Uruguay: Aborto legal, historias al amparo de la ley

Aunque las uruguayas tienen actualmente garantizado el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo, en los próximos días la ciudadanía decidirá si se convoca o no a referéndum la mencionada legislación.
El próximo 23 de junio, quienes desean someter la ley de interrupción voluntaria del embarazo a referéndum deberán alcanzar los 650.000 votantes, pues solo así reafirmarían la posibilidad de la convocatoria.
El partido de gobierno ya ha manifestado su voluntad de mantenerse en el objetivo programático alcanzado, mientras que algunas organizaciones sociales y el opositor Partido Nacional buscan favorecer la realización del referéndum.
Fuentes del ministerio de salud han informaron que el proceso de implementación, iniciado en 2012, viene siendo positivo, en tanto garantiza que las mujeres ejerzan el derecho a la nueva prestación.
Según las fuentes, esto se refleja, en primer lugar, en que las usuarias que lo desean pueden ejercer su derecho a la interrupción en todas las regiones del país, incluso donde se presentaba la objeción de conciencia colectiva, como en el departamento de Salto, al norte del país, donde el cuerpo de ginecólogos completo optó por la objeción de conciencia. La traba se resuelve enviando a las interesadas al departamento más cercano. Derecho que es un hecho
La reglamentación de la norma habilita el cambio de institución de salud en 24 horas de presentarse la negativa a brindar la prestación y desde la Secretaría de Estado se asegura que "no ha habido dificultades" para darle cumplimiento.
En el primer cuatrimestre del año hubo en promedio ocho cambios al mes. Las solicitudes de cambio provienen, fundamentalmente, del Círculo Católico, institución prestadora integral de salud que forma parte del Sistema Nacional Integrado de Salud en el país.
La solicitud de cambio de institución puede presentarse por cualquier usuaria del mencionado sistema, siempre que se le sea negada la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. El pedido se presenta ante la Junta Nacional de Salud, que la tramita en el correr del día.
Aunque la ley establece que las estadísticas se entreguen anualmente, el ministerio informó que en agosto brindará un cierre del primer semestre. El promedio manejado es de 400 interrupciones voluntarias del embarazo al mes, entre enero y abril de este año.
Las quejas presentadas al ministerio, informalmente, no tienen tanto que ver con el cumplimiento de las instituciones, sino con una cultura institucional que, en el trato y las formas de abordaje, no es respetuosa de un derecho ya protegido en la ley.
De todos modos, y al tener carácter informal, no generan más que insumos para el área de salud sexual y reproductiva del ministerio que gestiona la política, y no tienen consecuencias en el nivel formal. Historias concretas
Tania y Lucía tienen 28 y 30 años, respectivamente. Con historias previas distintas, en institución privada una y pública la otra, ambas relatan a SEMlac qué pasos debieron seguir para realizar la interrupción de su embarazo, en el marco de legalidad reciente.
Tania hizo el procedimiento en la Médica Uruguaya, una institución de salud privada. Ya tenía dos hijos y en su proyecto no había previsto un nuevo embarazo.
"Lo primero que hice fue ir a la policlínica ginecológica del día, a atenderme con el que estuviera de guardia. Mi ginecóloga estaba de licencia", cuenta Tania. "Le dije que estaba embarazada y quería hacerme una interrupción. El médico me respondió que no tenía los formularios necesarios y, por orden de la dirección técnica, me tenía que dar el pase al Servicio de Salud Sexual y Reproductiva", explica.
Por lo tanto, para Tania hubo, llamémosle así, un nuevo comienzo. "Fui a pedir hora con el servicio y allí te dan un papelito. A partir de ahí arranca todo el procedimiento burocrático", obtener día y hora, saber cuándo atiende el servicio, cuenta la joven.
La primera entrevista fue muy vaga, según Tania. "Me preguntaron si había hablado esto con alguien, si tenía compañero, pero nada más. Fue rara", define la joven, que esperaba recibir más información.
En la segunda consulta, con la ecografía y otros estudios en mano, la joven sí encontró algo más de información y le dijeron que en la siguiente ya se iría "con las pastillas en la mano".
En la segunda consulta ya corrían los cinco días que establece la normativa para la "reflexión" y toma de decisión definitiva por parte de la consultante, aunque en el caso de Tania, fueron 10, dada la espera.
Historias paralelas
Lucía, de 30 años y sin descendencia, vivió menos peripecias. Probablemente porque se atiende en salud pública y el hospital Pereira Rossell ya tiene una larga trayectoria en el funcionamiento en equipo para asesorar en el tema.
Pese a que en 2013 los servicios de salud comenzaron a implementar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, desde el año 2004 el hospital contaba con el servicio de asesoría pre y post aborto.
