Alguien se ha hecho caca

Vaya, parece que alguien se ha hecho caca. Huele a toffee en Ciudad Cloaca. El perrete asomó el hocico. El hada marrón dejó su firma. Alguien descomió. Han enviado un fax a Su Majestad. Ahora es el nieto el que le da el werther's al abuelo.

Bienvenidos al momento en que después de dar la vara durante dos años, los cleptócratas reculan.
Tras la convocatoria del presidente de la comunidad autónoma de Cataluña del referéndum secesionista, el gobierno presentó dos recursos al Constitucional: uno para el decreto de convocatoria y otro para la ley autonómica que cobija ese decreto. Al contrario de lo que se escucha por ahí, el Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre estas dos normas —evidentemente—, pero mientras no resuelva su decisión sobre la constitucionalidad de las mismas, de forma cautelar las pone en cuarentena. Esto quiere decir que de momento están sin efecto y como el referéndum se fijó para el 9 de noviembre, previsiblemente el 9 de noviembre no habrá referéndum porque al TC no le daría tiempo para pronunciarse. De todas formas es previsible que el TC se pronuncie en contra de estas normas así que, intríngulis jurídicos al margen, hasta aquí llegó la juerga.

Fin. Kaputt. Se acabó. ¿Y por qué comienzo el texto hablando de caca? Pues por lo que dijo el portavoz del gobierno cleptocrático: la Generalitat no podrá hacer campaña para el referéndum. En palabras del portavoz se trata de no poner entre la espada y la pared a los funcionarios de la Generalitat, pues de incumplir la suspensión cautelar de la convocatoria del referéndum, estarían cometiendo un delito de prevaricación. Se le olvidó añadir un detalle al portavoz: los funcionarios de los municipios también se ven afectados por la suspensión.
Mola eso de dedicar dos años a un tema para desvelar en el momento en que interviene la ley que quienes se verían directamente perjudicados por el asunto son... los auxiliares y bedeles de la función pública en Cataluña. En el instante en que alguien le dice a un bedel que lleve una urna a no sé dónde, ese bedel perdería su puesto de trabajo. Dos años para saberlo, no está mal.

En el escrito presentado por la Abogacía del Estado referido a la Ley de Consultas no Refrendarias, mola que en las primeras páginas se advierta al alto tribunal de que esa ley de consultas no refrendarias es una ley de consultas sí refrendarias. Los abogados del Estado vienen a decir que ponerles nombres ocurrentes a las cosas no cambia la esencia de las cosas. Como cuando se le llama Social Media Manager a un tuitero de mierda. No cuela.
Continúa el texto (PDF) recordando lo que pone la Constitución. No lo que pone un olvidado códice medieval guardado bajo tres llaves y perdido en las inaccesibles bodegas de un monasterio palentino. Lo que pone la Constitución. No es tan dificil. Está hasta en Internet. ¿Y qué pone en ese libro desconocido? Pues que los referéndums que tratan de las cosas del comer deben saludar a todos los españoles. Y que el referéndum lo convoca el Rey a propuesta del Presidente una vez que este es autorizado por el Congreso. El Estado, a través del Congreso y del Gobierno, es el que tiene la competencia exclusiva sobre los referéndums.

Con esto ya está todo dicho, pues a los cleptócratas sólo les quedaría una posibilidad de hacer las cosas dentro de la ley: que Cataluña pasara a llamarse España y que el resto de España fuera desconocido para la nueva España. Así, sí. Pero no parece muy probable que esto suceda.
Naturalmente los ayuntamientos —y las comunidades autónomas— pueden consultar cosas al sabio pueblo... siempre y cuando se traten de asuntos dentro del ámbito de sus competencias. No parece que quitarles la ciudadanía a 40 millones de personas, cargarse la ley y la convivencia de un país de Europa Occidental y frustrar el único periodo de relativa paz y prosperidad de la historia de España sea un asunto que entre en el ámbito competencial del ayuntamiento de Altafulla. No sé, igual me equivoco, pero yo diría que no.

