Vacunas a la basura, contratos fantasma y desatinos varios

El caso de la gripe A, sus desatinos y fenómenos asociados, pasará a ser paradigmático en muchos sentidos y para según qué cosas. Por ejemplo, con el asunto de la gestión de las vacunas.
Echemos la vista atrás para recordar lo sucedido.
En plena epidemia de locura, diversos colectivos, al verse inicialmente excluídos de los borradores de las numerosas listas de población susceptible o de riesgo, pedían ser vacunados. La presión y el desatino general hizo que la administración, "para curarse en salud" (a eso lo llamo yo gestión defensiva) previera la compra de vacunas para el 40% de la población española.
Pero poco a poco las aguas volvieron a su cauce y la calma se impuso. De esa manera, cuando llegó la hora de administrar la vacuna la bola del péndulo estaba ahora en el lado opuesto, y ya pocos querían ponérsela. La preocupación no era tanto la glamourosa gripe, que estaba demostrando una indulgencia que ya muchos preveíamos, sino las grandes sumas de dinero que se presumía se iban a tirar al cubo de la basura. Un sólo euro malgastado a cargo del estado cuando se estaba ya hablando de copago sanitario y de recortar derechos sociales era algo muy duro de entender.
Para evitar la catástrofe, el ministerio de sanidad lanzaba globos sonda: que si modificar los grupos de riesgo para incluir a más gente dentro de la población diana, que si ponerla a la venta libre en las farmacias, que si donar dosis a la Organización Panamericana de Salud (la división latinoamericana de la OMS), etc. Pero no era suficiente: a pesar de todo esto iban a sobrar aún más vacunas. Para calmar los ánimos, Sanidad aprovechaba cualquier evento para lanzar mensajes a los medios: se estaba renegociando el contrato de compra de las vacunas con los laboratorios fabricantes, de manera que "tuvimos la cautela de introducir en los contratos la posibilidad de renegociar" en caso de que sobraran.
Hete aquí que, como era de esperar, nos anuncian, en pleno agosto, que han sobrado 4 millones de vacunas, que ahora el ministerio "se verá abocado a destruir". Algo que también ha pasado en otros países, todo hay que decirlo (en EEUU, por ejemplo, 40 millones...). ¿Ha fracasado la renegociación o es que ésta no ha tenido lugar?
En medio de todo esta locura, un periodista independiente, citando el testimonio de un abogado, anuncia en su blog que lo mismo el ministerio nos mintió a todos, y que tal cláusula de renegociar la devolución de las dosis sobrantes podría no estar en los contratos que el ministerio suscribió con las compañías. La gota que colma el vaso.
Yo me pregunto (y os pregunto): ¿debe ser este abogado el que emprenda acciones legales contra el gobierno? ¿Debemos ser los ciudadanos los que pidamos cuentas claras al ministerio? ¿Deben hacerse públicos estos contratos? De confirmarse la ocultación y la mentira, ¿debemos pedir la dimisión de Trinidad Jiménez? ¿Nos quedaremos con la duda?