La Sociedad Interamericana de Prensa fue fundada en 1926 a partir del Congreso Panamericano de Periodistas, la formaron inicialmente medios de Latinoamérica pero luego se sumaron una cantidad significativa de medios norteamericanos, por lo que las siglas respectan ambos idiomas del continente: SIP-IAPA. En 1950 deciden eliminar de los auspicios de sus conferencias a los gobiernos anfitriones, e incluso los apoyos económicos que no provengan de sus miembros editores de medios. Desde entonces las cadenas de publicaciones tienen presencia en la SIP, con un delegado por cada publicación asociada. Hoy son más de 1300 las que integran la SIP, que abarcan 43 millones de ejemplares impresos y un número no calculado de lectores en internet. Las publicaciones asociadas de la Argentina en la SIP son diversas, está Clarín, La Nación, Perfil, pero también Página/12, Diario Popular, Infobae y Ámbito Financiero, entre otros medios líderes en el interior del país, como La Capital de Rosario.
Hoy tanto Clarín como La Nación publican la decisión de la SIP de enviar al país una delegación el próximo 7 de diciembre, el famoso 7-D, esta resolución no está hasta el momento de escribir este artículo publicada en la página web de la entidad, pero se sabe que fue a solicitud de los miembros argentinos representados por Daniel Dessein, editor de La Gaceta de Tucumán a la que se sumaron las voces de los delegados de Grupo Clarín, incluso fue visto en la reunión el video-resumen que Clarín elaboró con los hostigamientos, que en su opinión, reciben éste y otros medios del gobierno argentino.
El informe elevado a la SIP de las empresas periodísticas argentinas es por demás elocuente, califica de “oscuro” el escenario para el ejercicio del periodismo, la parcial cobertura del “cacerolazo” y las enormes dificultades económicas de los medios que no reciben pauta oficial. Aquí el texto completo:
La prensa ha enfrentado un clima crecientemente hostil durante el último semestre. Una serie de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos, medidas de hecho contra medios y amenazas y ataques físicos contra periodistas, configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo y del derecho de todo ciudadano a expresarse libremente.
El acceso del periodismo a fuentes oficiales ha sumado más obstáculos. El discurso de los funcionarios suele ser cerrado y refractario a las preguntas. La Presidenta, Cristina de Kirchner, no ha dado una sola conferencia de prensa en todo 2012, pero utilizó la cadena nacional una veintena de veces para hacer anuncios diversos no relacionadas con “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”, que son los casos que justifican legalmente su uso. En muchas de sus alocuciones la Presidenta fustigó al periodismo e hizo referencias a una “cadena ilegal del miedo y el desánimo”, en alusión al Grupo Clarín y a otros medios.
El 11 de julio de este año, en uso de la cadena nacional, la Presidenta acusó de evasor a un operador inmobiliario, después de referirse a declaraciones que este realizara al diario Clarín sobre complicaciones económicas en su sector. Este señalamiento público quebró el secreto fiscal y constituyó un claro abuso de poder que se repitió, un mes más tarde, con una mención de la Presidenta sobre el periodista Marcelo Bonelli, a quien relacionó con supuestos pagos irregulares de una empresa. En ese discurso afirmó que era necesaria una ley de ética pública para la prensa.
Los medios públicos funcionan, dentro de sus espacios informativos, como órganos partidarios, albergando programas dedicados a desacreditar a periodistas y medios independientes.La inversión estatal en comunicaciones ascenderá durante 2012, de acuerdo a cifras consignadas por la Oficina Nacional de Presupuesto, a 7.143 millones de pesos, equivalentes, a cambio oficial, a más de 1.500 millones de dólares. La mitad de este monto se adjudicará a obras de la empresa estatal de soluciones satelitales ArSat, como la construcción de estaciones digitales de transmisión e instalación de antenas. El programa Fútbol para Todos consumirá, entre pagos por derechos y costos de producción, 1.378 millones de pesos; monto que se suma a los casi 4.000 millones que costó el programa en sus tres años de existencia. La agencia oficial de noticias Télam, Canal 7 de televisión abierta y Radio Nacional, insumirán este año 900 millones de pesos. Se estima, siguiendo el presupuesto oficial, que unos 590 millones se volcarán a publicidad oficial, 347 se destinarán al mantenimiento y desarrollo del sistema de Televisión Digital Abierta y 166 al financiamiento de la AFSCA, la autoridad de aplicación de la Ley 26.522, conocida como Ley de Medios. Además del crecimiento geométrico de la inversión en esta área, debe resaltarse el uso que se hace del aparato sostenido con esos fondos. La televisación de los partidos que se emiten en el marco del programa Fútbol para Todos tiene al Estado como anunciante exclusivo a través de avisos que suelen tener carácter proselitista. Los medios públicos funcionan, dentro de sus espacios informativos, como órganos partidarios, albergando programas dedicados a desacreditar a periodistas y medios independientes.
La pauta oficial es empleada, en general, de manera arbitraria, de acuerdo a la línea editorial de cada medio y desconociendo fallos de la Corte Suprema de Justicia que condenan la discriminación publicitaria. Hace más de un año que el Gobierno no informa sobre su distribución pero un relevamiento privado, que monitoreó las variaciones de la publicidad estatal en una gran cantidad de medios, estima que hubo un crecimiento, en los primeros ocho meses de 2012 respecto del mismo período del año anterior, de casi un 70%. El estudio sobre el reparto arroja que hubo medios con incrementos de un 240% entre un año y otro.
La pauta oficial es empleada, en general, de manera arbitraria, de acuerdo a la línea editorial de cada medio y desconociendo fallos de la Corte Suprema de Justicia que condenan la discriminación publicitariaA principios de agosto, manifestantes de sindicatos de vendedores y distribuidores de diarios impidieron la salida de los diarios La Nación y Clarín, configurando un delito específico del Código Penal que fue acompañado por la inacción de las autoridades.
En ese mismo mes, la Asociación Consumidores Libres fue suspendida por publicar un relevamiento de precios con cifras diferentes a las que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Paralelamente, otras asociaciones fueron notificadas por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación para que informen la metodología que utilizan para hacer sus sondeos. Esta política persecutoria contra aquellos que exponen números diferentes a los de las cuestionadas estadísticas oficiales es la misma que se aplicó anteriormente a las consultoras económicas que fueron multadas o intimidadas por difundir índices de inflación alternativos a los que avala el Gobierno.
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