Acuerdo internacional antipiratería: a México se le acaba el tiempo

La presión internacional para que México firme el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) aumentó significativamente luego de que el jueves 26 la Unión Europea (UE) y 22 de sus Estados socios firmaron tal acuerdo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, en Tokio.
Firmaron el controvertido acuerdo antipiratería representantes de la UE y de los gobiernos de Reino Unido, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España y Suecia.
Alemania, Estonia, Holanda, Chipre y Eslovaquia han anunciado que esperan adherirse pronto al acuerdo.
El 1 de octubre del año pasado estamparon su adhesión al ACTA Marruecos, Singapur, Australia, Canadá, Corea del Sur y Nueva Zelanda, así como sus promotores: Estados Unidos y Japón.
México, Suiza y la UE no se adhirieron en esa ocasión al acuerdo, pero reiteraron en el comunicado conjunto de las partes negociadoras su “apoyo continuo y los preparativos para firmar el documento tan pronto como sea posible”.
La adhesión de la UE a ACTA ha generado protestas de todo tipo en Europa, desde movilizaciones de organismos defensores de los derechos civiles y del libre acceso a internet, hasta ataques de ciberactivistas contra sitios gubernamentales.
El martes 24 medio millón de ciudadanos polacos se manifestó en las calles del país contra la decisión del primer ministro Donald Tusk de firmar el ACTA y para exigir un referendo.
Además, desde el sábado 21 el colectivo de hackers Anonymous había atacado y cerrado páginas electrónicas del gobierno de Varsovia y de corporativos trasnacionales; sólo el 24 de enero dicha organización tiró casi mil sitios web exhibiendo leyendas anti ACTA en las pantallas. El jueves 26 fue apagado temporalmente el sitio de internet del Parlamento Europeo tras un “ataque de denegación de servicio” de 300 mil “golpes” por segundo.
El miércoles 25 el ministro de Administración y Digitalización de Polonia, Michal Boni, justificó la decisión del gobierno con el argumento de que era imposible retirarse del ACTA, puesto que el país se había unido al proceso de negociación en 2008. En todo caso, dijo, “Polonia deberá adjuntar una cláusula al tratado que mostraría cómo interpretamos estos artículos” sobre el uso de internet y los derechos de los usuarios.
Un día antes, el 24 de enero, Pedro Velasco Martins, el director adjunto de la unidad de propiedad intelectual de la Comisión Europea y el negociador europeo del ACTA, confirmó a Apro que “México continúa con el proceso interno de aprobación” del acuerdo, a pesar de que lo rechazó el Senado mexicano en junio pasado.
Velasco Martins utilizó el mismo argumento que el gobierno de Varsovia para remarcar la supuesta obligación que tiene el gobierno de Calderón de firmar el ACTA: “No veo por qué no lo firmaría; México es parte del ACTA porque su gobierno decidió participar en las negociaciones”.
Por otra parte, el Instituto de Propiedad Intelectual del gobierno de Suiza concluyó en un reporte que “el marco legal vigente es suficiente” para combatir las infracciones que ocurren en el campo digital. Ese reporte fue aprobado el 30 de noviembre del año pasado por el Consejo Federal suizo.
Una parte del reporte aborda las negociaciones en torno del ACTA. Señala: “Las medidas examinadas contra las violaciones al derecho de autor, como el corte de la conexión a internet por los infractores, el endurecimiento de las sanciones u obligar a las compañías proveedoras de acceso a internet que informen de infracciones, eran de naturaleza represiva. Pero ninguna mayoría pudo ser reunida alrededor de una medida de naturaleza legislativa.
“Las partes negociadoras del ACTA –continúa el reporte– finalmente dieron preferencia a la autorregulación del mercado y convinieron impulsar los esfuerzos de cooperación en la esfera económica para combatir eficazmente las violaciones al derecho de marca, de autor y de otros. Su atención se fijó en particular sobre los proveedores de acceso a internet porque ellos parecen ser los mejores ubicados para contribuir a prevenir las referidas violaciones. Las medidas propuestas iban desde la comunicación de datos de los abonados a los titulares de los derechos de autor, al corte del acceso a internet de los abonados infractores, procesos ambos que no son compatibles con el derecho suizo.”
Pero después expone: “Invadidos por el mismo temor que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de que un nuevo reforzamiento de los derechos de autor tuviera efectos negativos sobre el conjunto de la sociedad, las partes negociadoras del ACTA terminaron por acordar la vigilancia al respeto de la competencia leal, de la libertad de expresión, de los procedimientos justos y de la protección de la esfera privada”.
Resume: “El Consejo Federal opina que el cuadro jurídico trazado por la legislación suiza en la revisión parcial del derecho de autor que entró en vigor en 2008 ofrece por ahora un margen de maniobra suficiente para gestionar la utilización de obras en el entorno numérico. Sería prematuro legislar. Hay que dar al mercado la posibilidad de autorregularse con la finalidad de evitar el mantenimiento artificial de estructuras arcaicas.”
