Los bancos de depósitos, en propiedad aún de los accionistas, y dirigidos aún por unos administradores de su confianza, fieles siempre al ánimo de lucro inherente al capitalismo, son culpables de haber creado la inflación crediticia causante del colapso internacional del sistema financiero, al hacer lo que, por otra parte, les permitía el mercado amoral de la especulación. Por temor ideológico a la nacionalización, los gobiernos liberales de EEUU y los socialdemócratas europeos improvisaron falsas fórmulas intervencionistas, de porvenir incierto, que convirtieron supuestamente al Estado: en propietario de bancos hipotecados quebrados; en rescatador de bancos de negocios y fondos de inversión naufragados; y en avalista de los depósitos de todos los bancos comerciales. Y de nuevo estas medidas expeditivas gestionadas por los mismos expertos en especulación que ocasionaron el caos financiero.
La crisis del sistema financiero, en una economía mundialmente globalizada, ha logrado estancar el sistema de producción, empleo y consumo, y sin embargo, no ha habido una estatalización de la banca. Recordar que fueron las necesidades de los mercados nacionales las que estatalizaron los bancos emisores de moneda, en el siglo XIX, pero ningún sector liberal pide hoy que se privaticen los Bancos Centrales. Fue la Gran depresión del 29 la que impuso la intervención directa del Estado, no en la simple regulación del mercado, sino en la economía de producción y consumo, con gigantescas obras públicas y demandas a largo plazo de bienes de equipo a la industria privada. La guerra mundial acentuó esa tendencia que en la postguerra dio lugar a la formación de grandes corporaciones. La gran industria necesitó ser asistida por una gran banca privada. Hasta que, con el final de la guerra fría y de los viajes a la Luna, ese predominio se invirtió y el capital financiero tomó el control de la economía industrial y los gobiernos. Ya no es aquel tiempo de los Henry Ford, cuando la banca era sitio seguro de guardar dinero industrioso, dándole intereses en lugar de cobrárselos.
Pero la realidad nos dice que tras decenios de desviaciones financieras y privatizaciones ya es hora de pasar el sector crediticio al dominio público. Los Estados deben recuperar su capacidad de controlar y orientar la actividad económica y financiera. También deben contar con instrumentos para realizar inversiones y financiar el gasto público reduciendo al mínimo el endeudamiento con instituciones financieras privadas y/o extranjeras. Hay que expropiar los bancos, sin indemnización, y transferirlos al sector público bajo control ciudadano. En algunos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el Estado debido a las deudas que puedan haber acumulado. El coste en cuestión debe recuperarse del patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las empresas privadas que son accionistas de los bancos y que los llevaron al abismo mientras obtenían jugosos beneficios, son propietarias de una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Debe hacerse, pues, una punción en el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo la socialización de las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático. La forma en que se efectuó la nacionalización del Allied Bank irlandés es inaceptable. Hay que aprender de eso.
Si la Monarquía de partidos es incapaz, por las mil razones que a nadie se le ocultan, de acometer estás necesarias y urgentes reformas para quitar el tapón que impide fluir la economía, deberán ser apartado del poder. Estamos obligados a salir de este eterno invierno artificial.