"Batalla por los recursos fiscales"

*Por Ricardo Tereschuk (Artepolítica)Las recientes tensiones en el manejo de fondos entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires, no exentas de disputas político-partidarias, dispararon en las últimas semanas discusiones más amplias por la distribución de recursos entre la Nación y las provincias. Algunos de estos debates suelen caer en el esquematismo, en imágenes que parecen provenir a veces de la imaginación. No siempre se contextualiza históricamente, ni se piensa a futuro.Las contradicciones afloran de manera habitual en el debate en los medios de comunicación, donde se hacen alusiones a “la caja” del gobierno nacional, la discrecionalidad en la distribución de recursos públicos y la falta de una mirada a mediano y largo plazo en ese manejo. Así, las imágenes de ese debate tienden a escindir “lo económico” de “lo político” y a dejar de lado contextos históricos y realidades vinculadas con la periódica validación electoral en la Nación y las provincias. La idea de provincias sometidas al arbitrio de la Nación, o de que sólo los habitantes de un determinado territorio pueden conocer de qué forma corresponde invertir recursos de la manera más eficiente choca con la propia idea de la “política local” que al mismo tiempo suelen tener algunos sectores que esgrimen ese tipo de imágenes.Desde ese enfoque “inocente”, la política provincial se presenta, por un momento, como la intervención de un conjunto de “buenos vecinos” que en forma consensuada debaten el destino de los fondos provenientes de la coparticipación, de cara a una sabia inversión de los mismos en el sistema productivo o los servicios públicos.La imagen de una pura tiranía de la Casa Rosada en la distribución de fondos públicos y de una total ineficacia en ese manejo hace olvidar entonces la realidad de gobiernos provinciales que no siempre cuentan con mecanismos institucionales y técnicos adecuados para el manejo más transparente y eficiente de los fondos públicos. ¿Son sólo los gobernadores los mejores custodios del interés general en cada provincia? ¿Sólo lo es el ocupante de la Casa Rosada? En un país federal, siempre vale la pena complejizar el análisis.
Otro elemento a poner en juego al evaluar la cuestión de la relación entre la Nación y las provincias es el vínculo que existe entre esos tironeos y las tensiones internas en el Partido Justicialista (PJ). Sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de los gobernadores han sido, de 1983 a esta parte, peronistas, y que es una mayoría peronista la que ha predominado en el Senado.En 1991 Carlos Menem estabilizó su buena estrella electoral y fue justamente en 1992 y 1993 cuando logró firmar con los gobernadores dos pactos fiscales que redujeron en un 15% la fracción de fondos coparticipables destinados a las provincias… Habrá que pensar entonces que entre ambos temas hay alguna vinculación. Los gobernadores también acordaron en aquel momento un piso mínimo de transferencia a las provincias que, cuando la convertibilidad entró en problemas, ya a partir del “efecto Tequila”, entró en zona de riesgo.Con ese tipo de antecedentes en la dinámica política, exigirle a una presidenta (peronista) como Cristina Fernández –que viene de obtener el mayor porcentaje de votos obtenidos por un primer mandatario en una elección desde 1983– que amplíe la capacidad de manejo de fondos por parte de los gobernadores (peronistas) parece no tomar en cuenta todas las variables que entran en juego en la realidad nacional. Más aún si de ese elenco de gobernadores podría salir su sucesor. De ahí surge otro tema: ¿qué presidente del último período democrático ha dejado “manos libres” al manejo de los fondos provinciales, al contar con algo de “viento a favor” en cuanto a sus recursos de poder?Así, resulta notorio que la “relevancia política” de los gobernadores se ha ampliado en la historia reciente por sobre la de los presidentes, en momentos en que la economía se acerca a instancias más bien dramáticas. La aprobación de una ley de coparticipación que amplió la proporción de fondos destinados a las provincias en enero de 1988 tenía como contracara un gobierno nacional duramente golpeado en una elección de medio término, que se encaminaba a hacer su apuesta final –y fallida– con el plan Primavera y que debió enfrentar en aquel mismo mes el segundo alzamiento carapintada.Los minués de gobernadores peronistas reuniéndose en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar si aceptaban o no las propuestas de nuevos ajustes planteados por el gobierno de la Alianza –en los que Néstor Kirchner solía lanzar críticas y retirarse sin prestar acuerdo– fueron también el prolegómeno de grandes dificultades económicas para el país.La idea que se transmite de las bondades que tendrían provincias fuertes en el manejo de fondos tampoco se condice con el sentido en el que avanzan algunas de las políticas públicas que impactan positivamente en términos de ampliación de derechos políticos, civiles y sociales. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el juzgamiento de los crímenes de la dictadura, la aprobación de las leyes que consagraron el divorcio y la patria potestad compartida, el planteo del Congreso Pedagógico Nacional, la visibilidad de nuevas expresiones juveniles o los lazos de acuerdo con los países vecinos provinieron del impulso del Ejecutivo nacional y encontraron, en cambio, obstáculos en varias provincias. Con el menemismo, el fin de la “cuestión militar” y del servicio militar obligatorio o la intervención federal a provincias con serios desmanejos políticos fueron avances dictados por la Casa Rosada. Y lo mismo ocurrió con el kirchnerismo, con el juzgamiento a represores, la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario o los protocolos para la aplicación de los abortos no punibles.Como ocurrió en décadas pasadas con los avances de los derechos civiles y sociales en distintos rincones de otro país federal, Estados Unidos, un big government que pueda poner en vigencia ese tipo de “nuevas” políticas públicas puede significar una gran diferencia para la vida diaria de cientos de miles de personas.
Por último, conviene revisar la idea de un avance permanente del sector público nacional por sobre las capacidades y fondos provinciales. “El origen de la crisis financiera bonaerense tiene raíz estructural y es consecuencia del creciente deterioro del sistema federal argentino que viene perjudicando de manera sistemática al conjunto de las provincias y, por algunas características particulares, con más fuerza a la de Buenos Aires”, señaló pocos días atrás el ex ministro de Economía bonaerense, Jorge Sarghini.Si bien parte de eso es cierto, también lo es que el Estado “avanzó sobre las provincias”, pero más bien “cortándose las manos”, cuando atravesó un feroz ajuste en la década de 1990. Así, el gobierno de Carlos Menem redujo las capacidades estatales nacionales, por ejemplo, con una fuerte disminución de la cantidad de empleados públicos, que pasaron de algo más de 870 mil al inicio de su gestión a unos 190 mil cinco años más tarde. La historia reciente parece así más sinuosa de lo que marcan los fríos números.En un reciente informe, el think tank liberal Centro de implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) se resigna a la imposibilidad política de implantar un “federalismo solidario”, aunque plantea una “tercera vía” que conceptualiza como “centralismo equitativo” y que, a su criterio, también podría diferenciarse de lo que denomina como un vigente “centralismo discrecional”. “Mientras no se pueda reformar el sistema federal de reparto, la centralización de recursos en el nivel nacional aparece como una oportunidad para corregir sus defectos. Si apuntamos a la equidad por medio del presupuesto nacional será más fácil, eventualmente, corregir la distribución primaria (Nación/provincias) y los coeficientes de distribución secundaria (entre provincias) de la coparticipación”, evalúa el informe.Las discusiones sobre el manejo de los recursos fiscales y su distribución se solapan, como vemos, con las tensiones entre liderazgos políticos –sobre todo al interior del PJ– y los vaivenes de la economía nacional. Estos debates parecían tener una impronta en la era del ajuste y el endeudamiento; luego cambiaron con la abundancia de recursos durante los años kirchneristas y ahora, ante una economía que vuelve a mutar, parecen renovarse.