Este artículo Bienio Reformista aparecio primero en Historia de España.
El bienio reformista fue un etapa la cual inicia desde la proclamación del 14 de 1931 hasta las elecciones en noviembre de 1933 en el cual se dieron multiples cambios y reformas en el estado.
El camino democrático emprendido es constatable tanto en la celebración abierta de elecciones como en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Más problemas tiene el intento, en un breve espacio de tiempo, de generalizar el laicismo o modernizar las estructuras agrarias del país.
Azaña ha llevado a cabo desde un primer momento, al poco de ser nombrado ministro de Guerra en el Gobierno Provisional, una impecable reforma desde el punto de vista técnico que, sin embargo, ni es consensuada con los afectados ni va acompañada de una modernización del propio ejército, levantando, de nuevo, oposiciones y hostilidad. De esta forma, la República se gana en sus dos primeros años de existencia el rechazo, que tan caro terminará costándole, de la Iglesia, los terratenientes y una parte del ejército.
Reformas Sociales
En su afán por recuperar el tiempo perdido, la República pone en marcha un ambicioso plan educativo: entre 1931 y 1933 se habilita a más de 7.000 maestros y se crean más de 10.000 nuevas escuelas. La Iglesia, que hasta ese momento se ha ocupado prácticamente sin competencia de la educación en España, se ve duramente afectada. Siguiendo el precepto constitucional, se prohíbe la enseñanza por parte de las órdenes religiosas y se disuelve la Compañía de Jesús. Otras decisiones encaminadas a restringir la presencia de la religión en el ámbito público, la aprobación del divorcio, la ley sobre cementerios civiles o los conflictos con la jerarquía eclesiástica terminan de movilizar a los católicos, si no lo estaban ya bastante, en contra del nuevo régimen.
Reforma Agraria
La reforma agraria, aprobada en septiembre de 1932 intenta redistribuir la propiedad de la tierra, mayoritariamente en manos de la nobleza terrateniente. Para ello se apoya en la expropiación de latifundios y en el asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas. El rechazo de los afectados y la lentitud de los trámites burocráticos impiden que se avance lo suficiente aunque consiguen, de nuevo, enfrentar a la República con poderosos sectores sociales. Además se intenta reformar al ejército, aquejado de un exceso de oficialidad y demasiado involucrado en asuntos políticos.
Problema Territorial en el Bienio Reformista
Junto a estas reformas, la cuestión territorial, especialmente la catalana, es otro de los ejes de discusión sobre los que gira la política republicana. Desde el último cuarto del siglo XIX y de forma principal a partir del «desastre» de 1898, determinados sectores sociales catalanes y, en menor medida, vascos y gallegos, van a impulsar el conocimiento y reconocimiento de sus diferencias culturales, las cuales, poco a poco, consiguen articularse políticamente.
Lliga Regionalista
Durante el reinado de Alfonso XIII, la clase política catalana se agrupa en torno a la Lliga Regionalista, partido conservador de la burguesía que formará parte activa de la política española del momento y que es dirigido por Prat de la Riba (fundador del Institut d’Estudis Catalans), hasta su fallecimiento en 1917, y Francesc Cambó, posteriormente. La vinculación de la Lliga con la monarquía favorece que otros grupos catalanistas de izquierda protagonicen la transición al nuevo régimen republicano.
Proclamación del Estado Catalán
Formarán parte del pacto de San Sebastián políticos como Carrasco Formiguera, por Acció Catalana, Matías Malliol, por Acció Republicana de Catalunya, y Jaume Aiguader, por Estat Catalá. Junto a ellos, el galleguista Santiago Casares Quiroga, por la ORGA, completa la representación de los regionalismos; el Partido Nacionalista Vasco, anclado en su particular tradicionalismo, no suscribió el Pacto. Con el advenimiento de la República, el 14 de abril, el coronel Maciá, cofundador junto a Lluís Companys de Esquerra Republicana de Catalunya, proclama, como ya se ha señalado, el Estado catalán, invitando a otras regiones a asociarse en una federación ibérica. Asustado por la inesperada acción de Maciá, el Gobierno Provisional envía a Barcelona a dos de sus ministros catalanes, Marcelino Domingo y Nicolau d’Olwer, junto a un socialista Fernando de los Ríos, para intentar frenar una operación que puede tener consecuencias fatales para el nuevo sistema.
