Votar para Reparar

Difusión

Escrito por Rodrigo Jordan

Hay una sensación de abismo en esta elección. Pero no por esa grosera simplificación de que estamos ante “dos extremos”. Por cuarta vez enfrentamos a Keiko Fujimori. Y hay una singularidad en esta, algo no aprehensible en las anteriores: toca elegir desde las ruinas de una democracia que solo espera por el tiro de gracia.

Las instituciones de justicia y protección han sido capturadas por Fuerza Popular: Tribunal Constitucional, Fiscalía, Junta Nacional de Justicia y Defensoría del Pueblo. Esa indefensión es la marca del abismo. Uno que expande sus márgenes hasta los deudos de las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori, y a las de los gobiernos títeres del fujimorismo: los de Merino, Boluarte y Jerí.

Los familiares de las víctimas pelean aún por justicia, por la reparación de los crímenes de Estado, por la recuperación de los cuerpos de sus desaparecidos, por la elucidación de las cadenas de mando, por la condena de los victimarios, por el sentido final de todo ese trayecto de espanto.

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Tras 26 años de finalizada la guerra interna (1980-2000), aún hay 19,029 cadáveres por encontrar. Cada año el presupuesto para la ubicación de fosas clandestinas y para la exhumación de restos es deliberadamente reducido.

La Ley de Amnistía 32419, confeccionada por este Congreso, otorga perdón y desbarata toda acción penal contra militares y policías procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa guerra.

Las plataformas de lucha por la justicia —que agrupan a familiares de desaparecidos y de víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el decenio de Alberto Fujimori—, los colectivos de deudos de las masacres de 2022 – 2023, y las familias de Inti y Bryan, jóvenes asesinados en las protestas de 2020, se han pronunciado por un voto de memoria.

Se han archivado denuncias constitucionales. Se han desarticulado Fiscalías de Derechos Humanos. Hay carpetas que se entreveran y se olvidan en los pasillos de la burocracia.

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Durante 36 años, el fujimorismo ha matado, ha secuestrado, ha esterilizado, ha torturado, ha robado, ha capturado instituciones, ha sobornado funcionarios, ha traficado con drogas y armas, ha comprado medios de comunicación, ha blindado a jueces que vendían sentencias, ha reprimido y encarcelado opositores, ha impuesto una Constitución, ha perpetrado fraude electoral, ha perseguido a fiscales, ha lavado activos, ha derrocado gobiernos elegidos por el pueblo.

¿Cuál es el límite?  Votar para acabar con el fujimorismo para siempre.

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Un aspirante a vicepresidente de Keiko Fujimori confesó en televisión que Fuerza Popular, la Fiscalía y la gran prensa complotaron para derrocar a Pedro Castillo. Eso confirmó lo que todos vimos desde el día en el que aquel maestro rural ganó las elecciones.

Keiko Fujimori gritó fraude. Los estudios de abogados más poderosos trabajaron para anular el voto de la población más pobre. Luego todo fue un aluvión de empates golpistas hacia el gobierno de Castillo: cuatro mociones de vacancia, una destitución que, sin la cantidad de votos requeridos, violó todos los procedimientos constitucionales y condujo a una detención ilegal. El 7 de diciembre de 2022, el objetivo estaba cumplido.

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Un golpe aleccionador y racista. La experiencia Castillo no podía repetirse. ¿Ven qué es lo que sucede cuando la población andino-rural se atreve, por primera vez en 200 años, a colocar a un campesino en palacio?

La promesa liberal republicana fue destruida por sus élites. Ese contrato en el que el cada voto vale igual al de todos los demás sin importar condición alguna.

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Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, 18 regiones del país salieron a protestar para exigir la restitución del presidente que habían elegido apenas año y medio atrás. Demandaron el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y la renuncia de Dina Boluarte, la marioneta del fujimorismo.

La respuesta fue la militarización del territorio y una represión descomunal, la cuota de sangre que selló la última fase del proyecto.

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En Puno, Ayacucho, Apurímac, Junín, Arequipa, Cusco, La Libertad y Lima, la policía y el Ejército asesinaron a 50 manifestantes. Entre ellos a siete menores. Hubo cientos heridos.

Vimos tanquetas ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos, y llevarse a estudiantes y a miembros de las comunidades campesinas del sur alojados allí.

Hay ciudadanos que hoy son procesados por terrorismo solo por protestar. Hay presos políticos por liberar.

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En el Perú la gente desaparece. El duelo se torna perpetuo.

El voto por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, es un resquicio de posibilidad de cambio. Quizá el último.

Se precisa de un voto que repare a las víctimas de toda la violencia despótica del fujimorismo.