Revista Política
Un magnífico artículo del historiador Ricard Vinyes en El País de ayer desmonta el mito ideológico de la reconciliación como un bien en sí mismo que ha de prevalecer por encima de todas las cosas. Cuando la reconciliación se convierte en ideología, viene a decir Vinyes, su utilización política deviene un modo de acallar la reivindicación de justicia e imponer el silencio a los agraviados.
Nada tienen que ver pues las políticas de reconciliación con la imposición de la ideología de la reconciliación. cuya función principal es que los responsables de los crímenes o sus herederos directos o putativos puedan escapar a la acción de la justicia y sobre todo, del conocimiento de los hechos reales. En España sabemos mucho de esto, visto el modo en que se cubrió con el manto del olvido los crímenes del franquismo, y el modo en que los sedicentes herederos de aquél régimen aprovecharon tal circunstancia. No es extraño por tanto que pasados 30 años de "silencio administrativo" sobre los crímenes de la forma española de fascismo, la derecha franquista más o menos "aggiornada" que encarna el Partido Popular se atreva a reivindicar por boca de Mariano Rajoy, su máximo dirigente, aquellos años en que todo horror fue posible, ya que "durante el franquismo muchos españoles vivían espléndidamente"; y es que visto que una guerra de exterminio contra su propio pueblo y 40 años de feroz dictadura les han salido gratis, ¿por qué no dar un paso más y reivindicar las presuntas bondades del régimen y hasta su actualidad, tal como se ha comenzado a hacer con total impunidad desde medios de comunicación ultrareaccionarios?.
Es así como en España se ha negado el conflicto histórico en vez de resolverlo, y sobre esa ausencia se ha construido un sistema político y de convivencia que se pretende además ejemplar. Mayor ingenuidad o mayor cinismo, según casos, resulta imposible. Lo que a estas alturas ya resulta meridianamente claro es que el invento no puede seguir funcionando durante más tiempo; la mascarada ya resulta insostenible. Es como si Alemania en vez de haber saldado cuentas con el nazismo a partir de 1945, hubiera pretendido meterlo debajo de la alfombra con la aquiescencia de todas las fuerzas políticas, y se sostuviera su reivindicación como fenómeno histórico positivo por parte del partido democristiano, la derecha alemana.
Según Ricard Vinyes, en España el Estado nunca ha considerado como parte constitutiva del bienestar ciudadano "el conocimiento y responsabilidades de la devastación humana y ética que había provocado el franquismo, ni la restitución social y moral de la resistencia (al régimen franquista), ni el deseo de información y debate que sobre aquél pasado inmediato iba expresando la ciudadanía más participativa". Al cabo esas demandas eran y son juzgadas desde las instancias gubernamentales "como un peligro de destrucción de la convivencia", remata Vinyes. A la luz de este planteamiento se entiende mejor que la Ley de Memoria Histórica y su nula eficacia política y administrativa. En ese marco político-jurídico viciado se ha creado en los últimos años la figura del "sujeto-víctima", como "institución moral y jurídica" que elimina el problema del contexto y lo centra en exclusiva en el sufrimiento personal, "desde el principio de que todos los muertos, torturados y ofendidos son iguales". Es obvio que lo son en tanto que seres humanos, ilumina Vinyes, pero extraer conclusiones de carácter político general a partir de esa circunstancia es simplemente un modo de oscurecer la cuestión y en definitiva, de llevar el agua al molino de los verdugos. Como ya he escrito en ocasiones anteriores aquí mismo, no puede compararse en cantidad y calidad a los victimizados por el franquismo entre 1936 y 1975 con quienes padecieron esa misma suerte en la zona republicana entre 1936 y 1939. Y no sólo porque el número es incomparablemente mayor en el primer caso, sino porque asesinatos, torturas, detenciones y exilio eran modalidades de un plan de acción perfectamente orquestado desde los aparatos del Estado franquista, ejecutado con toda precisión. Véanse las declaraciones del capitán Aguilera, uno de los jefes de prensa de Franco durante la guerra, recogidas por Antony Beevor en su "La guerra civil española", en el sentido de que los franquistas se proponían "exterminar a un tercio de la población masculina de España, como modo de acabar con el proletariado" (sic). Por el contrario, los crímenes acaecidos en la zona leal durante los primeros meses de la guerra de España respondían a la quiebra del Estado republicano, acontecida precisamente como consecuencia de la rebelión militar de julio de 1936, y su práctica era llevada a cabo por sectores populares que actuaban por su cuenta; así fue hasta que meses más tarde, ya bajo el gobierno encabezado por Juan Negrín el Estado republicano pudo retomar el control en su zona y restaurar la legalidad.
Se trata pues precisamente de oponer políticas activas de reconciliación a lo que no es más que retórica vacua ideológica cuyo objetivo último es el encubrimiento de la verdad. Para que se produzca una real reconciliación entre los ciudadanos de este país y de todos ellos con su pasado histórico, es imprescindible el ajuste de cuentas jurídico, político y cultural con éste. De lo contrario la herida lejos de cicatrizar, continuará manando indefinidamente entre aquellos que 70 años después de los hechos, siguen reivindicando ante los poderes públicos que les permitan sacar los huesos de sus parientes arrojados a las cunetas de las carreteras de España, para poder darles sepultura digna donde ellos quieran.