Aprobación del Estatuto de Catalán
Los ministros Marcelino Domingo, Nicolau d’Olwer y el socialista Fernando de los Ríos, consiguen convencer al anciano líder catalán para que espere a la elaboración de una Constitución republicana que, tal y como se pactó en San Sebastián, incluirá la autonomía para Cataluña, y a la aprobación de su Estatuto por las Cortes. A cambio, Maciá presidirá la Generalitat, que en los meses que transcurren hasta la aprobación del texto constitucional hace las veces de régimen preautonómico, mientras que Companys es nombrado gobernador civil de Barcelona, en un primer momento, y ministro de Marina, tras la formación del Gobierno de Azaña. Entre los meses de mayo y septiembre de 1932 se discute en las Cortes el proyecto de Estatuto catalán, dando lugar a no pocos enfrentamientos. Finalmente es aprobado el 15 de septiembre de 1932. Tras la revolución de octubre del 34 -que abordaremos más adelante- será disuelta la Generalitat; su restitución vendrá de la mano de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.
Estatuto Vasco
En el caso del Estatuto vasco, éste tiene mas problemas debido a la renuncia de Navarra a incorporarse al mismo y al escaso entusiasmo que despierta en Alava (donde no se llega al 50% de votos en el referéndum de noviembre de 1933), por lo que no será aprobado hasta octubre de 1936, una vez comenzada la guerra. El Estatuto de autonomía gallego es refrendado en junio de 1936, sin que hubiera tiempo para ser discutido en las Cortes.
Intento de Golpe de Estado de Agosto de 1932
En los meses que transcurren desde la proclamación de la República, y especialmente desde la aprobación de la Constitución y la llegada de Azaña a la presidencia del Gobierno, el joven sistema político va ganando poderosos enemigos en cada decisión tomada. Apenas dieciséis meses después del ilusionante 14 de abril, en agosto de 1932, el general Sanjurjo ejecuta un golpe de Estado. Animado por los sectores afectados por las reformas, motivado por la situación política y ofendido por su alejamiento de la Guardia Civil, desde cuyo mando había favorecido la llegada del nuevo régimen, Sanjurjo se pronuncia en Sevilla a la espera de ser seguido por el resto del ejército. La operación, mal planificada, es un fracaso rotundo.
Creación de nuevos partidos
La derecha católica, ante la situación generada, opta por organizarse políticamente. A finales de 1932 se funda la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por Gil Robles, que pretende dar marcha atrás a las reformas iniciadas por la República, especialmente a las que afectan a la cuestión religiosa, y cuya meta difusa es un sistema alejado del pluralismo, más cercano a los que se han configurado en la Italia de Mussolini o en el Portugal de Salazar. Sobre una base social de campesinos y clases medias urbanas y bajo un programa de defensa de la religión (por oposición a los republicanos) y de la propiedad (por oposición a los socialistas), la CEDA pone todo su empeño en acabar con el Gobierno y modificar la Constitución.
Grupos autodenominados fascistas hacen su aparición también en este momento en España, de forma tardía si se compara con lo ocurrido en otros países de su entorno.
En 1931, Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo crean las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), organización que se autodefíne como nacionalsocialista, a las que se suma Falange Española, dirigida por José Antonio Primo de Rivera, en 1933. Ambas organizaciones se unen un año después, en 1934, dando lugar a Falange Española de las JONS. Desde su creación, estos grupos tienen como objetivo generar un clima desestabilizador que permita imponer, por la violencia, su ideario, imposible de alcanzar de otro modo. Aunque su presencia es grande, debido a su participación constante en algaradas y asesinatos, su aceptación es escasa, consiguiendo dos diputados en las elecciones de 1933 y ninguno (con menos del 0’5 % de los votos) en las de 1936.
Por su parte, la política de confrontación de la Conferderación Nacional de Trabajadores (CNT), el sindicato anarquista, que provoca la reacción violenta de las fuerzas de orden público (como en Casas Viejas, donde mueren catorce campesinos), y la constante conflictividad laboral (todo un rosario de huelgas y enfrentamientos), completan un panorama de acoso constante a un sistema político tan necesitado de apoyos. Otro pequeño partido, el comunista, consigue un diputado en las elecciones de 1933. Su programa bolchevique y su política revolucionaria provocan no pocos enfrentamientos con los grupos fascistas, trasladando ambos grupos su discusión a la calle.
Crisis del Gobierno de Azaña
La crisis económica, consecuencia del crack de 1929, que eleva considerablemente los niveles de paro; la movilización política de la Iglesia para invertir el camino andado; el desgaste de Azaña como consecuencia de la campaña desatada tras los acontecimientos de Casas Viejas (en la que tanto la izquierda como los socialistas hostigan al Gobierno); y la presión a que es sometido el presidente de la República, motivan la retirada, por parte de éste, de la confianza al jefe del Gabinete. La salida de Azaña del Gobierno y la incapacidad de Lerroux para constituir uno nuevo motivan la disolución de las Cortes, el nombramiento de Martínez Barrio, el 8 de octubre de 1933, como jefe del Gobierno y la convocatoria anticipada de un proceso electoral.
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