesenta agentes por cada representante del BCE–, dicen que los nervios de los responsables de Interior estaban a flor de piel, pensando que pudiera ocurrir como había sucedido hace seis semanas, cuando Barcelona había ardido por las protestas de los manifestantes. El jueguecito del despliegue policial por parte de los Mossos d’Esquadra costó, según Felip Puig, entre 400.000 y 500.000 euros. Un importe considerado por el consejero de Interior de la Generalitat como “razonable” para este tipo de acontecimientos. Un exceso próximo a la ridiculez, como opinó El País.

Foto de los componentes del BCE. Veintitrés rostros de los mercados.

Y en medio de este despliegue policial descomunal, en el interior del Hotel Arts, veintitrés consejeros del Banco Central Europeo (BCE) se dejaron fotografiar para la prensa mientras la bolsa española caía el 2,55 % y cerraba por debajo de los 7.000 puntos, registrando un nuevo mínimo anual. La prima de riesgo se disparó hasta los 422 puntos. El propio presidente del BCE, Mario Draghi, durante su intervención en la cena ofrecida por el presidente de la Generalitat, Artur “More”, como anunciaba una traducción de Internet, hizo un llamamiento a los líderes de la Unión Europea (UE) para el acuerdo de un “pacto de crecimiento”, dejando claro que la consolidación fiscal es “inevitable y necesaria”. El hecho de que el encuentro tuviera lugar en Barcelona puso en el foco de la reunión la situación de España, que entró en recesión en el primer trimestre del año y vio cómo la agencia de medición de riesgo Standard and Poor's rebajaba dos peldaños su calificación, de “A” a “BBB”. Lo que previsiblemente dificultará aún más su capacidad de refinanciarse en los mercados exteriores.

El parlamentario de ERC, Joan Tardà y el diputado de IU, Gaspar Llamazares, han presentado en Las Cortes una batería de preguntas con el objetivo de que se desvele cuánto ha costado a las arcas públicas la celebración de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona. Llamazares inquiere sobre el despliegue y “ocupación” del BCE. Quiere conocer “su coste” y los efectos sobre el ejercicio del derecho de manifestación. También ERC quiere saber, con todo detalle, cuántos efectivos de seguridad se han desplazado a Barcelona y cuánto ha costado su movilización. Tardà pregunta al Gobierno si sabe qué gastos ha originado esta cumbre a la Generalitat y al Consistorio barcelonés y si ese montante será devuelto a ambas instituciones por parte del Estado. ERC también interpela al Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre si cree “proporcionado” el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y si estima “justificable” la suspensión del Tratado de Schengen. La última de las cuestiones que los republicanos catalanes han presentado a la Mesa del Congreso versa sobre si el Ejecutivo tiene previstas otras reuniones que, como esta, causen “este tipo de alarma” en la ciudad de Barcelona.

Erlich nos muestra cómo el BCE pide a España reformas más ambiciosas y soluciones para la banca. Con esta viñeta humorística entramos en esta parte en la que los humoristas son los protagonistas. Comenzamos con Varona que nos muestra la jubilación del Rey, cómo la agencia Standard & Poor’s califica (y pisa) a España, cómo Sarkozy, el candidato a presidente, barre para afuera y cómo algunos se pagan la universidad y se labran un futuro. M. Fontdevila nos recuerda a una Aguirre pletórica y a Urdangarin, castigado. El Roto, De Cap, Forges y Ortuño completan la serie de humoristas de este domingo.

Desde Mallorca, Pep Roig nos presenta “Ecografía”, Los oficios de la crisis y Noticias de Escafalandia.

Terminamos con cuatro vídeos relacionados con la realeza.

El Ayuntamiento de Berga declara "persona non grata" al rey Juan


El escritor reflexiona acerca de para qué sirve la monarquía. Actuación en el programa catalán "Persones Humanes". 1994.

Feliz domingo y hasta la semana que viene.