Voto decisivo
Tras la aprobación del ACTA por parte de los países miembros de la UE y del Consejo –la institución de la UE con carácter jurídico donde los Estados asociados toman decisiones conjuntas–, sólo falta la aprobación del Parlamento Europeo, en donde el cabildeo de los críticos y los simpatizantes del acuerdo se ha intensificado.
“La firma de hoy de los Estados miembros no cuenta para nada. Es para el espectáculo, puro teatro. La acción legalmente vinculante del ACTA ocurrirá durante las votaciones en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo”, aclara Rick Falkvinge, fundador del primer Partido Pirata del mundo, el sueco, en su página personal de internet.
El Comité de Comercio Internacional Parlamento Europeo es el encargado de dirigir el proceso de decisión sobre el ACTA. Los comités de Asuntos Jurídicos, de Desarrollo, de Libertades Civiles y de Industria discutirán, votarán y emitirán cada uno un documento de opinión sobre el borrador de reporte sobre acuerdo que elabore el Comité de Comercio Internacional.
Luego de esa fase, dicho borrador de reporte recomendará rechazar o aceptar el ACTA al Parlamento Europeo, cuya plenaria votará en uno u otro sentido. Esa votación tendrá lugar a partir de junio próximo.
Los opositores y simpatizantes del polémico acuerdo medirán sus fuerzas las semanas siguientes. El ponente de la Comisión de Comercio Internacional es el eurodiputado francés Arif Kader, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD); el de la Comisión de Libertades Civiles es el eurodiputado griego Dimitrios Droutsas, también de la APSD; la ponente de la Comisión de Industria es la eurodiputada sueca Amelia Andersdotter, del grupo de los Verdes Europeos; la de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la francesa Marielle Gallo, del grupo del Partido Popular Europeo.
El ponente de la Comisión de Desarrollo es el eurodiputado checo Jan Zaharadil, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Es conocido por sus posiciones escépticas a la integración europea. Su reporte ha sido calificado como “desastroso” por los críticos del ACTA.
Jérémie Zimmermann, portavoz del sitio francés La Quadrature du Net, una fuente de referencia sobre el tema, declaró el 23 de enero que “el proyecto de reporte de opinión presentado por el señor Zaharadil en la Comisión de Desarrollo niega todos los problemas cruciales del ACTA: su ausencia de legitimidad democrática, su visión arcaica del comercio internacional que promete, su impacto sobre el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo, pero también sobre la libertad de expresión y la innovación en el mundo”.
Remarca: “Los miembros del Parlamento Europeo, comenzando por la comisión responsable de desarrollo, deben tomar plenamente en cuenta estos diversos problemas y rechazar el ACTA de una vez por todas.”
No obstante, de manera sorpresiva, este jueves 26 el ponente de la Comisión de Comercio Internacional, Arif Kader, renunció a su encargo por considerar que el ACTA es una “farsa” que se llevó a cabo sin una consulta pública transparente.
En una entrevista con el sitio francés Numérama, Kader dijo: “Quiero denunciar de la manera más enérgica el proceso entero que llevó a la firma de este acuerdo: la no inclusión de las organizaciones de la sociedad civil, la falta de transparencia desde el principio de las negociaciones, los repetidos retrasos en la firma del texto sin dar explicaciones, la exclusión de las demandas del Parlamento Europeo que fueron expresadas en varias ocasiones en nuestra asamblea”.
Acusó: “Como ponente, enfrenté maniobras nunca antes vistas por parte de las fuerzas de derecha de este Parlamento para imponer un apurado calendario antes de que la opinión pública pudiera ser alertada, arrebatando de este modo al Parlamento su derecho de expresión y las herramientas que dispone para llevar las legítimas demandas de los ciudadanos.”
La Comisión de Desarrollo discutió sobre el ACTA en su sesión del pasado 24 de enero. Asistió Pedro Velasco Martins, quien aseguró a los eurodiputados que el comercio de medicamentos genéricos no sería obstaculizado de ninguna manera por el ACTA, como lo habían manifestado durante el debate algunos de ellos.
Afirmó que el ACTA respetaba las razones de salud pública y el derecho a tal clase de medicinas estipulado en la Declaración de Doha y otros tratados internacionales.
La eurodiputada alemana Franziska Keller contestó que el ACTA no era lo suficientemente claro al respecto, por lo que colocaría a esos medicamentos de menor costo bajo la categoría de “mercancías piratas”.
El funcionario europeo subrayó el hecho de que “dos países en desarrollo” se hayan “sumado” al ACTA, refiriéndose a México y Marruecos; mencionó que el acuerdo permitiría a este tipo de naciones “fabricar con cierto grado de innovación” sus productos y “no robar” propiedad intelectual de los países ricos.
La posición de la Comisión Europea expresada por su representante generó disgusto entre algunos asistentes. El exeurodiputado verde David Hammerstein, presente en la sala de reunión, escribió en su cuenta de twitter:

“Absolutamente chocante: la Comisión Europea dice sobre el ACTA que los países del sur, saqueados y robados por Europa, ahora ‘¡deben de innovar y dejar de robar!’”