¡Vámonos evaluando todos!

Preparándose para educar.

Uno de los puntos sobresalientes del conflicto magisterial en México es el rechazo de un sector de los maestros a ser evaluados, y que de este examen se deriven sanciones contra ellos.

La evaluación en sí no debiera asustar a nadie, por lo contrario, es indispensable para que todos hagamos mejor nuestro trabajo y cumplamos con nuestras metas. Los mismos maestros aplican métodos para valorar conocimientos de sus alumnos desde hace siglos, y nunca pasó ni pasa nada.

¿Pero por qué sólo ellos?

Sin embargo, desde mi punto de vista, hay aquí una evidente falta de equidad. En un país que presume de democrático, en el que todos somos sujetos de los mismos derechos y obligaciones, no es justo que solamente se obligue a evaluar la aptitud de los maestros. ¿Por qué no incluir también a todos los que realizan una función pública y cobran por ello?

Empecemos por los miembros del Gabinete federal, cuya labor en diferentes áreas, según todas las encuestas, ha dejado bastante qué desear en los últimos años.

Sigamos con los gobernadores, algunos de ellos con suficientes méritos para estar en la cárcel, juntos con muchos de sus colaboradores. Igual, habría que evaluar el trabajo de los presidentes municipales que incluso llegan a coludirse con la delincuencia organizada, como lo vimos en el caso de Ayotzinapa.

También ameritan una valoración rigurosa, por lo menos anual, los diputados y senadores, que es mucho lo que despilfarran y muy poco lo que aportan a la Nación, y con ellos los magistrados y jueces de la Suprema Corte de Justicia, así como los integrantes de los Congresos locales, presidentes municipales y regidores.

Ya entrados en gastos…

Bueno, aunque ya no se trata de funcionarios públicos, pero sí de mexicanos que realizan importante función social, todos tendríamos que someternos a un examen periódico, incluyendo aquí a empresarios, profesionistas, obreros, campesinos, y claro, a los periodistas.

En este caso, y en un régimen de libertades como el que vivimos, no corresponde al Estado evaluarnos, pero sí a las organizaciones civiles, a las Cámaras de comercio y de industria, a los colegios de profesionistas, a los sindicatos obreros y campesinos, y en general que cada quien se preocupe por valorar periódicamente su trabajo.

Todos debemos evaluar nuestra labor, desde el Presidente de la República hasta el último funcionario del gobierno, para ver si estamos actuando de acuerdo con las leyes fundamentales del país, de los Estados y municipios, y de nuestra propia conciencia.

Si conformes con una sincera autocrítica lo estamos haciendo bien, pues qué bueno; de otra manera, hay que rectificar, porque desde tiempos muy remotos quedó claro que ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio es una completa hipocresía.

Ante esta perspectiva, es evidente que la presión gubernamental para evaluar únicamente el trabajo de los maestros, y no el de todos los demás servidores públicos, tiene un fondo político que poco ayuda a la unidad y progreso general de los mexicanos. ¡Seamos parejos!, ¡Vámonos evaluando todos!

javiermedinaloera.com

Artículo publicado por el semanario Conciencia Pública en su edición del domingo 21 de agosto de 2016.