Del tiempo de embarazo calculado por Lucía al que luego le dijeron que tenía de avance, había una diferencia importante, por lo que, además, "todo el proceso tuvo que acelerarse". En una primera charla "ya te preguntan cuál es tu decisión y porqué", dice.
En un segundo encuentro con el equipo integrado por ginecólogo, asistente social y profesional de la psicología, cada cual llena los formularios previstos por el protocolo del Ministerio.
"Mi decisión fue razonada, bien pensada, entonces ya iba segura de lo que quería. Cuando expuse eso, no tuve peros. Me preguntaron cómo se vinculaba la decisión conmigo, con mi pareja, pero no me hablaron de otras opciones", cuenta. "Sentí que el proceso fue respetuoso y natural", expresa.
Además, le brindaron material sobre el proceso y qué hacer si no funciona la pastilla. "Es una especie de contrato, te dice lo que puede suceder y firmás un consentimiento". Sin embargo, considera que no es información práctica para la persona, sino más bien de tipo "médica, de uso del medicamento".
A los cinco días, tuvo la tercera consulta con una ginecóloga, en la que ya le recetaron las pastillas. De todos modos, ahí los procedimientos de Tania y Lucía son divergentes, de acuerdo al tiempo de gestación que cada una tenía al momento de realizar la interrupción.
El procedimiento
"La explicación es muy general, sobre cómo utilizar el medicamento", describe Tania. "No me dijeron cosas que hubiese sido bueno saber y que supe por otros lados".
Por ejemplo, cuenta: "A mí me las mandaron a tomar de forma yugal (disolviéndose en la mejilla), de gran diferencia con la vía vaginal. Tampoco me explicaron cómo podía transitar mientras pasaba por el proceso de que las pastillas hicieran efecto".
Es preciso recordar que el Misoprostol en la dosis establecida (800 mg) tiene, precisamente, la función de activar un proceso de contracciones en el útero, lo que se asemeja al trabajo de parto, y puede implicar dolores intensos, espasmos, vómitos, descompostura, entre otros efectos.
A ese procedimiento medicamentoso le antecede, en las 24 horas previas a la toma de Misoprostol, el consumo de 200 mg de Mifrepistona, que actúa como "preparatorio", en tanto corta el proceso hormonal de embarazo en marcha.
Sobre el acompañamiento de otra persona para hacer más llevaderos estos efectos y, según los relatos de ambas, la información es escasa.
Las vías no formales
Lucía vivió un proceso diferente, internada en el hospital en lugar de su hogar, pues ya estaba más cerca de las 12 semanas y los riesgos son mayores.
Sin embargo, coincide con Tania en que, si lo hubiera realizado en su casa, "sólo tenés como recurso ir a emergencia a consultar", y hay dudas más prácticas que no lo ameritan.
La información concreta, se obtiene por vías informales: en la sala de espera, en ambos casos (tanto en el servicio público como en el privado), se generó un espacio de intercambio entre quienes aguardaban las consultas.
Una de las incertidumbres, por ejemplo, es el tiempo que dura el proceso. Si bien se sabe que varía mucho de mujer a mujer, podrían establecerse unos plazos mínimos y máximos.
De hecho, los dos relatos son muy distintos: mientras uno tardó en comenzar pero fue leve, el otro comenzó a las tres horas de consumir el Misoprostol pero se extendió hasta el siguiente día. Resistencias institucionales, dificultades concretas
Si bien Lucía lo hizo en el hospital y eso, de algún modo, le brindó mayor seguridad, también se encontró con una especie de "mensaje institucional" reiterado: si tomaste una decisión, hazte cargo. Este no es un problema de salud.
No se lo dijeron directamente, pero ante cualquier consulta omitían responderle y decían: "cuando venga el ginecólogo le preguntás", puntualiza.
Si las primeras cuatro pastillas no funcionan, como le pasó a Lucía, a las seis horas hay que volver a repetir la dosis. En su caso, no las habían dejado recetadas, debiendo explicar lo que sucedía a más de un funcionario y someterse "a los criterios y la moral de cada quien".
Tania, en cambio, vivió el proceso en su casa y acompañada de su pareja, aunque tuvieron que resolver dónde dejar a los niños durante ese tiempo.
Las dificultades, para ella, pasaron por lograr que la sensación de "dureza" en el útero se fuera, lo que implicó masajearse con el puño (recomendación que se realiza también a mujeres luego del parto, pues el proceso de contracciones musculares requiere de un ablande). Ello, sin embargo, lo recordó de una conversación informal, y no de las instancias médicas previas.
Tanto Lucía como Tania, coinciden en que la legalidad del proceso, la atención por medio de una cita como con cualquier otra consulta médica y el encuentro con otras mujeres, propician un clima de naturalización de las conversaciones sobre el aborto.
Sin embargo, aún sigue habiendo información acotada en el nivel formal e institucional de atención.
Fuente: Semlac/AmecoPress.