Hace mención el recurso citado a textos del Consejo para la Transición Nacional, que es una cosa donde está Pilar Rahola y que pagamos todos y que yo no sé, pero que no parece muy legal que sea un órgano público pues sus fines no parecen estar dentro del Estatuto de Autonomía. Pero como aquí nos hacemos todos los locos, seguimos para bingo. Pues bien, dicen los abogados del Estado que se proponen varias vías para la secesión:

1. Consultas en ayuntamientos al margen de disposiciones legales del Estado y de la Generalitat.
2. Elecciones plebiscitarias.
3. Declaración unilateral de independencia.
4. Mediación internacional.

Esto lo podéis ver en la página 30 del Libro Blanco de la secesión (PDF). Y en éstas estamos, en que no se puede producir el referéndum para robarnos nuestros derechos, ergo lo que les queda a los cleptócratas es pasarle el marrón a los ayuntamientos o a una "entidad privada" o bien convocar elecciones con carácter plebiscitario, que son unas elecciones regionales normales pero que le ponen un apellido a ver si alguien pica y se cree que son otra cosa.

Como dije antes, si la Generalitat no puede hacer referendos de chichinabo, los ayuntamientos tampoco (y en caso de hacerlos, los que van a pringar son becarios y conserjes). En caso de que el referéndum lo haga la tienda de pines, cava y banderitas que se llama ANC, pues será una cosa tan válida y seria como los referéndums que hago yo sentado en el trono después de un café cargado.
Mis dos centavos van para la opción de elecciones autonómicas y que otro cleptócrata trate de "internacionalizar" el asunto. Probablemente se trate de Junqueras o del señor que se comió a Junqueras.
Continúa el recurso —leedlo, insisto— con un dossier de prensa que recoge declaraciones que se remontan a las elecciones autonómicas de 2012 y que llegan hasta hoy. Alguien se ha ganado su sueldo en la Abogacía del Estado. Sírvanse de un extracto que sirve como fotografía del nivel de majadería alcanzado en el extremo opuesto de la península:

Nosotros entendemos que la radicalidad democrática no solo la hemos de explicitar, sino que la hemos de practicar. Y si el medio ha de ser desobedecer aquellas leyes que nosotros consideremos injustas para el autogobierno como pueblo, entonces así será.
Diputada del Grupo Mixto Isabel Vallet Sánchez.

Sobre la página cincuenta y pico (son 94) nos hablan del censo que no llaman censo para sortear la legalidad. La Abogacía del Estado identifica lo que denomina "electorado ad hoc", que con sólo leerlo nos remite a los buenos viejos tiempos de la Poll Tax y del Apartheid, donde existían procesos electorales democráticos, sólo que... con electorados ad hoc. Que una ley que permite a los gatos comer ratones sólo la puedan votar los gatos huele a chamusquina.

En fin, en resumen: lo que dicen los abogados del Estado es que la Ley 10/2014 es una ley de referéndum y no pueden hacer una ley de referéndum. A partir de aquí hay una salvaguarda democrática que no se puede derribar. No se trata de impedir a la gente que se exprese, se trata precisamente de no arrebatar a la gente el derecho a expresarse. En el momento en que un fulano o un grupo de colegas se creen imbuidos de la gracia divina para decidir sobre la vida de los demás, hay que pararles los pies.
Insistamos una vez más en que la democracia como idea de gobierno no significa votar, sino aceptar las leyes que no te gustan. Este y no otro es el precio que hay que pagar para que otros acepten las leyes que a ti sí te gustan.
Adenda, de La Retaguardia:

Al portavoz también le han preguntado sobre las informaciones aparecidas en 'El Mundo' este lunes en las que se relaciona al presidente Mas con negocios de los hijos de Jordi Pujol, algo sobre lo que el consejero se pronunció para desmentirlo con cierta gracia: "lo dije este lunes: es falso como un duro sevillano", ha zanjado.

Supongo que tiene "cierta gracia" si eres un nazi coprófago. #seny
Bonustrack: