Que un gobierno ofrezca directamente el servicio de acceso a Internet a la población es visto como algo benéfico. En este escenario, la cobertura social es una de las principales ventajas, debido a que una empresa estatal busca ofrecer el servicio a todas las poblaciones, mientras que los ISP comerciales lo suelen buscar solamente para los poblados que resultan comercialmente atractivos.
Este tipo de disposiciones son positivas, porque fomentan la disminución de la brecha digital. No obstante, también enmarcan el riesgo de abusos por parte de las entidades gubernamentales encargadas de operar las redes o de regular su funcionamiento. El bloqueo venezolano al servidor de imágenes de Twitter constituye un ejemplo de estos casos.
En Venezuela, el gobierno actúa directamente ante los usuarios como proveedor de servicio de Internet (ISP) a través de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Sin embargo, esta es no la única opción para los usuarios de aquel país, ya que también pueden acceder a Internet por medio de operadores comerciales.
Además, este esquema podría ser visto como una solución a los problemas de vigilancia masiva por parte de otros Estados, al evitar que los usuarios se conecten a Internet a través de ISP que obedezcan a intereses extranjeros. Sin embargo, el hecho en sí mismo otorga incentivos para que el propio gobierno monitoree y controle -incluso con mayor facilidad- los contenidos que circulan por sus redes, sea con fines de censura o de vigilancia masiva de las comunicaciones.
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